El presidente vinculó a la expresidenta con narcotraficantes y paramilitares sin argumentos válidos.
Publicado por: Redacción Nacional
Otra nueva batalla judicial perdió el presidente Gustavo Petro. Esta vez, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó en firme la orden de retractación que pesaba en su contra por las afirmaciones que hizo en contra de la exvicepresidenta y excanciller Marta Lucía Ramírez.
El caso se remonta al pasado 29 de agosto, cuando Ramírez cuestionó la orden del Gobierno de militarizar la frontera con Venezuela, asegurando que la medida era tardía. El comentario no fue bien recibido por el presidente, quien respondió: “No señora excanciller, voy es a atacar a uno de sus socios comerciales: narcotraficante y paramilitar”.
No señora ex canciller, voy es a atacar a uno de sus socios comerciales: narcotraficante y paramilitar. https://t.co/C3EoWaLnmo
— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 29, 2025
¿A qué se refería Petro?
El presidente aludía supuestamente a Guillermo Acevedo, alias Memo Fantasma, quien en su momento fue relacionado con un negocio contractual con Hitos Urbanos, empresa de la que el esposo de la exfuncionaria fue representante legal. Acevedo hoy cuenta con condena de la justicia.
La decisión confirma la sentencia del Juzgado 66 Administrativo de Bogotá y reitera que, incluso en escenarios de confrontación pública, las expresiones dirigidas contra otras personas deben tener sustento o, de lo contrario, ser aclaradas si generan una percepción errónea.
“Este Tribunal Administrativo observa que existe capacidad real de afectar la honra de la destinataria, tanto por la insinuación de vínculos indebidos como por la asociación pública con la criminalidad organizada. La interferencia no se desvirtúa porque el presidente no haya mencionado nombres propios, ya que la semántica del mensaje puede bastar para generar estigmatización debido a que se trata de una respuesta a la accionante”, señala el fallo.
Aunque el Tribunal ratifica la retractación, sí tumbó la restricción impuesta en primera instancia que le prohibía al mandatario realizar publicaciones que “involucren” a la exvicepresidenta.
“Un exhorto de esta naturaleza, aunque presentado como medida preventiva, comporta una restricción impropia, pues el jefe de Estado debe conservar integralmente la dignidad, poderes y competencias constitucionales que le asignan los artículos 188 y 189, sin perjuicio de sujeción a los principios y límites fijados por la jurisprudencia. De este modo, se evita afectar la deliberación democrática y se preserva la función de orientación política inherente a su cargo”, concluye la decisión.
