General Urrego rechaza acusación por supuesta droga en vehículo de Petro

El mandatario afirmó que los hechos datan de 2024 y ordenó apartar al uniformado mientras se aclara la situación.

Publicado por: Redacción Vanguardia

El presidente Gustavo Petro denunció este martes, durante el Consejo de Ministros, que un general de la Policía habría recibido la orden de llenar su vehículo oficial con narcóticos para frustrar una supuesta reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según el mandatario, los hechos se remontarían a octubre del año pasado y por esa razón ordenó retirar al oficial de la institución.

Aunque inicialmente no mencionó el nombre, posteriormente se conoció que el señalado sería el general Edwin Urrego, quien se desempeñó como director de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y fue comandante en Barranquilla y Cali.

En su declaración, el jefe de Estado aseguró que la orden de “llenar su carro de narcóticos” no fue emitida por su Gobierno y que la situación lo mantiene en alerta. La acusación sugiere un presunto intento de sabotaje internacional, lo que elevaría la gravedad del caso por tratarse de la seguridad presidencial y de eventuales implicaciones diplomáticas con Estados Unidos.

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Hasta el momento, la Presidencia no ha presentado pruebas públicas sobre la denuncia ni ha confirmado si el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía o de organismos de control.

En entrevista con Blu Radio, el general Urrego calificó los señalamientos como una “locura” y negó cualquier vínculo con el vehículo presidencial. Explicó que la custodia y manejo de los automotores del mandatario corresponden a la Casa Militar, no a la Policía en las funciones que él ejercía.

“Estoy dispuesto a someterme a las pruebas de poligrafía, a lo que se requiera para que esto sea esclarecido”, afirmó. El oficial indicó que en sus 32 años de carrera ha superado varias pruebas de confianza, incluso con agencias estadounidenses como HSI e ICE.

Urrego también aclaró que, aunque era comandante en Barranquilla cuando se realizó el allanamiento a la casa de Armando Benedetti, dicho procedimiento obedeció a una orden judicial de la magistrada Cristina Lombana.

El caso genera interrogantes sobre la seguridad presidencial, la cadena de mando en la Policía Nacional y posibles repercusiones políticas y diplomáticas.