La investigación sostiene que el contrato fue adjudicado de forma directa cuando debía abrirse licitación pública.
El exgobernador de Casanare, Nelson Ricardo Mariño Velandia, quedó formalmente imputado por la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que debía garantizar el servicio de restaurante escolar a 62.825 niños en diez municipios del departamento.
Pese a los elementos de juicio presentados por el ente investigador, el exmandatario se declaró inocente y no aceptó los cargos.
El contrato sin cumplimiento que lo acusa la Fiscalía
La imputación, realizada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, le atribuye a Mariño Velandia los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.
Las presuntas irregularidades se remontan al año 2012, cuando la Gobernación de Casanare suscribió un convenio con una caja de compensación regional por un valor de 18.294 millones de pesos. Lea también: ¿Nuevo escándalo en el PAE? Red de Veedurías denuncia posibles irregularidades
Según la investigación, el contrato fue adjudicado directamente bajo la figura de un acuerdo de asociación, una modalidad que, de acuerdo con la normatividad vigente en ese momento, no correspondía a este tipo de proceso.
En su lugar, la ley exigía adelantar una licitación pública que permitiera la participación de otros oferentes y garantizara condiciones de competencia transparente. Para la Fiscalía, el convenio habría sido deliberadamente direccionado para favorecer a la caja de compensación. Lea también: Polémica por cierre con único oferente de licitación del PAE Santander para 2024
El problema no se detuvo ahí. La entidad beneficiada no contaba con la capacidad técnica, operativa ni financiera para atender las necesidades alimentarias de los estudiantes, por lo que terminó tercerizando el servicio a través de un contrato con una unión temporal, valorado en más de 16.694 millones de pesos. Esta maniobra encareció el costo de cada ración y profundizó el presunto daño al erario público.
A lo anterior se suma el reconocimiento y pago de rubros relacionados con la legalización del contrato, contribuciones y pólizas, girados en favor de la caja de compensación por una cuantía de 794 millones de pesos. Le puede interesar: Crisis en el PAE: más de 470 mil niños se verían afectados por incumplimientos
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Ese monto representa, según la Fiscalía, el detrimento patrimonial concreto causado al Estado, con recursos que debían destinarse a alimentar a los niños más vulnerables del departamento.
El caso pone nuevamente en el centro del debate la transparencia en el manejo de los recursos del PAE, un programa que históricamente ha sido objeto de señalamientos por corrupción en distintas regiones del país. El proceso judicial contra Mariño Velandia continuará su curso ante la justicia.
