La Corte Suprema halló responsable a Juan Manuel González por la pérdida de $87.717 millones en contratos irregulares.
Publicado por: Redacción Vanguardia
Los hechos están relacionados con 38 contratos suscritos con recursos públicos durante su administración entre 2006 y 2007. El departamento del Meta perdió más de 87.000 millones de pesos.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Juan Manuel González Torres, exgobernador del departamento del Meta, a 234 meses y un día de prisión, equivalentes a poco más de 19 años, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado a favor de terceros, ambos en modalidad continuada.
La sentencia impone además la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo período, una inhabilitación intemporal adicional según el artículo 122 de la Constitución, una multa de 21.685 millones de pesos y el pago de 1.433 millones de pesos al departamento del Meta como indemnización de perjuicios.
La Corte negó la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria, y ordenó la captura del condenado una vez el fallo quede en firme. Lea también: ¿Qué dice Sergio Isnardo Muñoz ante las acusaciones de la Gobernación de Santander en su contra?
La #SalaEspecialDePrimeraInstancia de la @CorteSupremaJ condenó al exgobernador del departamento de Meta Juan Manuel González Torres a 234 meses y 1 día de prisión por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.
— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) March 5, 2026
Los hechos están…
¿Qué ocurrió con los recursos públicos en el Meta?
Durante la gobernación de González Torres, entre 2006 y 2007, el tesorero y el secretario administrativo financiero del departamento —con autorización del Comité Financiero— suscribieron 38 contratos denominados “oferta comercial de cesión de derechos de beneficio con pacto de readquisición”. A través de ellos, el departamento colocó recursos públicos en patrimonios autónomos constituidos por empresas privadas, administrados por fiduciarias como Fiduagraria, Fidupetrol, Fiduvalle, Fidubogotá y Alianza.
Las inversiones totalizaron 182.000 millones de pesos. Vencidos los plazos pactados, las empresas contratistas solo devolvieron 94.282 millones, dejando sin reintegrar 87.717 millones de pesos.
La Corte determinó que los contratos se suscribieron mediante contratación directa, vulnerando la ley que exigía invertir los excedentes de liquidez en instrumentos de menor riesgo —como títulos de deuda pública o depósitos en entidades financieras calificadas— y desconociendo los principios de economía, transparencia y responsabilidad.
El tribunal concluyó que González Torres no ejerció sus deberes de control y vigilancia como ordenador del gasto, lo que permitió la apropiación de los recursos por parte de los contratistas privados.
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