Además de la pena de prisión, Mosquera Lozano quedó inhabilitado para ejercer funciones públicas durante el mismo periodo de la condena.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La condena contra Roger Pastor Mosquera Lozano está relacionada con un proceso judicial que terminó en la apropiación de más de $822 millones de recursos del departamento del Chocó.
La Corte Suprema de Justicia le impuso 173 meses y 7 días de prisión, equivalentes a 14 años, 5 meses y 7 días, por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros.
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La decisión fue emitida este miércoles 9 de septiembre por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, que también le impuso una multa de $822.040.529 y ordenó el pago solidario de $4.092.732.928 por perjuicios materiales a favor del departamento del Chocó.
Además de la pena de prisión, Mosquera Lozano quedó inhabilitado para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo periodo de la condena. La sentencia también contempla una inhabilidad permanente para desempeñar funciones públicas, conforme al artículo 122 de la Constitución Política.
El caso tiene su origen en una actuación de 2006, cuando Mosquera Lozano estaba encargado de la Gobernación del Chocó. En ese momento expidió la Resolución 2134, con la que ordenó pagar $55.737.593 al Fondo de Empleados de la Gobernación del Chocó.
Ese documento posteriormente fue utilizado dentro de un proceso ejecutivo laboral para reclamar recursos del departamento. El proceso, identificado con el número 2007-00673, contó con la actuación del entonces juez Primero Laboral del Circuito de Quibdó, Mena Castillo.
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De acuerdo con lo establecido por la Corte, las actuaciones dentro de ese proceso permitieron la apropiación indebida de $822.040.529,76 a favor del Fondo de Empleados de la Gobernación.
Al analizar la actuación del exgobernador, la Sala Especial de Primera Instancia señaló que Mosquera Lozano pudo abstenerse de ejecutar las conductas que facilitaron el desarrollo del proceso, pero optó por continuar con ellas.
La sentencia SEP122-2026 señala que el entonces gobernador encargado “allanó el camino” para que el proceso ejecutivo laboral siguiera un cauce ilegal. Según la Corte, esto produjo consecuencias económicas negativas para el departamento del Chocó.
Con base en esas actuaciones, la Sala determinó la responsabilidad penal de Mosquera Lozano por peculado por apropiación en favor de terceros.
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La Corte también negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. Por esa razón, estableció que deberá librarse una orden de captura en su contra cuando la decisión quede en firme.
No obstante, el fallo aún puede ser apelado ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Dentro del mismo proceso, la Corte absolvió a Mosquera Lozano del delito de fraude procesal, cargo por el que también había sido procesado.
