Los legisladores cumplen medida de aseguramiento por supuesta negociación de votos a cambio de contratos.
Publicado por: Redacción Nacional
El escándalo por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) continúa dando de qué hablar. En las últimas horas se registró el traslado a centros de reclusión de dos congresistas en ejercicio, apenas días después de haber sido respaldados en las urnas.
En medio de un robusto dispositivo de seguridad y apenas 11 días después de haber asegurado su reelección legislativa, el senador Wadith Manzur y la representante Karen Manrique abandonaron las instalaciones del búnker de la Fiscalía para ser trasladados de manera definitiva a la Escuela de Carabineros y a la cárcel El Buen Pastor, respectivamente. Puede leer: Caso UNGRD: Corte Suprema ordena captura de Wadith Manzur y Karen Manrique
De esta manera, cumplen la medida de detención preventiva dictada por la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso que los investiga por presuntamente negociar sus votos en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) a cambio de millonarios contratos de la Ungrd.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ejecutó la remisión luego de que el magistrado de la Sala Especial de Instrucción, Misael Rodríguez, solicitó acelerar los trámites administrativos para definir el lugar de reclusión y garantizar el cumplimiento del traslado.
La decisión culminó con la asignación del congresista conservador a una estación adscrita al complejo de La Picota, ubicada en la Escuela de Carabineros, el mismo lugar donde permanece la exconsejera presidencial Sandra Ortiz. Lea además: Wadith Manzur se entrega a la justicia por el grave escándalo de corrupción de Ungrd
Por su parte, la dirigente araucana fue enviada al pabellón 9 del centro penitenciario El Buen Pastor, donde recientemente se conoció la imagen correspondiente a su reseña formal de ingreso al sistema.
Las pruebas y el entramado de corrupción
La reclusión de los legisladores materializa la decisión adoptada el pasado 11 de marzo, cuando la mayoría de la Sala Especial de Instrucción ordenó privarlos de la libertad bajo la premisa de que habrían comprometido su función legislativa.
Según la Corte Suprema, tras recaudar amplio material probatorio, “en varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de los créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos” en Córdoba, Arauca y Bolívar. Le sugerimos: Congresista Karen Manrique se entregó a la Sijín en Tame por caso Ungrd: video del momento
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El alto tribunal sostiene que estos encuentros clandestinos sirvieron para definir “los montos” con los que representantes del Ejecutivo beneficiarían a los congresistas, configurando una red de corrupción y cohecho impropio que habría costado cerca de $92.000 millones al erario.
Este caso tiene su origen en el escándalo de los sobrecostos de los carrotanques para La Guajira y mantiene privados de la libertad a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco desde finales de 2025.
Testimonios clave y evidencias
El expediente judicial se nutrió de pruebas documentales y testimoniales, entre ellas una libreta sometida a análisis grafológico en diciembre de 2024 y las declaraciones del exdirector de la entidad, Olmedo López.
López aseguró ante la justicia haberse reunido con Manrique en 2023 para direccionar contratos, aunque el exsubdirector Sneyder Pinilla afirmó posteriormente ser el autor material de las anotaciones con municipios y cifras. Le podría interesar: El escándalo de la Ungrd no para: un nuevo congresista, en la mira de la Corte Suprema
Frente a estos señalamientos, el abogado de la representante, Andrés Garzón, sostuvo que las gestiones de su defendida respondieron a un paro cívico y están amparadas por la Ley Quinta de 1992.
Además, advirtió que la congresista, capturada tras entregarse en una estación policial en Tame, “no va a aceptar los cargos, no va a confesar” y que su estrategia se centrará en demostrar su inocencia.
Por su parte, Manzur, quien se presentó voluntariamente ante el CTI en Bogotá, afirmó en sus redes sociales que enfrentará el proceso con “la tranquilidad de haber actuado conforme a la ley”.
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Reelección en medio del escándalo
El avance del proceso penal no frenó el respaldo electoral de los implicados en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.
Manzur logró llegar al Senado impulsado por alianzas regionales en Cesar y La Guajira, consolidándose como el séptimo candidato más votado del país y el tercero del Partido Conservador, con 134.914 votos.
En paralelo, Manrique retuvo su curul en la Cámara de Representantes por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz de Arauca con 5.640 votos, una representación que ahora queda sujeta a las decisiones institucionales sobre su reemplazo.
