Wadith Manzur se entrega a la justicia por el grave escándalo de corrupción de Ungrd

La Sala de Instrucción investiga acuerdos privados para favorecer proyectos en Córdoba y Arauca mediante el uso irregular de recursos de emergencias.

Publicado por: Redacción Vanguardia

Publicado por: M.P.

El complejo entramado de corrupción que ha sacudido los cimientos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sumó un capítulo determinante en las últimas horas. En un escenario de creciente presión judicial, el foco de la opinión pública se ha centrado en los movimientos de las figuras legislativas salpicadas por las declaraciones y pruebas que reposan en los expedientes de la Corte Suprema de Justicia. Este caso, que vincula la administración de recursos de emergencia con favores políticos, entra ahora en una fase de definiciones procesales tras las recientes determinaciones del alto tribunal.

Ante la orden de captura emitida en su contra, el senador conservador Wadith Manzur rompió el silencio a través de sus canales oficiales. El parlamentario manifestó recibir la determinación judicial con “serenidad”, asegurando que su proceder siempre ha estado blindado por la legalidad. En un mensaje que busca proyectar transparencia frente a sus electores, Manzur confirmó que se pone a disposición de las autoridades competentes, confiando en que el proceso penal servirá para ratificar su inocencia.

Mientras el senador prepara su defensa técnica, el sistema judicial colombiano mantiene el llamado a juicio para otros integrantes del legislativo, incluyendo a Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo y Julián Peinado. La entrega voluntaria o comparecencia de los implicados marca el inicio de un pulso legal donde la fiscalía y la Corte buscarán desenredar los hilos de uno de los mayores escándalos de malversación de fondos públicos en la historia reciente del país.

La Sala Especial de Instrucción de la Corte ha endurecido su postura al dictar medidas de aseguramiento contra actores clave del Congreso. Según las investigaciones preliminares, se habrían gestado acuerdos bajo la mesa para direccionar conceptos favorables sobre operaciones de crédito público. Las pesquisas apuntan a que, desde la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, se habrían aceptado ofrecimientos —presuntamente originados en altos despachos ministeriales— a cambio de dar vía libre a proyectos de contratación e interventoría en departamentos como Córdoba, Arauca y Bolívar.

Este esquema no solo compromete la ética legislativa, sino que sugiere una triangulación de intereses donde los recursos destinados a la prevención de desastres terminaron siendo moneda de cambio en transacciones de poder. Junto a otros nombres como el de la representante Karen Manrique, el proceso avanza involucrando a múltiples congresistas que ahora deberán responder ante la justicia por cargos como cohecho impropio.