La UNP asegura que la gerente del Fondo Adaptación cuenta con seguridad de alto nivel y que ella misma tramitó la protección de Juliana Guerrero.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, salió al paso de las declaraciones de Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, quien recientemente cuestionó la rapidez con la que se otorgaron medidas de seguridad a Juliana Guerrero, quien afirmó sentirse desprotegida.
Desde la entidad, la respuesta fue directa. Rodríguez negó que haya existido abandono institucional y sostuvo que la funcionaria ha contado con protección desde que asumió su cargo. “No es cierto que la funcionaria se encuentre o haya estado desprotegida” afirmó.
Según explicó, tras su salida del DAPRE el 23 de enero de 2026, la solicitud fue tramitada y en un plazo de cinco días, el 28 de enero, ya se había aprobado un esquema de emergencia mediante resolución. Lea: “Es un desespero”: Carlos Carrillo contraataca ante acusaciones de Angie Rodríguez
De acuerdo con la UNP, se trata de un esquema robusto de protección individual que incluye vehículo blindado, personal de seguridad y chaleco blindado con enfoque diferencial de género, medidas que, según indicó el director, se mantienen vigentes.
Además, señaló que durante la implementación se ofrecieron apoyos adicionales como acompañamiento psicológico, acceso a líneas de emergencia y recomendaciones preventivas. Sin embargo, aseguró que algunas de estas medidas no fueron requeridas por la funcionaria, quien habría manifestado que ya contaba con respaldo de la Policía.
#ComunicadoUNP
— Unidad Nacional de Protección, UNP. (@UNPColombia) April 23, 2026
La doctora Angie Rodríguez cuenta con un esquema de protección robusto y vigente.
El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, explica los hechos, las fechas y las decisiones.@infopresidencia pic.twitter.com/0IYOPkOpG5
El director también hizo énfasis en que existe un acta firmada el 3 de febrero en la que Angie Rodríguez aceptó formalmente el esquema asignado, el cual según dijo, es comparable en tamaño y alcance al de varios ministros.
En cuanto a los costos, sostuvo que estos esquemas se financian mediante convenios entre entidades públicas. Para este caso, se suscribió un acuerdo por 250 millones de pesos, al que se suma un componente adicional para desplazamientos regionales cercano a 1,4 millones de pesos diarios. Otras noticias: Director de Ungrd respondió a las acusaciones de Angie Rodríguez sobre supuestos espionajes y persecución
“Ni siquiera cuando viaja, la doctora Angie Rodríguez puede decir que no tiene protección” dijo. Con estos recursos, insistió, que la funcionaria mantiene cobertura incluso durante sus viajes.
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El pronunciamiento también abordó el cuestionamiento sobre el caso de Juliana Guerrero. Frente a esto, Augusto Rodríguez recordó que “fue la propia doctora Angie Rodríguez quien envió a la UNP la solicitud de medidas de protección para Juliana Guerrero desde el DAPRE. Óigase bien, todo eso sucedió el mismo día, el seis de marzo”, esto fue lo que dijo.
Según detalló, dicha solicitud incluía referencias y elementos que sustentaban un posible riesgo, lo que justificó la activación del esquema en ese momento. Para la UNP, esto contrasta con las críticas actuales de la funcionaria frente a ese mismo proceso. Lea: Juliana Guerrero se ufanaba de tener vínculos con el Eln”: Angie Rodríguez, exmano derecha de Petro
“A pesar de que ahora afirma que la señora Guerrero no presentaba riesgo, en dicha solicitud expone un listado de links de los que se derivan riesgos que, a su juicio, ameritaban protección. Curiosa contradicción”, manifestó el director.
Finalmente, confirmó que el esquema de protección de Juliana Guerrero está siendo reevaluado, debido a su cambio de rol tras salir del Gobierno. Este análisis determinará si las medidas se mantienen o se ajustan conforme a los protocolos de la entidad.
La versiones deja abierto un debate sobre la asignación de esquemas de seguridad y el uso de recursos públicos, en un contexto donde las decisiones técnicas de protección también terminan bajo presión política.
