El concurso para elegir notarios en propiedad en Colombia volvería a reactivarse tras siete meses de suspensión, pese a los cuestionamientos de la Procuraduría y la Contraloría y a las denuncias de presuntas irregularidades en el proceso.
Bajo la sombra de presuntas irregularidades, posible pérdida de información y luego de siete meses de suspensión, el concurso de méritos público y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial se reanudaría el próximo 26 de junio con la apertura del proceso de inscripción de candidatos a través de internet. No obstante, este cronograma podría sufrir variaciones. Se espera que la próxima semana el Consejo Superior de Carrera Notarial emita un pronunciamiento al respecto. Así lo confirmaron a Vanguardia fuentes internas de la Superintendencia de Notariado y Registro.
“Por ahora no hay ninguna decisión oficial ni comunicación sobre cambios. El cronograma sigue exactamente igual. Aunque podría haber novedades en los próximos días, todavía no se ha materializado nada y la decisión la toma el Consejo Superior de Carrera Notarial, no la Superintendencia ni el Gobierno. El único posible cambio sería la próxima semana. Hoy la respuesta oficial es que todo continúa igual”, precisaron al interior de la Superintendencia de Notariado y Registro esta semana.
Dentro del nuevo cronograma, los aspirantes deberán presentar pruebas escritas el próximo 11 de octubre y la lista definitiva de ganadores será publicada el 28 de julio de 2027. Cabe advertir que el Consejo Superior de la Carrera Notarial lo integran cinco miembros con voz y voto: el ministro de Justicia, quien lo preside de manera permanente; los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado; el procurador general de la Nación, y dos notarios públicos elegidos en representación del gremio. Además, el superintendente de Notariado y Registro asiste a las sesiones con derecho a voz, sin voto.
Los cuestionamientos
El cuestionado proceso para elegir a los notarios en propiedad, que no se realizaba desde hace una década, fue suspendido el pasado 9 de septiembre por orden del Ministerio de Justicia, días después de un pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación, que identificó posibles violaciones al debido proceso e incumplimientos al principio de legalidad en este proceso de elección de notarios.
Al respecto, la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública detectó una posible vulneración del derecho fundamental al debido proceso para quienes están inscritos dentro del concurso, teniendo en cuenta que se les niega la posibilidad de interponer recursos tras las decisiones que se adopten en este.
Lo que también generó preocupación en la Procuraduría General de la Nación hace referencia a la presunta indebida convocatoria de las sesiones del Consejo Superior de la Carrera Notarial. Según advirtió el Ministerio Público, estas se habrían realizado por fuera de los términos establecidos en el acuerdo que las regula y, además, sin incluir el respectivo orden del día. A ello se suma que el cronograma que sustenta la inscripción de los participantes y que posteriormente da lugar a la conformación de la lista de elegibles habría sido elaborado con base en un acuerdo ya derogado por una norma expedida en 2025. “Esto podría afectar la legalidad del proceso”, advirtió en su momento la Procuraduría.
Además, la Procuraduría hizo saber al entonces superintendente de Notariado, Roosevelt Rodríguez, que toda la documentación que debe soportar el proceso no se encuentra en el SECOP II. Esta es la plataforma transaccional obligatoria donde debe gestionarse toda la contratación pública. Al no encontrarse allí la información , se viola el principio legal de publicidad y se afecta la transparencia del proceso.
Antecedentes
Una carta firmada el pasado 19 de agosto por Óscar Fernando Martínez y Soyara Franco, miembros del Consejo Superior de la Carrera Notarial, quienes renunciaron de forma irrevocable a este organismo ante las inconsistencias que han identificado en el proceso de selección de los nuevos notarios, denuncia también la presunta violación de los principios de igualdad, imparcialidad, celeridad, moralidad, eficacia y economía.
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La denuncia advierte que fue designada la Universidad Libre para realizar el concurso de notarios. El Acuerdo Número 01 de 2025 del Consejo Superior de la Carrera Notarial le otorga facultades para resolver reclamaciones en momentos importantes del proceso de selección, calificar las pruebas de conocimiento y las entrevistas, y determinar la lista preliminar de admitidos. En tal sentido, contiene la denuncia, “los aspectos centrales del concurso quedaron por fuera de la órbita del Consejo Superior de la Carrera Notarial”, es decir, todas las decisiones del proceso quedaron en manos de la Universidad Libre. Este contrato tiene un costo de $8.127 millones.
Tras meses de suspensión y una creciente controversia institucional, el Gobierno se alista para reactivar el concurso nacional de notarios. El proceso, que involucra un contrato superior a $8.127 millones y la elección de cientos de notarías en el país, enfrenta señalamientos por posibles fallas legales, problemas de supervisión y presuntas inconsistencias en la información oficial.
“No estamos de acuerdo con la decisión de asignar al operador logístico estas facultades”, señala la denuncia de los dos miembros del Consejo Superior de la Carrera Notarial, quienes advierten que “resulta inevitable preguntarnos cómo podemos cumplir con nuestro deber de velar porque el concurso se desarrolle conforme a principios constitucionales de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, si de manera implícita el Consejo se ha despojado del carácter de organismo rector de la carrera notarial…”, aseguran Óscar Fernando Martínez y Soyara Franco. Además, reafirman que el Consejo Superior de la Carrera Notarial, en este contexto, “no podrá tomar decisiones frente a situaciones concretas que se puedan presentar de transgresiones a estos principios”.
Agregan que “dejar en manos del operador logístico, en cuya escogencia no tuvimos participación alguna, las más importantes decisiones, en nuestro parecer, del concurso de notarios, no libera al Consejo de la responsabilidad legal (patrimonial, vía acciones de repetición) por actos y omisiones”.
Preocupa también el alto riesgo de direccionamientos en el proceso de selección de los nuevos notarios. En la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia se establece que “propusimos que el operador fuese el encargado de proyectar las decisiones, pero que estas quedasen en cabeza del Consejo Superior de la Carrera Notarial. No fue aprobado. El argumento de un eventual alto volumen de reclamaciones como razón para que el Consejo se desprenda de sus facultades tampoco lo compartimos. El mayor o menor número de reclamaciones va a depender, en gran medida, de la idoneidad y transparencia de dicho operador, y no podemos hacer menos que presumir que en el proceso en el que fue seleccionado como tal se hizo una debida evaluación de estos factores”, señalan Óscar Fernando Martínez y Soyara Franco.
¿Se perdió información?
El pasado 23 de abril, la Contraloría General de la República le comunicó al superintendente de Notariado y Registro, Ricardo Agudelo Sedano, graves inconsistencias halladas durante una auditoría al contrato de prestación de servicios Nº 2189 de 2025 con la Universidad Libre para realizar y ejecutar el concurso de notarios. Este contrato fue pactado a 13 meses, sin superar el 31 de diciembre de 2026, por $8.127 millones.
El informe de auditoría advirtió que “se evidenciaron deficiencias administrativas y disciplinarias en la gestión, supervisión, seguimiento y soporte de este contrato. La situación observada no se limita a retrasos aislados o a simples ajustes operativos, sino que muestra un conjunto de hechos recurrentes relacionados con la planeación insuficiente, inestabilidad del cronograma, indefinición de decisiones esenciales por parte del órgano rector del concurso, falencias en la supervisión, ausencia de trazabilidad de los entregables y debilidades relevantes en la organización, conservación y entrega de la información contractual y administrativa”.
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El concurso de notarios más grande de la última década volvería a avanzar en Colombia pese a las alertas emitidas por la Procuraduría y la Contraloría. La elección de 329 notarías en propiedad continúa bajo revisión por presuntas irregularidades administrativas, pérdida de soportes documentales y cuestionamientos sobre la legalidad del proceso.
Además, la Contraloría detectó una serie de graves fallas en la gestión documental y la pérdida de soportes documentales clave. Por ejemplo, se detectó la “ausencia de acta formal de entrega” y la inexistencia de documentos, actas y anexos que figuraban como supuestamente cargados en el sistema SECOP II, pero que no aparecen en la plataforma.
Para frenar el impacto de esta pérdida de información vital, se activó un requerimiento urgente al contratista y una revisión a los correos electrónicos de la anterior supervisora, en un intento por recuperar el rastro de los compromisos y decisiones que hoy se encontrarían en el limbo jurídico.
Petro volvió a hablar del concurso de notarios
El pasado miércoles el tema volvió a la agenda pública luego de que el presidente Gustavo Petro volviera a ratificar sus denuncias al sistema de notariado en el país. En entrevista con Caracol Radio aseguró que “no quise hacer el concurso en tiempo electoral, usted entenderá las razones. Venden a 700 millones de pesos cada cupo de notarías. Esa es otra mafia…”, advirtió Petro sin mostrar pruebas. Frente a este tema, la Procuraduría y la Fiscalía, por competencia, adelantan las investigaciones de rigor.
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Sobre los presuntos vicios del proceso de selección, el mandatario de los colombianos afirmó que “lo denuncié. El concurso notarial está viciado porque hay unos funcionarios en la Superintendencia de Notarías que, con gente en las universidades que hacen el concurso, le entregan las respuestas al que entrega la plata. Por eso no hubo concurso”. Agregó que “los actuales notarios no fueron en su inmensa mayoría puestos por mí, pero no me interesa echarlos y menos propiciar una inmensa olla de corrupción...”.
Las notarías cumplen una función social clave más allá de su rol público. Según estadísticas del sector, cerca del 50 % de sus servicios corresponden a asesorías gratuitas sobre trámites notariales y derecho civil, convirtiéndose en el primer canal de orientación ciudadana.
No obstante, a principios de mayo se conoció que el presidente Petro y su ministro de Justicia oficializaron nombramientos en notarías. Llamó la atención la designación de la abogada Adriana María Mejía como notaria 35 de Bogotá. Mejía, exgerente de Artesanías de Colombia, es ampliamente reconocida por su estrecho vínculo con la primera dama, Verónica Alcocer, y el círculo más íntimo de la Casa de Nariño. Su cercanía con el entorno presidencial quedó en evidencia en 2022, cuando ella misma reveló en sus redes sociales haber intervenido directamente en el trámite de adopción de Nicolás Alcocer por parte del presidente Petro.
¿Cuántos notarios se elegirán?
En el país operan 920 notarías, organizadas en “círculos notariales” y distribuidas en primera, segunda y tercera categoría. Esta división, que no altera sus funciones de dar fe pública, responde a criterios administrativos, de volumen de trabajo y características socioeconómicas del municipio o círculo notarial donde se ubiquen.
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En la actualidad, 591 notarías tienen un titular seleccionado en propiedad. El actual proceso busca designar a 329 notarios. De ellos, 30 operan bajo la modalidad de encargo y 299 en interinidad. Cabe advertir que los notarios, al cumplir los 70 años, por norma deben abandonar su cargo.
Las notarías en Colombia, como particulares que ejercen una función pública, emplean a más de 16 mil personas de manera directa.
Precisamente, según el artículo 131 de la Constitución Política y la Ley 588 de 2000, los notarios deben ser elegidos por méritos. Cuando no se cuenta con una lista de elegibles, los nominadores, es decir, el presidente de la República y los gobernadores, tienen la obligación de nombrar libremente notarios para garantizar la continuidad del servicio ante una vacante.
Un experto en temas notariales aseguró que el 60 %, aproximadamente, de las notarías en el país son subsidiadas por el 40 % restante para poder brindar un servicio con cobertura nacional. “De las 920 notarías, el 60 % de los notarios gana igual o menos que un juez municipal y el 40 % restante, que se encuentra en las ciudades capitales y más representativas de cada departamento, puede tener ingresos comparables a un juez de circuito o, en el mejor de los casos, a un magistrado. Solo cerca de 20 a 25 notarías en Colombia tienen ingresos por encima del promedio”.
“Una de las preguntas que nos hacemos es si realmente es necesario hacer el concurso en la actualidad o debe replantearse el proceso ante los antecedentes que se conocen. Se debe hacer ahora o se debe convocar al concurso cuando realmente existan vacancias suficientes para generar un gasto de cerca de $8 mil millones, que podría costar un contrato de esta índole, para darle acceso a dicho concurso a más de 20 mil personas que se presentan en todo el país para optar por una de las vacantes”.
El experto en temas de notariado se pregunta además “si pese a las irregularidades de este proceso, documentadas por los organismos de control, el ¿concurso continuará o deberá iniciarse un nuevo proceso que brinde garantías a todos los actores del sistema notarial?”.
