Un hombre, identificado como Juan Andrés Romero, fue enviado a la cárcel como presunto responsable de amenazar a funcionarios públicos en Soacha.
Publicado por: Colprensa
La Fiscalía General de la Nación identificó y judicializó al presunto responsable de amenazar de muerte a funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Soacha, Cundinamarca.
El hombre, identificado como Juan Andrés Romero, habría sido el responsable de amenazar de muerte a funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Soacha.
La investigación del ente de control señala que Romero habría irrumpido en dos oportunidades en las instalaciones de la entidad, en agosto de 2022 y en octubre de 2025, portando un arma de fuego con la que presuntamente intimidó a varios servidores. Puede interesarle: Así se ‘jugarán’ las últimas dos semanas las campañas de Cepeda y De La Espriella
Posteriormente, el pasado 8 de abril, el exregistrador de Instrumentos Públicos de ese municipio recibió en su despacho una corona fúnebre que, según los elementos materiales probatorios recopilados, fue enviada por Romero Calderón.
Como Juan Andrés Romero Calderón fue identificado el presunto responsable de amenazar de muerte a funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Soacha (Cundinamarca). Este hombre habría irrumpido en dos ocasiones en las instalaciones, en agosto de 2022 y en… pic.twitter.com/Tdisuc4TkD
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 7, 2026
Los hechos probatorios indican que las amenazas serían una retaliación por decisiones administrativas adoptadas por la entidad, relacionadas con el cierre de folios de matrículas inmobiliarias correspondientes a predios ubicados en la zona férrea y en la Autopista Sur de Soacha sobre los cuales el hoy procesado pretendía ejercer actividades de explotación económica.
Por estos hechos, personal de la Policía Nacional hizo efectiva una orden de captura en su contra, en diligencia realizada en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.
Por su parte, un fiscal de la Seccional Cundinamarca le imputó el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, al tiempo que solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
