El ente de control revisará convenios, supervisión y recursos destinados al centro penitenciario para establecer posibles responsabilidades.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria para establecer si hubo irregularidades en la gestión de contratos relacionados con el funcionamiento de la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad para Mujeres El Buen Pastor, en Bogotá. El proceso busca esclarecer si la ejecución de esos acuerdos habría afectado la prestación de servicios esenciales para las personas privadas de la libertad.
La actuación del Ministerio Público se centra en la revisión de decisiones adoptadas durante la administración de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), entidad responsable de garantizar las condiciones de funcionamiento de los establecimientos penitenciarios del país.
Investigación por presuntas irregularidades
La investigación disciplinaria fue abierta contra dos exdirectivos de la Uspec. Se trata de Ludwing Joel Valero Sáenz, quien se desempeñó como director operativo de Gestión Contractual y posteriormente como director general de la entidad, y Carmen Cecilia Simijaca Agudelo, quien ocupó el cargo de jefe de la Oficina Asesora de Planeación.
Según informó la Procuraduría, el proceso busca determinar si durante su gestión se presentaron presuntas irregularidades contractuales relacionadas con la Cárcel El Buen Pastor.
Además, el organismo de control advirtió sobre posibles deficiencias en la prestación de servicios fundamentales dentro del centro penitenciario. Entre los aspectos que serán revisados figuran la alimentación de las internas, la atención en salud y las condiciones de infraestructura del establecimiento, áreas consideradas esenciales para garantizar condiciones dignas de reclusión.
Contratos y presupuesto serán revisados
Como parte de la investigación, la Procuraduría analizará los contratos suscritos para la prestación de estos servicios, así como los informes de supervisión e interventoría elaborados durante su ejecución.
El propósito de esta revisión será establecer si existieron fallas en las labores de supervisión, control y ejecución de los contratos, y si estas pudieron tener impacto en la calidad de los servicios prestados al interior de la cárcel.
La entidad también anunció que examinará la ejecución presupuestal específica de este centro penitenciario. En particular, pondrá la atención sobre el manejo de los recursos destinados al Fondo de Atención en Salud de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) correspondientes a la vigencia 2024.
Con esta actuación disciplinaria, la Procuraduría busca reunir los elementos necesarios para establecer si existieron incumplimientos o posibles responsabilidades de los exfuncionarios investigados en relación con la administración de los recursos y la contratación destinada al funcionamiento de la Cárcel El Buen Pastor. Mientras avanza el proceso, el organismo de control recopilará la documentación y evaluará la información necesaria para determinar si hubo falencias que afectaran la prestación de servicios básicos a la población privada de la libertad.
