Desde que la Corte Constitucional despenalizó el aborto, el marco jurídico sobre la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia ha cambiado de manera significativa. Sin embargo, una nueva propuesta de reforma constitucional trae al debate las garantías vigentes.
Un proyecto de acto legislativo que fue impulsado esta semana por la recién creada bancada Provida busca modificar la Constitución para establecer que la vida humana existe desde la fecundación, una propuesta que debate el alcance de las garantías constitucionales que la Corte ha construido durante dos décadas sobre el aborto.
Aunque desde 2006 el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo estaba garantizado en Colombia bajo las tres causales establecidas por la Corte Constitucional, en la práctica ese precedente era desconocido en numerosos casos.
Para Laura Pedraza, abogada de incidencia política de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la situación de las mujeres antes de las sentencias era de muchas barreras. “La mayoría accedían a abortos clandestinos e inseguros, y algunas de ellas tenían complicaciones debido a esas prácticas. Lastimosamente, algunas fallecieron y otras resultaron criminalizadas por el Estado”.
No se trata de casos excepcionales. Laura Pedraza advirtió que, de las 25 sentencias de la Corte Constitucional relacionadas con el aborto, muchas tuvieron su origen en acciones de tutela que llegaron al alto tribunal para ampliar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
De hecho, la demanda que dio origen a las tres causales establecidas en 2006 surgió a partir de un caso ocurrido en el Eje Cafetero. Una mujer que ya se había practicado una ligadura de trompas quedó embarazada y, al mismo tiempo, fue diagnosticada con un cáncer avanzado.
“Como no existía la despenalización, no se le permitió practicarse un aborto para poder acceder al tratamiento contra el cáncer. Fue obligada a llevar el embarazo a término y, cuando finalmente pudo iniciar el tratamiento para su enfermedad, terminó falleciendo”, recordó.
El derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en Colombia sigue siendo un derecho de acceso libre, gratis y seguro para todas las personas gestantes que lo requieran.
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Otro de estos casos ocurrió en 2009, cuando una mujer interpuso una acción de tutela en representación de su hija de 13 años.
La adolescente, residente en Los Patios (Norte de Santander), había sido víctima de violencia sexual y quedó embarazada. Como consecuencia de la agresión, contrajo una infección de transmisión sexual y presentó afectaciones psicológicas. Pese a que su mamá solicitó a su EPS la interrupción del embarazo, teniendo en cuenta que aplicaba a las tres causales, ni el sistema de salud ni la justicia autorizaron el procedimiento.
De acuerdo con el Auto 279 de 2009 de la Corte Constitucional, un juzgado de Cúcuta negó la solicitud al considerar que no existían elementos para concluir que había ocurrido una violación, pues estimó que la fecha de la denuncia no coincidía con el tiempo de gestación.
Desde 2022, el panorama cambió. Tras la demanda de inconstitucionalidad contra el delito de aborto, se logró la Sentencia C-055 de 2022, que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación.
Incluso después de la sentencia de 2022 se siguieron presentando casos similares. Uno de ellos fue el de una mujer en la costa Atlántica que no pudo acceder a un aborto legal y, en consecuencia, falleció tras practicarse un aborto clandestino.
“Nosotras, como organizaciones de la sociedad civil, lo que hacemos es visibilizar estos casos y, por supuesto, adelantar acciones de incidencia para proteger y garantizar el avance de estos derechos fundamentales”, afirmó Pedraza.
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Para organizaciones que acompañaban a mujeres que buscaban abortar, las barreras eran frecuentes. “Durante muchos años, la mayor parte de nuestras atenciones consistía en acompañar procesos legales para superar las barreras en el acceso al aborto”, explicó Viviana Bohórquez Monsalve, directora de Somos Jacarandas, una de las organizaciones más grandes de Colombia sobre temas de género y aborto.
“Nadie espera hasta la semana 24 para abortar. Las cifras muestran que la mayoría de las mujeres en Colombia acceden a la interrupción del embarazo antes de la semana 12. Incluso, en la Fundación, el promedio de las solicitudes de información que recibimos corresponde a mujeres que están alrededor de la semana 6 de gestación”, indicó.
La experta también destacó que se debe recordar que la interrupción de los embarazos actualmente en Colombia es segura y, en el 92 % de los casos, se realiza a través de medicamentos en las primeras semanas.
Esto desvirtúa uno de los principales imaginarios alrededor de la interrupción voluntaria del embarazo: que las mujeres recurren a este procedimiento en etapas avanzadas de la gestación, incluso hasta el sexto mes.
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“Nadie espera hasta la semana 24 para abortar. Las cifras muestran que la mayoría de las mujeres en Colombia acceden a la interrupción del embarazo antes de la semana 12. Incluso, en la Fundación, el promedio de las solicitudes de información que recibimos corresponde a mujeres que están alrededor de la semana 6 de gestación”, indicó.
Sin embargo, reiteró que la Corte estableció la interrupción hasta la semana 24, pues consideró que todas las mujeres no son iguales. “Se fijó hasta la semana 24, teniendo en cuenta a las mujeres que están en zonas rurales, que son más pobres, no tienen salud, donde no llega la información para acceder al aborto”.
De otro lado, ante la nueva propuesta, la abogada Ana Pabón puntualizó que las consecuencias serían más severas para quienes habitan en zonas rurales o apartadas del país, donde el acceso a servicios de salud es limitado y, en algunos territorios, las condiciones derivadas del conflicto armado dificultan el ejercicio pleno de sus derechos.
Asimismo, mencionó que las mujeres en situación de vulnerabilidad económica o expuestas a escenarios de violencia enfrentarían mayores barreras para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva. La jurista agregó que una eventual restricción al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo también comprometería la autonomía y los proyectos de vida de las mujeres y las niñas.
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Línea de tiempo de la despenalización del aborto en Colombia
1936: El aborto era un delito en todos los casos
El Código Penal de 1936 sancionó el aborto sin excepciones, aunque estableció penas diferentes según existiera o no consentimiento de la mujer y contempló una reducción de la pena en casos relacionados con la defensa del “honor”.
1975: Primer proyecto de despenalización
El senador Iván López Botero presentó la primera iniciativa para permitir el aborto terapéutico en circunstancias específicas durante las primeras semanas de gestación.
1978-1981: Impulso del movimiento feminista
Las organizaciones de mujeres fortalecieron la discusión sobre los derechos sexuales y reproductivos mediante encuentros nacionales y regionales, posicionando el aborto como un asunto de derechos y salud pública.
1979-1993: Nuevos intentos legislativos
El Congreso recibió varios proyectos para despenalizar parcialmente el aborto, pero ninguno logró convertirse en ley.
2005: Comienza la estrategia jurídica
La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y la estrategia LAICIA impulsaron una demanda ante la Corte Constitucional para revisar la penalización del aborto.
2006: Sentencia C-355
La Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres circunstancias: cuando estuviera en riesgo la vida o la salud de la gestante, existiera inviabilidad fetal o el embarazo fuera consecuencia de violencia sexual o incesto.
2007-2018: Consolidación de la jurisprudencia
La Corte emitió múltiples fallos para eliminar barreras de acceso, regular la objeción de conciencia y reafirmar que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho fundamental.
2017-2020: Nace Causa Justa
Más de un centenar de organizaciones sociales conformaron el movimiento Causa Justa, que promovió la eliminación del delito de aborto del Código Penal mediante una demanda ante la Corte Constitucional.
2022: Sentencia C-055 de 2022
La Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación y mantuvo vigentes, sin límite de tiempo, las tres causales establecidas en 2006. Además, exhortó al Gobierno y al Congreso a diseñar una política pública integral para garantizar el acceso efectivo a este derecho.
2023: Ratificación del precedente
La Corte Constitucional dejó sin efectos decisiones que contrariaban la Sentencia C-055 de 2022 y reafirmó que este precedente continúa vigente, garantizando su aplicación.
