Un contrato de $38.703 millones adjudicado durante el Gobierno Petro por el Ministerio de las TIC para capacitar a más de 8.900 personas en tecnología en la región de los santanderes y Arauca desató una fuerte controversia. El Ministerio descartó las ofertas de la UIS y la Unab para terminar favoreciendo a Asoandes, una entidad envuelta en un amplio entramado familiar de megacontratos estatales.
Publicado por: Alberto Donadío
Rosalba Gualdrón Vargas y su hija se ganaron una licitación de $38.000 millones de en el pasado gobierno de Gustavo Petro. La licitación se adjudicó en 2024 cuando Mauricio Lizcano era ministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, MinTIC.
Gualdrón y su hija, Andrea Santos Gualdrón, son respectivamente directora ejecutiva y presidenta de la Asociación Nacional para el Desarrollo Social, con sede en Bucaramanga. La entidad es conocida como Asoandes.
El contrato entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Rosalba Gualdrón Vargas se firmó en 2024 por $38.703.997.658, IVA incluido.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones adjudicó el contrato a Rosalba Gualdrón y a su hija en el gobierno Petro para “generación de habilidades digitales bajo la modalidad de bootcamps” en Santander, Arauca y Norte de Santander.
Según la cartera ministerial , se trata de campos de educación intensiva de 159 horas de duración en cuatro meses en programación, inteligencia artificial, análisis de datos, blockchain, arquitectura en la nube y ciberseguridad.
Después de la adjudicación del contrato, en julio de 2024, el ministro Mauricio Lizcano afirmó en una visita a Bucaramanga: “Queremos que la gente se eduque, que los santandereanos tengan la oportunidad de construir una sociedad de conocimiento. Este programa es para cualquier persona que quiera avanzar para que el departamento se encamine hacia una potencia digital”.
Según el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: “Asoandes estará a cargo de los 8.922 campistas de Arauca, Santander y Norte de Santander”.
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A la licitación se presentaron las dos principales universidades de Santander, la Universidad Industrial de Santander, UIS, y la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab.
La propuesta de la UIS la presentó Daniel Alfonso Sierra Bueno, vicerrector académico en ejercicio de funciones estatutarias de rector en ausencia del titular, pero el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones la rechazó con este argumento: “No se demostró la representación legal”.
La propuesta de la Unab tampoco fue escogida. El rector de la Unab, Juan Camilo Montoya Bozzi, señaló en la audiencia de adjudicación: “Se debe rechazar al proponente Asoandes puesto que no realizaron los aportes de parafiscales, contrario a lo que certificó el representante legal/revisor fiscal”.
La Unab detalló así sus objeciones: “Asoandes no debe ser habilitado por presentar información inexacta con respecto al Anexo 5 certificación de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes parafiscales, toda vez que se observa en el documento de estado de cuenta emitido por Protección S.A. que a la fecha la empresa se encuentra en mora por concepto de pago de aportes y contribuciones parafiscales por el no pago de aportes a pensión de sus trabajadores”.
Pese a la objeción de la Unab, el contrato de $38.000 millones fue adjudicado a Asoandes: “Su propuesta cumplió con todos los requisitos establecidos por la entidad, obtuvo el mayor puntaje, esto es, 99,588, por ende, se encuentra en el primer orden de elegibilidad”.
Para ejecutar el contrato en Norte de Santander, Rosalba Gualdrón firmó un convenio con la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña. Se comprometió a entregar 13 sillas ergonómicas de polipropileno, 13 mesas y 45 equipos de cómputo.
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Este contrato con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones no es el único contrato de envergadura que se ganó la familia de Rosalba Gualdrón.
En cinco años, entre 2019 y 2024, tres personas de la misma familia -la mamá, la hija y el yerno- recibieron dos contratos del gobierno por casi $80.000 millones, es decir, más de 25 millones de dólares.
El yerno de Rosalba Gualdrón Vargas firmó en 2019 un contrato por $38.637.423.736 con el Departamento para la Prosperidad Social. El yerno, Roberto Gutiérrez Danies, firmó el contrato a nombre de una entidad de Barranquilla llamada Provida.
La representante legal de ese contrato fue su esposa, Andrea Santos Gualdrón, la hija de Rosalba Gualdrón Vargas, y al mismo tiempo la presidenta de Asoandes.
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Andrea Santos Gualdrón y Roberto Gutiérrez Danies contrajeron matrimonio en 2010 en la Iglesia de Santo Domingo en Cartagena.
Rosalba Gualdrón Vargas tiene 69 años. Nació en Mogotes el 12 de mayo de 1957. En 1979 se casó en la capilla de las Nieves en Girón con Edgar Santos Lemus. Tuvo dos hijos: Andrea Paola Santos Gualdrón y Edgar Eduardo Santos Gualdrón. Posteriormente contrajo matrimonio con Héctor Moreno Galvis, que fue alcalde encargado de Bucaramanga en 2011.
Moreno Galvis fue sancionado por la Procuraduría con destitución e inhabilidad por 12 años por irregularidades en el contrato de alumbrado navideño con la Fundación Asistencia Social. Moreno Galvis falleció en 2021.
