Jimmy Alexander Suárez, presidente del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciario, el cual agrupa a 3 mil trabajadores dedicados garantizar los derechos de 102 mil privados de la libertad, hace una radiografía crítica de lo que viven.
Nadie supo quién les abrió las rejas, por dónde se fugaron, pero el odio y el miedo salieron de prisión con el asesinato del inspector Efraín Quesada Urrego, a 600 metros del presidio. Aquello fue como un soplete contra un cubo de hielo.
Las flamas de temor generadas por el crimen hicieron ampollas en el valor del cuerpo de custodia de la Penitenciaría de Mediana Seguridad de Palogordo, en Girón, Santander. Luego de estalladas, el alcohol sobre las llagas causó ardor un par de fechas después, cuando el nuevo presidente Abelardo de la Espriella, apenas se trenzó la banda tricolor tejida por el sastre nariñense Luis Abel Delgado, dio la orden de trasladar a 117 hombres que labraron fama de terror a sangre y fuego desde Itagüí, Antioquia, hacia las otras 125 cárceles de Colombia. Dos vehículos de pasajeros llegaron con 17 de esos personajes -en un lapso de 24 horas- a la tierra de los cotudos.
Cuando las viejas busetas de transporte de internos penetraron la fortaleza, uno de los guardianes del Inpec al otro lado del umbral lanzó el S.O.S. Vea también: Guardianes del Inpec piden seguridad en Palogordo tras llegada de 17 internos trasladados de Itagüí
Para agravar el flujo de cortisol y adrenalina, los guardianes sufrieron una nueva estocada el jueves 13 de agosto, cuando en el barrio San Francisco de Itagüí, a pocos metros de la cárcel La Paz, sur del Valle de Aburrá, Wilber Ferney Martínez Sana, quien formaba parte del equipo de guardas del Centro Penitenciario de Máxima Seguridad desde donde trasladaron el centenar de capos, cayó acribillado.
La tierra aún está sin compactar sobre la tumba de su colega santandereano, el inspector Quesada Urrego, atacado por una sicaria.
Por eso la preocupación de Jimmy Alexander Suárez, presidente del poderoso Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios, Seup, que agrupa a 3 mil trabajadores dedicados garantizar los derechos de 102 mil privados de la libertad, en este ‘país carcelero’.
La situación de los trabajadores penitenciarios ha llegado a un punto crítico. Los escenarios de temor y violencia contra los funcionarios se han vuelto cada vez más frecuentes y, según denuncia Jimmy, en los últimos años han asesinado a 35. Le sugerimos: Alerta en cárcel de mujeres de Bucaramanga por movimiento del terreno y lluvias
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La dificultad por los traslados de los reclusos
Uno de los asuntos relacionados con esta situación son los traslados de un establecimiento carcelario a otro.
—Empiezan a generar escenarios terroríficos en contra de los trabajadores. Eso nos ha llevado a vivir esta situación y siempre se señala el tema de los traslados.
El Inpec tiene capacidad operativa para manejar los establecimientos y cuenta con hombres formados, grupos propios destinados para estas labores. Sin embargo, no existen suficientes garantías para que puedan cumplir de manera eficiente con esa labor. Lea: Nuevos detalles del crimen de inspector del Inpec en Girón: una mujer habría disparado
Y para la muestra este botón: Palogordo, en Girón, cuyo acceso considera difícil.
—Es de dificilísimo acceso, no ha tenido atención de las autoridades municipales en años. Tiene una vía malísima. Los vehículos se averían y hasta los mismos privados de la libertad tienen que bajarse a empujar o mirar cómo pueden ayudar mecánicamente.
🚨 GUARDIANES DEL INPEC PIDEN SEGURIDAD LUEGO QUE LLEGARAN PELIGROSOS INTERNOS LA CÁRCEL DE PALOGORDO
— Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) August 9, 2026
Integrantes del sindicato del Inpec en la cárcel de Palogordo de Girón, Santander rechazaron la falta de garantías de seguridad para los funcionarios tras la llegada de 17… pic.twitter.com/b82WXOIOa7
El modelo más reciente de esos vehículos de transporte data de 2006. Ni hablar del acompañamiento institucional.
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—Nosotros no generamos políticas penitenciarias ni criminales en cada gobierno de turno. Simplemente las materializamos y las ejecutamos. Pero, entre gobierno y gobierno, cambian y eso nos ha puesto en una confrontación constante.
La preocupación aumentó la última semana.
—Nos están asesinando. Eso nos tiene preocupados. Ni el gobierno anterior ni éste han querido prestar atención Esta semana llevamos cuatro atentados, tres personas heridas y dos muertos.
—¿Los atentados que recuerda dónde ocurrieron?
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—En Girón, Ibagué, Itagüí y Bogotá.
—¿Eso tiene alguna coincidencia con el cambio de gobierno? ¿Es una situación nueva?
—No es nueva. El Gobierno viene planteando una retoma de control de los centros carcelarios, pero con las mismas políticas anteriores. Seguimos con las mismas directivas en el Inpec del gobierno anterior. Es contradictorio frente a lo que plantea el actual Presidente de la República.
—No son amenazas puntuales entre internos y guardianes. Son amenazas frente a esas políticas de traslado, que no tienen una referencia normativa clara o una directriz adecuada.
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Es más, pese al cambio de Gobierno, la dirección general del Inpec no ha sufrido modificaciones.
—¿El sindicato tiene algún documento o petición específica para el nuevo Gobierno?
—Sí. Una de las principales preocupaciones está relacionada con la falta de personal.
Jimmy pone como ejemplo establecimientos como La Picota, el complejo penitenciario de Girón y la Modelo de Bogotá.
—En cárceles como La Picota, Girón y la Modelo de Bogotá hay pabellones que albergan entre 700 y 800 privados de la libertad, manejados por un solo guardián.
Durante las noches, agrega, la situación se vuelve todavía más compleja.
—Un guardián tiene que asumir dos pabellones. Es decir, un guardián tiene que cuidar a 1.600 privados de la libertad.
-Hoy tenemos alrededor de 18.000 funcionarios, entre administrativos y guardianes, para atender una población de más de 102.000 privados de la libertad condenados y 22.000 sindicados.
Aunque, explica, la normatividad establece que la atención de los sindicados corresponde a los entes territoriales, en la práctica el Inpec también ha soportado esa carga. Más cárceles, pero no más funcionarios
La situación se complica porque el país continúa ampliando su infraestructura.
—Vienen diez nuevos centros carcelarios. Ya hay un establecimiento en Riohacha listo para abrir. Terminan de dotarlo y estaría listo. Creo que es para aproximadamente 5.000 internos.
Pero surge una pregunta: ¿Quién lo operaría? La respuesta de Jimmy es contundente:
—No hay guardia, no hay administrativos para atender a esa población.
Incluso menciona un nuevo establecimiento en Barrancabermeja, aunque con dificultades relacionadas con los servicios públicos.
Como ese hay más: El Pílamo, en Pereira, el establecimiento de Sabanas de San Ángel, en Magdalena...
—Son más responsabilidad para los trabajadores del Inpec, pero menos apoyo.
—No es solamente llevarlos a la cárcel porque tienen una pena, sino garantizar el modelo de resocialización que el país ha planteado dentro del Código Penitenciario.
“Nos sentimos desoídos”: sindicato del Inpec
—¿Ustedes se sienten desoídos, olvidados por decirlo de alguna manera?
—Totalmente.
Jimmy recuerda que durante el gobierno anterior los trabajadores presentaron más de 50 documentos en los que solicitaban reuniones y buscaban socializar las preocupaciones que tenían.
—Ese mismo documento se lo vamos a entregar al Gobierno actual.
—¿Ya llegó a manos de ellos o lo están replanteando?
—Ya se radicó, esperamos que nos escuchen. Tenemos un planteamiento para fortalecer la entidad, para fortalecer el sistema carcelario y algunos temas de política penitenciaria que nos servirían bastante.
El dirigente se compromete a entregar una copia del documento.
—Es un documento que viene del conocimiento de los trabajadores, de un esfuerzo grande que hemos tratado de hacer para que el sistema carcelario en el país realmente cumpla los fines que el Estado le ha propuesto, no solamente al Inpec sino a todos los que confluyen dentro de este gran trabajo penitenciario.
Palogordo en Girón: una cárcel de alta seguridad con graves dificultades
La conversación se concentra entonces en el establecimiento penitenciario de Girón y en el llamado de auxilio que han hecho sus trabajadores, especialmente después del traslado de 17 personas privadas de la libertad consideradas de alto perfil.
—El centro carcelario es, entre comillas, de alta seguridad. Cumple con unos estándares, pero con el tiempo nunca se ha hecho una inversión real en mantenimiento y demás.
Uno de los problemas actuales es el proyecto de un nuevo pabellón.
—Hoy se plantea entregar un nuevo pabellón, el pabellón 10. Aún no ha llegado al establecimiento. No conocemos cuál es el régimen o reglamento propio para ese pabellón ni qué privados de la libertad podrían llegar allí.
Cuestiona que no exista claridad sobre el personal que se requerirá para ponerlo en funcionamiento.
—Si es un nuevo pabellón, debería contar con nuevo personal para su operación y personal administrativo para atender las necesidades.
El pabellón, según explica, todavía no ha entrado en operación. A esto se suma un déficit en el suministro de agua.
Un caos ruinoso llamado la Cárcel Modelo
La Modelo es un centro carcelario antiguo. Hoy debería tener también una atención del Gobierno nacional en infraestructura. Hay garitas que están a punto de caerse y pabellones supremamente antiguos. Jimmy cuestiona incluso las condiciones de la red eléctrica.
—La red eléctrica es casi generada por la misma población privada de la libertad con recursos propios. Es un abandono total.
En cuanto al hacinamiento, afirma que la situación es grave hace años.
—Tenemos un hacinamiento de casi el 50 % a nivel nacional frente a la capacidad de los establecimientos carcelarios.
Al finalizar la entrevista, Jimmy dirige un mensaje al Gobierno y comienza por solidarizarse con las familias de los trabajadores afectados por los recientes ataques.
—Le hacemos un llamado al Gobierno nacional para decirle: nosotros no somos los que formulamos la política carcelaria, penitenciaria ni criminal de este país. Nosotros simplemente cumplimos las órdenes que el Gobierno de turno dispone para la entidad.
