El expediente contempla posibles sanciones mientras crece la presión por esclarecer los demás casos denunciados.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La condena de Juliana Guerrero por fraude procesal volvió a poner la lupa sobre la Fundación Universitaria San José y sobre las actuaciones que puedan derivarse de las denuncias relacionadas con títulos académicos obtenidos por funcionarios y contratistas del Estado.
El Ministerio de Educación confirmó que mantiene una investigación administrativa sancionatoria contra la institución. Según la cartera, el proceso continúa y el pasado 20 de agosto se emitió un nuevo auto de pruebas. Por ahora, no se ha informado una decisión definitiva sobre las posibles sanciones ni sobre los demás casos señalados.
Ministerio de Educación mantiene abierta la investigación
Un abogado relacionado con el caso explicó que el proceso hace parte de las funciones de inspección y vigilancia del Ministerio. Aunque ya se han adoptado medidas preventivas frente a la San José, la investigación todavía no concluye.
Entre los escenarios que podrían presentarse están el retiro de la junta directiva, una intervención administrativa, la adopción de un plan de mejoramiento o, incluso, el cierre de la institución. La decisión dependerá de las irregularidades y elementos que encuentre la cartera durante el proceso.
El caso tomó mayor relevancia luego de que Guerrero reconociera la falsificación de sus títulos en el acuerdo alcanzado con la Fiscalía. La joven fue condenada a 36 meses de prisión por fraude procesal, tras utilizar documentación académica falsa para respaldar su aspiración a la entonces Viceministerio de las Juventudes.
Los 24 funcionarios señalados siguen bajo escrutinio
La controversia también involucra a otros 24 funcionarios o contratistas vinculados a 16 entidades, señalados por Catherine Juvinao de haber obtenido títulos presuntamente irregulares de la Fundación San José.
Uno de los casos mencionados fue el de Héctor Julio García Orduz, quien aseguró que obtuvo cuatro títulos el mismo día y negó haber cometido irregularidades. También fue señalada Nelfy Melo Morales, quien sostuvo que inició sus estudios en el Politécnico Grancolombiano y posteriormente homologó materias en la San José.
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Además, Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, ha afirmado que Guerrero ejercía influencia para solicitar y retirar funcionarios dentro del Gobierno Petro. Rodríguez podría ser escuchada en declaración para establecer si existen elementos que permitan ampliar las investigaciones a otras personas.
