La Circular Interna No. 08 emitida por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) representa un hito en la política de austeridad del Gobierno: impone un tope máximo del 60% para la provisión de empleos de libre nombramiento y remoción y un límite del 25% para nuevos contratos de prestación de servicios con personas naturales frente al histórico de 2025 y 2026. Así, el Ejecutivo congela el crecimiento de los gastos operativos y elimina la provisión automática de vacantes.
La intención de proteger los recursos públicos y hacer eficiente la función administrativa es incuestionable, pero la medida no está exenta de graves cuestionamientos. En primer lugar, el riesgo de parálisis o congestión institucional es inminente. Reducir el uso de la capacidad de las plantas de personal sin una disminución equivalente en la demanda de trámites y servicios estatales sobrecargará al personal existente y ralentizará la atención al ciudadano.
En segundo lugar, la rigidez de los topes limita la agilidad frente a contingencias. Aunque se contemplan excepciones, los trámites y justificaciones exigidos amenazan con convertirse en obstáculos burocráticos ante crisis imprevistas.
A esto se suma un fenómeno más peligroso: la desaparición tácita de áreas y programas por desatención sectorial. Al restringir drásticamente la vinculación de personal, sectores vulnerables —como cultura, desarrollo social o ciencia— corren el riesgo de quedar en el abandono por falta de brazos operativos, marchitando metas estatales sin necesidad de tocarlas por ley.
Asimismo, la severa restricción a personas naturales fomenta una mutación hacia la tercerización. Ante la necesidad de operar, las entidades tenderán a migrar del contratista individual a convenios con operadores privados o intermediarios. Esto no reducirá el gasto real, sino que lo encarecerá por costos de administración, precarizará aún más el trabajo y diluirá la transparencia.
Finalmente, persiste la tensión en la gobernabilidad y la autonomía gerencial: al reducir el margen en los puestos de libre nombramiento y remoción, las entidades pierden la facultad de posicionar personal de confianza para liderar políticas clave, mientras la centralización de directrices desde el DAPRE coarta la independencia de los ordenadores del gasto.
La austeridad no puede convertirse en un fin que anule la eficiencia. La austeridad sin enfoque de derechos deja de ser eficiencia fiscal para convertirse en una decisión política que desmantela el Estado social y paraliza la atención a sectores vulnerables (como la niñez, el campesinado, la diversidad y la cultura) mediante la inanición operativa. Por ello, se hace un llamado urgente a la ciudadanía, organizaciones sociales, comités institucionales y entes de control a ejercer una veeduría estricta y activar alertas tempranas que impidan la precarización laboral, el estancamiento de programas sociales y la pérdida del enfoque diferencial en los territorios.
