El pasado 20 de octubre, la Subcontraloría de Bucaramanga anuló todo lo actuado en el proceso (de la chatarra) desde su apertura, en marzo de 2026. No lo pidió un tribunal ni lo impuso una presión externa. Fue la propia Contraloría la que revisó su actuación y reconoció que el proceso había nacido con fallas de fondo.
La primera: La auditoría que dio origen al caso señaló a ocho personas, entre ellas al exalcalde Juan Carlos Cárdenas (2020 y 2023). Lo que hoy se investiga llego a sitios de almacenamiento del municipio por relaciones contractuales en las vigencias 2018 y 2023. Sin embargo, cuando se abrió el proceso, se vinculó a siete de esas ocho personas y Cárdenas quedó por fuera, sin que el auto de apertura diera una razón. La Contraloría ahora ordenó vincularlo. Un proceso serio no puede escoger a quién investiga y a quién no sin explicarlo.
La segunda: La auditoría calculó un posible daño de unos $21.700 millones. Después de cerrada esa etapa, un oficio presentado como la “corrección de un error aritmético” lo elevó a más de $46.600 millones. La misma Contraloría concluyó que no hubo tal error de cuentas, sino un cambio de fondo hecho sin que los investigados pudieran controvertirlo. En el último mes del año 2023 una proyección de la administración municipal considero que el valor sería $168.000 en material de chatarra.
La cifra de los $46.000 millones circuló durante meses. Se repitió en titulares, debates y redes sociales, siempre asociada al nombre de quien entonces era alcalde y hoy es ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán. ¿Quién repara ahora el daño que dejó una cifra que la misma entidad reconoce que no tenía soporte?
El ministro guardó silencio. Habría sido fácil salir a confrontar y convertir el caso en un pulso político. Prefirió esperar a que las instituciones actuaran. En un país donde se ha vuelto costumbre litigar en los micrófonos, esa decisión merece reconocimiento. Respetar el debido proceso cuando uno es el señalado es la prueba más exigente de convicción democrática.
La lección va más allá de un nombre o de un periodo de gobierno. Las entidades de control son indispensables para cuidar los recursos públicos, y por eso su credibilidad depende del rigor con que actúan. Una Contraloría que reconoce sus errores y los corrige sale fortalecida. Una opinión pública que aprende a esperar los hechos antes de condenar, también.
Bucaramanga merece saber qué pasó con esos bienes, quién los administró y cuánto valían realmente. Esa verdad se va a construir con un proceso serio. Ojalá esta vez sea así.
