La entidad pidió priorizar las investigaciones y reforzar la protección de familiares, testigos y habitantes que puedan estar en riesgo.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La Defensoría del Pueblo pidió acciones urgentes para esclarecer el asesinato de una adolescente de 16 años y de un adulto en Ataco, Tolima, y establecer el paradero de cinco personas que, según denuncias de familiares y habitantes de la zona, habrían sido secuestradas.
La entidad solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades nacionales y territoriales priorizar las investigaciones, especialmente porque uno de los homicidios involucra a una menor de edad. También pidió reforzar las medidas de seguridad para proteger a la comunidad, los familiares de las víctimas y los posibles testigos que puedan estar en riesgo.
“La gravedad de estos hechos exige una respuesta inmediata y articulada de las autoridades para esclarecer los homicidios, verificar las denuncias y garantizar los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de la población civil. En particular, el homicidio de la adolescente exige una respuesta reforzada que tenga en cuenta la prevalencia de los derechos de niñas, niños y adolescentes y su especial protección constitucional”, señaló la Defensoría.
Alerta por la violencia y los riesgos de seguridad en Ataco
La situación genera preocupación en este municipio del sur del Tolima, donde la Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre los riesgos para la población civil. A través de la Alerta Temprana 016 de 2022, la entidad alertó sobre la disputa territorial entre el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia.
Estas advertencias también se extendieron a otros factores que afectan la seguridad de las comunidades. En septiembre de 2026, el organismo llamó la atención sobre el aumento de los riesgos humanitarios y de seguridad relacionados con la expansión de la extracción ilícita de minerales en el sur del departamento, particularmente en Ataco.
Comunidades campesinas e indígenas entre las poblaciones en riesgo
En ese contexto, la Defensoría señaló la presencia de estructuras armadas y el fortalecimiento de economías ilegales, situaciones que estarían afectando a las comunidades campesinas, indígenas y a las víctimas del conflicto armado.
Ante este panorama, la entidad insistió en la necesidad de que las autoridades actúen de manera coordinada para esclarecer los homicidios, verificar las denuncias sobre las cinco personas presuntamente secuestradas y adoptar medidas que permitan proteger a la población civil.
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Mientras avanzan las investigaciones, la Defensoría pidió priorizar la seguridad de las comunidades y de las personas que puedan estar expuestas a nuevas situaciones de violencia.
