En medio de una semana en la que la Corte Suprema de Justicia intentará nuevamente escoger a la próxima fiscal general de la nación, en la agenda persiste la idea de que a futuro se suprima o modifique esa función.
Publicado por: D.V.
El próximo jueves, 22 de febrero, la Corte Suprema de Justicia celebrará su tercera sesión de Sala Plena del año 2024. Durante esta sesión, se realizará un nuevo intento para seleccionar al nuevo fiscal general de la nación.
Sin embargo, más allá del ambiente de tensión generado por las protestas del pasado 8 de febrero, ahora se presenta un nuevo debate sobre las facultades electorales de esa Corporación y de la Rama Judicial en general.
La Sala Plena del Tribunal, presidida por el magistrado Gerson Chaverra Castro, tiene pendiente elegir entre las exfiscales Amelia Pérez Parra, Ángela María Buitrago Ruiz y Luz Adriana Camargo Garzón para suceder a Francisco Barbosa, o más bien, a Martha Mancera, fiscal encargada. Sin embargo, la votación, que requiere dieciséis apoyos, aún no ha llegado a una conclusión definitiva.
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De acuerdo con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, en la Comisión de Expertos para la Reforma a la Justicia se ha discutido un cambio en ese sentido. "En algunas propuestas se habla de modificar, en general, la designación de varios funcionarios por parte de la Rama Judicial", manifestó el 16 de febrero, al tiempo que indicó que “se estudiará”, puesto que “hay apertura”.
Actualmente, la Corte Suprema de Justicia elige a la persona titular de la Fiscalía General de la Nación después de recibir una terna enviada por la Presidencia de la República. Este proceso está establecido en la Constitución y, como afirma Gustavo Gómez Aranguren, expresidente del Consejo de Estado, forma parte del “principio de colaboración armónica entre poderes”.
Gómez sostiene que las facultades electorales de las altas cortes se establecieron en la Constitución para varios cargos porque en los años noventa los jueces eran “lo único medio salvable que tenía Colombia”. Sin embargo, en la actualidad, “ese modelo ha tenido varios problemas, porque los magistrados no son dioses ni ángeles, son seres humanos comunes y corrientes”.
Dado que este escenario “perturba fuertemente la transparencia y el funcionamiento de los altos tribunales”, la propuesta que ha circulado en algunas esferas es “suprimir las facultades electorales de los magistrados de altas cortes”, según Gómez, ya que si los togados “empiezan a trabajar en política, la justicia se degrada, se contamina”.
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“Cuando se discutió en el 91 si la Fiscalía debería pertenecer a la Rama Judicial o al Ejecutivo, se examinaron los pros y los contras para al final decir: ‘tenemos un fiscal que hará parte de la Rama Judicial y, por lo tanto, la garantía de independencia, autonomía, idoneidad frente a los conflictos’”, explicó el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes Cuartas.
El magistrado indicó que algunas voces sugieren un mecanismo inverso: que la Corte presente una terna y que el Presidente escoja. “Pero digamos que eso es parte de la imaginación de los juristas, que tenemos imaginación profusa”, subrayó, mientras insistió en que, como magistrado, considera que el procedimiento vigente “es el que es, es el que ha funcionado, es el que está bien”.
Reyes agregó que esa es su opinión como magistrado, pero podría ser distinta si la evalúa como académico. Es en la academia donde surge la idea de que la Constitución podría —o incluso debería— enmendarse para sustraer esas facultades a la Rama Judicial. La Corte Suprema, por ejemplo, no solo elige fiscal, sino que también propone candidaturas para procurador o contralor generales.
“Sería interesante que surgiera una iniciativa legislativa que permitiera modificar esos apartes de la Constitución que imponen la forma en la que actualmente se escogen altos funcionarios, por ejemplo, fiscal general de la nación. El problema no es que la Corte tenga facultades electorales, sino quién presenta las ternas”, destaca la penalista Dalila Henao Guerrero.
La docente de Derecho Penal dijo que el sistema de elección de ese tipo de cargos, tal como está concebido, “genera suspicacias, lamentablemente”. “Sería mucho más democrático, incluso, que fuera la misma Corte la que escogiera la terna y otro funcionario, por ejemplo, el Presidente, quien finalmente tuviera la elección”, remachó.
No obstante, esa eventualidad no resolvería uno de los principales conflictos jurídicos que implica la relación entre la Corte Suprema de Justicia y quien ejerza la jefatura del ente acusador, que es que uno de los deberes de la Fiscalía es investigar y acusar a personas con fuero constitucional que luego son juzgadas por la Corte, como gobernadores o magistrados de Tribunales.
La penalista Sarah Juanita Campos Ospina apunta que esa función, que aparece en el artículo 251 de la Constitución, “genera inconformidad en la población colombiana e intranquilidad en una sociedad tan politizada”. Por eso, dice, en el futuro la Corte Suprema de Justicia no debería mantener sus facultades electorales, “por seguridad jurídica y tranquilidad de los colombianos”.
Sin embargo, mientras no ocurra un cambio sustancial en el deber de escoger, esa misma seguridad jurídica debería ser el fundamento para “concluir la elección de fiscal general en el menor tiempo posible”. “Es una función que le impone la Constitución Política en el artículo 249”, enfatiza la abogada, y añade que se trata de una “obligación absolutamente clara”.
Andrés Felipe Caballero Sierra, miembro del Colegio de Abogados Penalistas —una agrupación que tiene asiento en la Comisión de Expertos para la Reforma a la Justicia—, tiene una opinión similar. Para el litigante, es necesario cambiar el mecanismo de elección de fiscal general “para evitar choques de trenes”.
