Algunos consideran que el paro representa una disputa de fuerzas. Por un lado la de las urnas, consignada en el Gobierno. Por el otro, la de la calle, en la vocería de Comité del Paro. Entre tanto, aseguran analistas, la ciudadanía parece extraviada.
El 21 de noviembre es una fecha grabada en la memoria de Colombia, pero su contenido todavía está en disputa. Ha pasado un mes desde el primer día de las protestas convocadas por sindicatos, estudiantes, grupos indígenas, entre otros, que concluyó con un cacerolazo espontáneo en las principales ciudades del país.
La lectura de lo que ha pasado desde entonces es una pelea de interpretaciones: ¿Cómo se traduce el tintineo metálico de las cacerolas? ¿Quién habla el idioma de la sociedad que ha salido a la calle?
Cada actor se declara a sí mismo como intérprete. “El Gobierno ha escuchado”, dice Diego Molano, coordinador de la “Gran Conversación Nacional” con la que el Presidente Iván Duque ha buscado responder los reclamos ciudadanos. “Llevamos 16 reuniones con todos los sectores en las que se ha hablado de educación, ambiente, paz con legalidad, transparencia y equidad”.
Pero para los promotores del paro, más que un diálogo, ese espacio es “un gran monólogo”.
Así lo describe Jennifer Pedraza, líder estudiantil de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles, Acrees, y una de las voceras en la conversación paralela que el Gobierno emprendió directamente con el Comité del Paro, luego de que rechazaran la mesa general, pero en el que ambas partes no han logrado ponerse de acuerdo en para qué se sentaron: si para conversar –como pretende el Gobierno– o para negociar un pliego de 13 peticiones de los manifestantes, ampliadas en utópico planteamiento de 104 puntos, que van desde el cumplimiento de acuerdos anteriores con sectores estudiantiles y campesinos, hasta el replanteamiento de doctrinas del Estado.
La sensación de inmovilidad se instala cada vez con más fuerza. Entretanto, mientras el año termina, la presencia en las calles desciende de forma constante, a la par que los índices de popularidad gubernamentales.
El cauce de la indignación
Antes de ser un paro nacional, la protesta actual fue una convocatoria de las centrales obreras. Las razones iniciales fueron las reformas laboral y pensional, que pese a no estar radicadas fueron planteadas por el Gobierno en varias entrevistas en medios. El 5 de octubre, cuando se anunció el paro, el contexto era de relativa calma: no habían estallado los reclamos sociales en Chile, ni en Bolivia, y las marchas en Ecuador, que llegaban a su tercer día, se interpretaban aún como un fenómeno nacional y no continental.
De hecho, el Gobierno no tuvo ninguna reacción sobre el Paro hasta cerca de un mes después, cuando se reveló que en un bombardeo contra las disidencias de las Farc en agosto, calificado como “impecable” por el Presidente, habían muerto al menos ocho menores reclutados por el grupo ilegal. Ese hecho se reveló durante la moción de censura en el Congreso contra el exministro de Defensa, Guillermo Botero, quien terminó dejando su cargo antes de que se llevara a cabo el proceso, que estaba a punto de convertirlo en el primer ministro removido de su cargo mediante ese camino.
Esa fue la antesala de las movilizaciones y un impulso final a las marchas que, un mes después, continúan en la agenda nacional.
Solo en ese punto, como señala Roberto González, profesor de historia de la Universidad del Norte y experto en movilizaciones sociales en Colombia, los distintos factores –como el aumento del desempleo en el trimestre de agosto a octubre, llegando a 10,3 % según el Dane, el contexto de protestas de la región, los cuestionamientos sobre la implementación del Acuerdo de Paz desde la oposición, entre otros–, coincidieron en un detonante.
