viernes 19 de julio de 2019 - 8:20 AM

Aumentan condiciones para uso del glifosato: expertos

El Ejecutivo no podrá anunciar en las próximas dos semanas el visto bueno del Consejo Nacional de Estupefacientes a la aspersión aérea con glifosato en el país, como lo había asegurado públicamente el Ministro de Defensa el 18 de junio.

La Corte no moderó la sentencia de 2017 que ponía seis condiciones para que el Gobierno pudiera volver a fumigar con este herbicida los cultivos de coca, y además puso una condición más.

“La decisión deberá tomarse dentro del marco de la política pública que se deriva del punto Cuarto del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Consecución de una Paz Estable y Duradera, en los términos del Acto Legislativo 2 de 2017 (el de seguridad jurídica del Acuerdo), del Decreto Ley 896 de 2017 (que crea el Plan Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito, Pnis) y demás instrumentos de implementación y desarrollo”, dice el último Auto 387 de 2019.

Camilo González Posso, director del Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), explicó que lo que quiere decir esa nueva exigencia es que “hay que darle toda la importancia a la estrategia de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y no pensar que la política en cuanto a disminución de áreas cultivadas va a depender del glifosato. Ya existe una política probada, eficaz y con sentido social”.

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Al respecto, el viceprocurador general de la Nación, Juan Carlos Cortés González, celebró la decisión de la Corte, ya que va en sintonía con el concepto que su entidad entregó al alto tribunal en marzo pasado. “Hay que entender la importancia de fortalecer y dar efectividad plena a la estrategia de sustitución voluntaria de cultivos, de aplicar como casos de excepción la posibilidad del uso del glifosato siempre y cuando se cumpla con los estándares de consulta previa, de aseguramiento en las condiciones de salud y de protección del medio ambiente a través de un programa integral que el Gobierno presente ante el Consejo”, señaló el funcionario.

En manos del Consejo

La decisión siempre ha estado en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes, conformado por los ministerios de Justicia, Salud, Educación, Agricultura, la Procuraduría, la Policía, la dirección de Aduanas y la Aeronáutica Civil, dijo la presidenta de la Corte, Gloria Ortiz.

La sentencia expresaba que el Consejo solo podrá modificar la decisión de no reanudar las fumigaciones “cuando haya diseñado y se haya puesto en marcha, por medio de las medidas legales y reglamentarias que sean pertinentes, un proceso decisorio con las siguientes características mínimas”, cumpliendo los seis requisitos que fueron mantenidos este jueves.

Sin embargo, Paula Aguirre, coordinadora de la oficina Elementa en Colombia, organización de derechos humanos que maneja la política de drogas con enfoque de salud, afirmó que la decisión quedó en manos del Gobierno, quien controla al Consejo.

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“El Gobierno ha mostrado hasta la saciedad que quiere fumigar y lo va a hacer”, sentenció.

En ello estuvo de acuerdo Pedro Arenas, investigador de Corporación Viso Mutop, experto en política de drogas. De acuerdo con su explicación, el Ejecutivo podrá mostrar que cumple los requisitos y, como debe hacer consulta previa, fumigará en las regiones en las que no está obligado a recurrir a este procedimiento, es decir, las campesinas. Y tampoco fumigará en donde hay firmados acuerdos de Pnis.

“El Gobierno perdió un año en una pelea innecesaria con la Corte y grupos de oposición, pidiendo una audiencia que no se requería y tratando de imponer un dogma de ponderación de derechos que era improcedente. Si el objetivo era asperjar, siempre tuvo luz verde jurídica”, manifestó Daniel Mauricio Rico, experto en drogas.

El Gobierno celebró

Por eso es que el Ministerio de Justicia celebró el pronunciamiento de la Corte, que “hace oportunas y conducentes precisiones”.

En un comunicado, la cartera señaló que “el Gobierno llevará al Consejo Nacional de Estupefacientes la propuesta de protocolo, para que dentro del cumplimiento de la Sentencia y del Auto, se pueda utilizar la aspersión aérea como una herramienta más en la lucha contra los cultivos ilícitos”.

Y, además, envió un mensaje de tranquilidad a las 100.000 personas vinculadas con el PNIS, que han arrancado casi 35.000 hectáreas que tenían sembradas con hoja de coca. “A estas familias que están comprometidas genuinamente con el Programa y con el mejoramiento de sus vidas, el Gobierno les seguirá cumpliendo”.

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