El representante legal de Centros Poblados reveló que la Contraloría realiza las inspecciones a los insumos y equipos en las bodegas de la unión temporal.
La Unión Temporal Centros Poblados, a la que el Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones le caducó el contrato por $1,07 billones para llevar Internet a más de 7.000 colegios públicos del país, convocó a los medios de comunicación a una rueda de prensa para dar detalles de cómo avanzaba la ejecución del contrato y cómo se invirtieron los recursos del anticipo entregado por $70.000 millones, por lo que advirtieron que estos recursos no serán devueltos al Ministerio en dinero.
El abogado Jorge Pino Ricci, apoderado de Centros Poblados y Luis Fernando Duque, representante legal de la unión temporal, aseguraron que no es cierto que no se estuviera ejecutando el contrato que pretendía llevar Internet a las zonas más apartadas del país y reconocieron que se presentaron retrasos que les dieron a conocer al ministerio público.
Luis Fernando Duque explicó los detalles del proceso de adjudicación del contrato para conectar a Internet por 11 años a 7.277 centros digitales en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.
Duque dijo que en principio el contrato buscaba dar una solución de conectividad, no solo a las escuelas, sino alrededor de ellas, lo que representó un reto, dado que hay zonas en las que no hay electricidad.
¿Dónde están los recursos del anticipo?
Duque comentó que “las condiciones que quedaron plasmadas establecían que el contrato estuviera perfeccionado y existiera un plan de inversión para acceder al anticipo, y eso se cumplió”.
Duque especificó que “estaba establecido desde el primer día que existía una fiducia, adelantamos los contratos de fiducia, de mandato. Salen los recursos de la entidad a una fiducia, salen el diez de febrero, no tuvimos acceso a ellos, pudimos acceder a esos recursos desde el mes de abril, eso quiere decir que desde enero, febrero, marzo y abril cubrimos con recursos propios”.
“Dónde está la plata, en tres lugares, utilizamos $26.000 millones en la compra de equipos para hacer las instalaciones, el resto está en bodegas nuestras, $20.000 millones en equipos en bodegas y los otros recursos restantes están en equipos en aduanas”.
En ese sentido, y complementando lo dicho por Duque, el abogado de Centros Poblados, Jorge Pino Ricci, advirtió que si finalmente no se acepta la acción de tutela en el Juzgado Civil de Barranquilla y se formaliza la caducidad del contrato, “no podemos hacer la devolución de los $70.000 millones porque ya están invertidos en equipos, lo que haremos es entregar los equipos al Ministerio cuando se liquide el contrato”.
Interpondrán recursos
Jorge Pino Ricci, apoderado de Centros Poblados, anunció que de no prosperar la acción de tutela que la entidad interpuso ante un juez promiscuo de Puerto Colombia (Atlántico), para amparar sus derechos al debido proceso luego de que se decretara la caducidad del contrato, interpondrán una demanda ante la jurisdicción de lo contencioso del Consejo de Estado.
Pino Ricci indicó que el contrato con MinTIC no podía tener cláusula de caducidad por ser atípico, por lo que, según él, el ministerio incurrió en varias inconsistencias al presentar esa nulidad, además dijo que la ministra Karen Abudinen actuó como jueza en el proceso y negó las pruebas que les garantizaban a ellos su derecho al debido proceso.
“El ministerio actuó de forma indebida, de forma apresurada y se equivocó. No decretó las pruebas necesarias para verificar que la garantía bancaria es irregular y en el afán cometió gravísimos errores”, dijo el abogado del contratista.
