La Fiscalía General de la Nación dio a conocer el plan de acción y el trabajo que viene desarrollando en el departamento. El fiscal general dijo que uno de los principales ejes temáticos de su administración es el impulso de las investigaciones relacionadas con hechos de corrupción.
En entrevista con Vanguardia, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, presentó un balance de las investigaciones que adelanta al frente de esta entidad sobre casos relevantes en materia de corrupción, el comportamiento de los delitos y las irregularidades en contratación en el marco de la pandemia del COVID-19 en Santander.
El fiscal Barbosa Delgado también se refirió al avance de la investigación en torno a la aprobación del POT en Floridablanca, así como la del contrato del estadio Alfonso López de Bucaramanga, que involucran al exgobernador y hoy senador Richard Aguilar.
Igualmente, precisó que desde la Dirección Especializada contra la Corrupción se investigan 62 casos por hechos cometidos en Santander, los cuales se concentran en Bucaramanga y Barrancabermeja.
El Fiscal dijo, por último, que se habilitó el correo covid.anticorrupcion@fiscalia.gov.co, el cual es monitoreado para investigar las posibles irregularidades que se cometan con los recursos para atender la pandemia.
Preguntas y respuestas
- Es estos días en Santander se ha hablado mucho sobre las irregularidades contractuales en el contrato de reforzamiento estructural del estadio Alfonso López de Bucaramanga, ¿cuál es el estado de ese proceso en la Fiscalía? Desde el 2018, el contratista Octavio Reyes Sarmiento decidió colaborar con la Fiscalía y fue beneficiado con el principio de oportunidad.
R. Actualmente, el proceso que se adelanta en contra de Claudia Yaneth Toledo Bermúdez, Lenin Darío Pardo, Y Andrés Díaz Gutiérrez por los hechos mencionados, se encuentra en etapa de juicio. Esta pendiente que se practique la audiencia preparatoria, la cual estaba programada para el 30 de marzo de 2020, pero que por la emergencia sanitaria que vive el país con ocasión del COVID-19, no se pudo llevar a cabo. En cuanto al señor Octavio Reyes Sarmiento debe informarse que acudió de manera voluntaria a la Fiscalía General de la Nación, acompañado de su abogado defensor, para suministrar información relacionada con las irregularidades en la etapa previa, contractual y de liquidación del contrato de obra n.° 766 de 2015. Los días 13 de junio, 4 de septiembre y 23 de octubre de 2018, rindió declaraciones donde amplió la información brindada al ente acusador.
El señor Reyes continúa como indiciado y será testigo dentro del proceso en contra de Claudia Yaneth Toledo Bermúdez, Lenin Darío Pardo, Y Andrés Díaz Gutiérrez. A la fecha, no se ha presentado solicitud de aplicación de principio de oportunidad a su favor.
- ¿Por qué, si han pasado dos años, no se ha avanzado con las investigaciones?
R. Sí se ha avanzado con la investigación. En contra de Claudia Yaneth Toledo Bermúdez, Lenin Darío Pardo, Andrés Díaz Gutiérrez ya se formuló acusación por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento privado, según corresponde al respectivo sujeto procesal. El escrito enlista al menos 21 informes de policía judicial, testimonios de 14 personas (incluido Octavio Reyes Sarmiento) e información legalmente obtenida. Y como ya se mencionó, estamos a la espera de que se lleve a cabo la audiencia preparatoria.
Paralelamente, se inició una investigación en contra de otras personas que presuntamente estarían relacionadas con estos hechos de corrupción y se compulsaron copias para que investiguen otros posibles actos delictivos.
- La ex-secretaria de Infraestructura Claudia Toledo busca un principio de oportunidad y ha denunciado la existencia de una ‘casa paralela’ a la Gobernación en la que se redireccionaban los contratos en la administración Aguilar Villa. Se ha abierto investigación por estas denuncias? Se ha compulsado copias a la Corte Suprema para que se adelante la investigación contra el hoy senador Richard Aguilar?
R. Conforme a la información suministrada por la aspirante al principio de oportunidad Claudia Toledo en sus primeros señalamientos entre abril y mayo de 2019, se compulsaron copias a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia para investigar los hechos relacionados con otros contratos adicionales al Contrato n.° 766 de 2015. Las personas que estarían relacionadas con este contrato, están en indagación. Sobre el hoy el senador Richard Aguilar, el 7 de octubre de 2019 se compulsaron copias a la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia para que se investigue por los hechos expuestos en las diferentes diligencias de declaración.
- ¿En qué estado se encuentran las investigaciones por las presuntas irregularidades en el trámite del POT de Floridablanca?
Desde nuestra Dirección Seccional de Santander se inició una investigación para verificar si hubo posibles irregularidades en la aprobación del POT de Floridablanca. Recogimos información que señalaba que funcionarios de la Alcaldía recibieron dádivas para la inclusión de predios, buscando el cambio de uso del suelo de la zona rural a la zona sub urbana.
También indagamos por qué motivo el Alcalde Municipal citó a sesiones extraordinarias al Concejo para agilizar la aprobación del POT de Floridablanca. Aun estamos recaudando evidencia para tomar una decisión fundada en los resultados de la actividad investigativa. Estoy muy atento que denuncias relacionadas con el uso del suelo en el Departamento tengan respuestas rápidas.
- ¿Hay investigaciones en Santander por cuenta de sobrecostos o irregularidades contractuales en el marco de las ayudas por el COVID-19? A qué contratos se refieren estas investigaciones si las hay?
En el marco de la emergencia social, económica y ecológica, la Fiscalía General de la Nación creó el Grupo de Tareas Especiales para la investigación de casos de corrupción relacionados con la pandemia producida por el Covid19 adscrito al despacho de la Vicefiscal General de la Nación. Dentro de la estrategia se contempló la importancia del Departamento de Santander, por lo que uno de los Fiscales Regionales adscritos al grupo se encuentra ubicado en la ciudad de Bucaramanga, cumpliendo con nuestro objetivo misional de estar presente en la calle y en los territorios.
De igual manera, este Fiscal Delegado y su equipo de trabajo que lo conforman tres asistentes de fiscal y cinco investigadores, está articulado con la Unidad de Delitos contra la Administración Pública y la Dirección Seccional de Fiscalías de Santander, quienes se encuentran recibiendo información y realizando labores de policía judicial dirigidas a establecer si se ha presentado apropiación de recursos públicos aprovechando la pandemia.
En ese orden de ideas, por el clamor ciudadano y las denuncias de los medios de comunicación abiertas, han focalizado sus esfuerzos en contratos que se han celebrado por entes territoriales como la Gobernación de Santander, municipios del área metropolitana de Bucaramanga, Girón, Socorro, Floridablanca, Barrancabermeja y San José de Miranda, entre otros, donde se está indagando acerca de presuntas irregularidades en punto a la necesidad de la contratación y sobrecostos en los productos de protección y alimentación adquiridos y destinados para la población vulnerable del Departamento.
- Se habla de que gran parte de los nombramientos en las fiscalías regionales se dan por cuenta de cuotas políticas, ¿durante su administración habrá cambios en las direcciones seccionales como la de Santander y cómo hará para evitar que continúen llegando recomendados políticos a dichos puestos?
R. El nuevo director es el santandereano Oliden Riaño, abogado de la Universidad Santo Tomas, con dos especializaciones, una en derecho penal en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y otra en Derecho Constitucional en la Universidad Libre. En la Fiscalía empezó como Secretario judicial y llegó hasta jefe de la unidad de policía judicial. En la rama judicial, el dr. Riaño fue juez municipal, juez del circuito y magistrado de la sala penal del Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá. Un director de lujo para Santander.
A nuestras direcciones seccionales llegan personas con recorrido. Esta Fiscalía se evalúa por trabajo, no por recomendaciones. Ni privilegios, ni privilegiados.
- Dentro de las investigaciones periodísticas que ha realizado Vanguardia sobre el tema Ñeñe Hernández se encontró que gran parte de los bienes del señor José Hernández se encontraban en Santander, ¿cuántos son los bienes del señor Hernández con extinción de dominio en Santander y en cuánto están avaluados?
R. Desde la Dirección Especializada en Extinción de Dominio venimos adelantando una investigación desde el año pasado contra los bienes de la organización delictiva conocida como “Marquitos Figueroa”, actuación que se encuentra ante los juzgados especializados.
Identificamos que uno de los integrantes de dicha estructura era José Guillermo Hernández Aponte, alias “Ñeñe Hernández”, por lo se le afectaron varios bienes en proceso de extinción de dominio, dentro de los cuales se destacan en Bogotá un inmueble; en Bolívar 2 inmuebles y 4136 semovientes; en Cesar 13 inmuebles, 3 sociedades y 757 semovientes; en Santander 21 inmuebles y 694 semovientes. Esos 21 inmuebles ubicados en Santander fueron avaluados en $259.000.000.000. Las sociedades y establecimientos de comercio fueron avaluados en $9.000.000.000. Los vehículos están avaluados en $1.403.000.000. Los 694 semovientes fueron avaluados en $38.050.000.000.
- ¿Por qué la mayoría de denuncias por casos de corrupción que se realizan en Santander no avanzan en la Fiscalía?
Uno de los principales ejes temáticos de mi administración en la Fiscalía General de la Nación es el impulso de las investigaciones relacionadas con hechos de corrupción, especialmente a nivel regional, en la medida en que estamos viendo sus consecuencias en la privación a los ciudadanos de la posibilidad de disfrutar de los servicios públicos básicos. Así se lo he transmitido a todos los funcionarios de nuestra entidad, tanto a fiscales como a investigadores y directores.
Las investigaciones penales por corrupción cuentan con un alto grado de complejidad, en tanto se trata de delitos cometidos con mayor sigilo y recelo que la criminalidad ordinaria. Por ello, somos conscientes de que no podemos conformarnos con la persecución penal bajo las herramientas investigativas tradicionales. También debemos realizar investigaciones financieras paralelas en las que identifiquemos y afectemos todos los bienes y activos involucrados, bien sea desde el proceso de extinción de dominio o mediante la utilización del comiso en los mismos procesos penales. El desafío que tenemos es lograr una debida articulación de todos estos componentes de manera exitosa, en eso estamos trabajando desde todas las delegadas de la Fiscalía General de la Nación.
Desde la Dirección Especializada contra la Corrupción estamos adelantando 62 casos por hechos cometidos en el departamento de Santander: 8 de ellos se presentaron en Barbosa, 8 en Barrancabermeja, 28 en Bucaramanga, 3 en Cimitarra, 4 en Floridablanca, 1 en Piedecuesta, 1 en Puente Nacional, 2 en San Gil, 4 en San Vicente de Chucurí, 2 en Socorro y 1 en Valle de San José. De estos 62 casos hemos priorizado 13 en los que estamos ejecutando actividades investigativas con policía especializada, de tal forma que podamos presentar resultados concretos a la comunidad en corto tiempo. Utilizaremos todos los recursos con los que contamos en la entidad para enfrentar este fenómeno delictivo.
- ¿Cuál es la principal problemática que presenta la Seccional Santander para el avance de las investigaciones? Desde su administración qué gestiones se adelantan para mejorar los resultados de la justicia regional?
En Santander los delitos de mayor prevalencia en el año 2019 fueron: hurto (con 29.368 casos), lesiones personales (con 14.791 casos), violencia intrafamiliar (con 7.945 casos) e inasistencia alimentaria (con 6.073 casos). En lo que va corrido de este año los delitos de mayor prevalencia son: hurto (con 3.881 casos), lesiones personales (con 1.488 casos), violencia intrafamiliar (con 1.000 casos) y tráfico de estupefacientes (con 900 casos).
Estamos trabajando en mejorar los procesos de priorización, de tal forma que podamos ofrecerle a la comunidad respuestas con mayor premura a casos que representan una mayor preocupación. Nuestro compromiso es sacar adelante estos procesos, en los que ya estamos trabajando y aspiramos a tener resultados en el menor tiempo posible.
Antes de la emergencia alcancé a desplazarme personalmente a varias de las seccionales del país para evaluar nuestra presencia institucional en las zonas de más difícil acceso. Ahora, desde el confinamiento obligatorio, sigo evaluando desde mi despacho el avance de las investigaciones que llevamos en todo el país. Mantengo un permanente contacto vía teleconferencia con todos los directores seccionales y nacionales para estar al tanto de nuestros resultados contra la criminalidad. El departamento de Santander está en mis preocupaciones. Incluso parte importante de mis colaboradores son oriundos de ese departamento. Cuando salgamos de este confinamiento visitaré Bucaramanga y algunos municipios.
- La Procuraduría ha anunciado una serie de investigaciones a mandatarios regionales por presenta contratación ilegal en el marco de la emergencia por el COVID-19. Desde su despacho se han abierto investigaciones contra mandatarios santandereanos por contratación en el marco de la pandemia?
R. Es importante precisar al respecto que, si bien desde la Fiscalía General de la Nación estamos trabajando de manera articulada con la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, las tres entidades tenemos competencias constitucionales diferenciadas. A nosotros nos corresponde el ejercicio de la acción penal, esto es la investigación y acusación de los delitos.
En el Departamento de Santander destacamos a un fiscal, ubicado en la ciudad de Bucaramanga, que está encargado de adelantar de forma exclusiva las investigaciones por posibles actos de corrupción relacionados con los recursos destinados para la atención de la pandemia provocada por el COVID-19. Este funcionario tiene actualmente en curso siete (7) iniciativas investigativas y dos (2) indagaciones preliminares en las que está investigando la responsabilidad de mandatarios locales del Departamento.
- ¿Como puede denunciar un ciudadano si tiene conocimiento de actos de corrupción de esta pandemia?
R. Contamos con varios canales habilitados para la recepción de denuncias. Además de nuestras Unidades de Reacción Inmediata URI y la aplicación “¡A denunciar!”, hemos creado un correo electrónico que se denomina: covid.anticorrupcion@fiscalia.gov.co, el cual está siendo monitoreado por la coordinación del Grupo de Tareas Especiales creado para investigar las posibles irregularidades que se cometan con los recursos para atender la pandemia.
