El pasado 22 de mayo Vanguardia informó sobre una reunión de miembros del Ejército citados para entrevistas con oficiales de Contrainteligencia en la Segunda División del Ejército en Bucaramanga.
Publicado por: Redacción Vanguardia
Aunque se aseguró que la cita no tenía que ver con la denuncia de The New York Times, el entonces comandante de contrainteligencia, el general Eduardo Quiroz, y el general Nicacio Martínez lo terminaron admitiendo.
Ese mismo 22 de mayo, después de la nota publicada por Vanguardia, el Ejército dijo que el motivo de dicha reunión no era determinar quién fue el que denunció a The New York Times sobre las instrucciones de altos mandos para duplicar la cantidad de muertes, capturas y rendiciones de miembros de grupos armados ilegales, sin importar que eso pueda llevar a provocar bajas civiles.
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Incluso, el brigadier general Mauricio Moreno, comandante de la Segunda División, en un comunicado negó la situación y atribuyó la reunión a asuntos estrictamente operacionales, relacionados con acciones de conservación medio ambiental en conjunto con la población civil.
“Las versiones publicadas en diferentes medios y redes sociales, sobre supuestas indagaciones para “identificar fuentes” relacionadas con una publicación o sobre supuestos usos de polígrafos, no son ciertas y tampoco tienen fundamento de ninguna especie. La Fuerza Pública opera para defender a los ciudadanos de las amenazas provenientes de todo actuar delincuencial. Las reuniones hacen parte de ese proceso estratégico para el cumplimiento de la misión asignada en el nororiente colombiano y en todo el país”, concluye el comunicado.
Sin embargo, en la mañana de este 23 de julio, Caracol Radio aseguró que sí se usó el polígrafo en esa reunión y que sí hubo otras medidas para determinar quién fue el miembro de la Fuerza Pública que habló con el medio estadounidense.
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“Animando la pesquisa estaba el entonces comandante de contrainteligencia, el general Eduardo Quiroz, quien, con poligrafistas a bordo trataba de acallar las denuncias y presionar a los soldados. Sí, el mismo general que terminó reconociéndole al gobierno que ofrecía 100 millones de recompensa o seis meses de permiso a quienes denunciaran a sus compañeros”, asegura el medio en su investigación.
Según el informe de Caracol, el propio general Nicacio Martínez terminó admitiendo el envío de poligrafistas a Bucaramanga, “diciendo que el general Moreno, que firmó con su palabra que se trataba de una reunión sobre medio ambiente, era el que supuestamente había solicitado el envío de la gente de contrainteligencia”.
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La investigación
El periódico estadounidense The New York Times aseguró este sábado que en los últimos meses, el comandante del Ejército, instruyó a sus comandantes de tropa para que durante 2019 dupliquen la cantidad de muertes, capturas y rendiciones de miembros de grupos armados ilegales, sin importar que eso pueda llevar a provocar bajas civiles.
El diario sostiene que a comienzos de este año hubo una reunión en las afueras de Bogotá, en la que participaron los 50 principales generales y coroneles colombianos en la que se les pidió firmar un compromiso por escrito para intensificar los ataques.
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En una casilla, de acuerdo con la publicación, se les pidió anotar las bajas en combate, las capturas y las rendiciones obtenidas en 2018 y en la casilla de enfrente se les pidió escribir sus metas para este año. Luego, se les explicó que la meta debía corresponder al doble de los resultados obtenidos el año pasado.
Poco después, recibieron por escrito una orden firmada por el general Martínez, que transcribe el New York Times, y que afirma lo siguiente: “La meta es doblar los resultados operacionales en todos los niveles del mando”.
Lo más preocupante de esta directriz, según algunos altos oficiales que hablaron con el diario a cambio de mantener la reserva de su nombre, es que es similar a la que llevó a que se cometieran los casos de falsos positivos en el Gobierno de Álvaro Uribe, pues en esa ocasión los militares que mostraban bajas en combate eran beneficiados con ascensos y permisos.
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Eso llevó a que soldados mataran a campesinos y jóvenes llevados desde otros lugares del país para hacerlos pasar como guerrilleros, vistiéndolos en algunos casos con uniformes y poniéndoles armas cerca de sus cuerpos.
Según los oficiales entrevistados por el Times, “los soldados colombianos vuelven a estar bajo una intensa presión, y este año ha comenzado a surgir un patrón de asesinatos sospechosos y encubrimientos”.
Recientemente, se conoció el caso del desmovilizado Dilmar Torres, asesinado en Convención (Norte de Santander), presuntamente por un cabo del Ejército que en un primer momento dijo que su muerte había ocurrido por un forcejeo luego de que intentó arrebatarle su fusil. Habitantes de la comunidad denunciaron que Torres había sido torturado y que los militares involucrados intentaron enterrar el cadáver.
