jueves 14 de marzo de 2019 - 8:10 PM

Gobierno y Farc mantienen desacuerdo por objeciones a estatutaria de la JEP

El consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, reiteró que las objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP no pueden considerarse como un incumplimiento al acuerdo con las Farc.

Las Farc y el Gobierno mantienen sus desacuerdos en relación a las objeciones que hizo el presidente de la República, Iván Duque Márquez, a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Así quedó demostrado luego de que este jueves se reuniera la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (Csivi) del Acuerdo de Paz, en la que ambos tienen representación.

Según el consejero, el hecho de que el jefe de Estado haga uso de las facultades constitucionales que le corresponden, es una clara expresión de la democracia y la separación de los poderes. “Esa norma marco no está en los Acuerdos, sino que es un desarrollo de los mismos. Respecto de ese proyecto de ley, el Congreso hizo lo que le correspondía; luego, la Corte Constitucional lo revisó y, ahora le correspondió al Presidente hacer lo que se prevé en la Constitución”, agregó.

En este sentido, tanto la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, como el Consejero Archila señalaron que en cualquier caso en que una de las partes entienda que pudo haber habido un incumplimiento, lo que procede no es llamar inmediatamente a los garantes, sino que corresponde a las partes conocer las razones y tratar de llegar a un entendimiento común, de manera bilateral.

Por su parte, las FARC señalaron a través de una carta que las objeciones hechas por el presidente son inconstitucionales e impactan directamente el acuerdo de paz firmado con el Estado. Hicieron especial énfasis en las posibles afectaciones del proceso de reincorporación de los exmiembros de la extinta guerrilla.

En la carta, el hoy partido político sostiene que dicha decisión también es una intervención política al acuerdo, que no fue socializada en la Csivi.

“Constituyen una pretensión no sólo injurídica sino carente de toda lógica, de modificar los contenidos esenciales del Acuerdo Final, de manera unilateral, es decir sin la participación de las partes que lo suscribieron”, dice el documento.

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