La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les ordenó a las demás jurisdicciones —ordinaria y disciplinaria— que le remitan toda la información sobre procesos en curso contra ocho exmiembros de la Fuerza Pública que aceptaron su responsabilidad en muertes y desapariciones presentadas como bajas en combate e inhumadas en el cementerio Las Mercedes, de Dabeiba (Antioquia).
Publicado por: Colprensa
La JEP tomó la determinación luego de estudiar el aporte a la verdad de ocho comparecientes que aceptaron una imputación que la Jurisdicción realizó en julio de 2022. Los antes uniformados reconocieron asesinatos y desapariciones forzadas que ocurrieron en el Urabá Antioqueño entre 1997 y 2002, cuyos cuerpos se ocultaron en cementerios municipales para que posteriormente no pudieran identificarse.
De acuerdo con la Jurisdicción de Paz, la mayoría de las víctimas enterradas por la Fuerza Pública en cementerios estaba compuesta por hombres en estado de vulnerabilidad que tenían entre 20 y 35 años de edad. Por esos hechos, fueron imputados como máximos responsables diez exmilitares, de los cuales ocho admitieron su culpa:
El coronel retirado Edie Pinzón; los mayores retirados Yair Rodríguez, Hermes Alvarado y Efraín Prada; el sargento primero retirado Jaime Coral; el sargento viceprimero retirado Fidel Ochoa; el sargento segundo retirado William Capera, y el soldado profesional en retiro Levis Contreras.
Los comparecientes han participado en encuentros restaurativos convocados por la JEP y en varias fases de lo que la Jurisdicción llama "la etapa dialógica de reconocimiento de verdad y de responsabilidad". Entre otros eventos, los exmilitares participaron en una audiencia pública en Dabeiba a finales de junio y en reconocimientos que le han permitido al Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación identificar 29 fosas comunes en el cementerio Las Mercedes.
Así, con un auto de diez páginas, la JEP anunció que en los próximos tres meses le presentará al Tribunal para la Paz la Resolución de Conclusiones —el equivalente a un escrito de acusación en la justicia ordinaria— con la que dará cuenta de lo reconocido por los ocho exuniformados, las observaciones de las víctimas y las sanciones que se busca imponer como forma de reparación.
La decisión, firmada por la magistrada Nadiezhda Henríquez y el magistrado Alejandro Ramelli, se enmarca en los macrocasos 03 (el que investiga 'falsos positivos') y 04 (que examina la situación territorial de la región del Urabá). A partir de su publicación, la Fiscalía, la justicia ordinaria, la Procuraduría, la Justicia Penal Militar, entre otras instituciones, quedan sin competencia para atender procesos relacionados con los hechos imputados.
