El pasado 11 de agosto cinco menores, de entre 14 y 16 años, fueron asesinados en Llano Verde, un barrio ubicado al oriente de Cali. Álvaro José Caicedo, Jair Cortés, Josmar Jean Paul Cruz, Luis Fernando Montaño y Léider Cárdenas murieron por disparos a la cabeza en un cañaduzal de la hacienda Las Flores.
Publicado por: Colprensa
Solo dos semanas después, el 28 de agosto, el fiscal Francisco Barbosa y el presidente Iván Duque viajaron a esa ciudad y anunciaron la resolución del caso. “Dieciséis días bastaron para que el equipo investigativo lograra esclarecer los hechos y la captura de Yefferson Marcial Angulo y Juan Carlos Loaiza”, dijo Barbosa complacido. Gabriel Alejandro Bejarano, el principal sospechoso, sigue en fuga.
Pero Álvaro Caicedo, padre de uno de los jóvenes, no está satisfecho. “Me mataron a mi hijo; he buscado justicia. Fueron cinco niños que asesinaron aquí. Somos un pueblo entero clamando justicia”, dijo cuando visitó el lugar de la masacre. Ese 11 de agosto los cinco chicos salieron de sus casas a comer caña y a elevar cometas en los cañaduzales junto a Llano Verde, un barrio construido hace menos de diez años, donde viven víctimas del conflicto, desplazados y reinsertados de grupos ilegales.
La Liga Contra el Silencio habló con familiares de uno de los jóvenes y uno de sus abogados; entrevistó a varios investigadores; revisó las necropsias; leyó las entrevistas a dos detenidos y un testigo, así como informes de cuatro allanamientos. También visitó la escena del crimen y los puestos de vigilancia de la empresa Control Interno y Transporte, antes llamada Búho, donde trabajaban Loaiza y Bejarano.
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El resultado de la investigación contiene hipótesis que se cruzan sin respuesta. Un entramado que une a personas con antecedentes judiciales y detenciones domiciliarias, con redes de invasores de predios y traficantes de armas.
Mientras las versiones oficiales intentaban responder con capturas inmediatas, diversas notas se publicaron sobre el asesinato de los adolescentes. Pero nada se ha dicho sobre la red de crimen organizado que rodea el caso, los cabos sueltos y las omisiones del sistema judicial con el principal implicado.
¿Quién los mató?
La investigación arrojó que Bejarano, alias ‘El Mono’, fue quien supuestamente disparó cinco tiros de un revólver calibre 38 contra los jóvenes. Así lo aseguraron los detenidos, Angulo y Loaiza. El primero trabajaba como operario de máquinas en AIRO, una empresa de ingeniería que realiza obras en el jarillón del río Cauca (una barrera construida por la Corporación Autónoma Regional para evitar inundaciones). El segundo era vigilante de la empresa Control Interno y Transporte, subcontratada para cuidar las máquinas y acompañar a los ingenieros de estas obras, ubicadas junto a la finca donde hallaron los cadáveres.
Bejarano, por su parte, no tenía un empleo formal. A veces trabajaba como vigilante para Control Interno y Transporte. Él recomendó a Loaiza para su actual cargo en esa empresa. Sobre Bejarano confluyen dos estructuras delincuenciales: una red de invasores de tierra y otra de tráfico de armas.
Sin embargo, la hipótesis que el fiscal Barbosa resaltó tras el múltiple homicidio es simple: en un ataque de intolerancia, Bejarano mató a los menores porque entraron sin permiso al lugar para comer caña. Bejarano, delgado y de baja estatura, es un hombre callado, pero en los barrios Pizamos III, Villaluz y Villa Mercedes, donde vivió varios años, muchos le temen. Angulo y Loaiza también.
Uno de los investigadores dice que Bejarano inspira temor porque, según los vecinos, “tiene muchos muertos encima”. Además, dos familias ligadas a los negocios de invasiones ilegales lo protegen.
Cuando ocurrió la masacre, Bejarano vivía en una habitación del barrio República de Israel, pero su familia ya había vivido en la zona de Pizamos III y en Villa Mercedes. En este sector la Policía lo capturó dos veces por porte ilegal de armas. En 2011 fue detenido con un maletín donde llevaba un revólver 38 con seis cartuchos y una pistola CZ Browing 7,65 con silenciador. En 2012 lo detuvieron con un revólver 38. Según el reporte, Bejarano opuso resistencia y golpeó a uno de los policías, mientras varias personas del barrio atacaron a los uniformados para evitar la captura.
Tras el primer hecho lo condenaron a tres años y tres meses de prisión por los delitos de tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares, pero le dieron prisión domiciliaria. Por el segundo caso la condena fue de siete años, 10 meses y 15 días. El juez lo envió a la cárcel de Villahermosa en Cali.
Llano verde
Según el proceso de la rama judicial, con los expedientes de los jueces de ejecución de penas, en enero de 2013 le negaron la detención domiciliaria, pero luego fue concedida. El dato no aparece en el proceso y se desconoce la razón del beneficio.
En el expediente de Bejarano se indica que en mayo de 2013 le revocaron esa detención domiciliaria. Según un informe publicado en septiembre pasado por El Tiempo, perdió el beneficio porque el Inpec no lo encontró en su casa. Tres años después, en enero de 2016, recibió otra vez casa por cárcel. Entonces no le pusieron brazalete. El Tiempo citó a una fuente del Inpec: “En 2018 los guardianes que fueron a verificar la situación de Bejarano notificaron que en dos ocasiones no lo encontraron en su casa”, dijo. Se desconoce por qué no suspendieron el beneficio.
Tras la masacre, el abogado Jonathan Velásquez Sepúlveda, quien representa a cuatro de las cinco familias, ha cuestionado tanto al Inpec como a la justicia por la grave falta de controles. Cuando ocurrió la masacre, Bejarano ya había cumplido su condena. En el listado de decisiones aparece una anotación de pena cumplida. Esta anotación, fechada el 8 de agosto, fue subida al sistema después de la masacre. Otra anotación, del 20 de agosto, pide a la cárcel de Villahermosa las actas de visita al domicilio de Bejarano. La última, del 28 de agosto, menciona dos visitas del Inpec a esa vivienda, el 27 de agosto y el 14 de septiembre pasado.
Los antecedentes de Bejarano son otra pieza del rompecabezas. En el historial de la rama judicial un detalle llama la atención: en ambos casos lo defendió Germán Bolaños, un conocido penalista caleño investigado en 2014 por concusión (delito cometido cuando un servidor público presiona a alguien para que entregue dinero al mismo servidor a un tercero) y luego absuelto. Bolaños trabajó en casos como el de 13 presuntos miembros de una red de testaferros de las Farc, y en el de alias ‘El Inválido’, señalado como narcotraficante pedido en extradición.
“No es un abogado barato. Un delincuente de poca monta no puede pagar sus honorarios”, dijo un colega penalista. “Es abogado de personas medio pesadas, no de cualquiera”, confirmó un investigador del CTI experto en narcotráfico.
El rumbo de la investigación
Apenas ocurrió la masacre, los criminalistas del CTI realizaron la inspección de la escena. Un grupo de investigadores hizo entrevistas en Llano Verde. Como los familiares insistieron en que encontraron policías en la escena y les pareció sospechoso, los investigadores verificaron la presencia de uniformados y vigilantes del cañaduzal.
Esa noche, mientras Ruby Cortés y Álvaro Caicedo buscaban a sus hijos, empleados de la finca Las Flores hallaron los cadáveres en ese predio. Los trabajadores llamaron al CAI de la Policía de Ciudad Jardín, quienes llegaron al sitio. Esto se prestó para una confusión, pues el lugar es jurisdicción policial de una estación diferente.
Todo esto fue reconstruido por los investigadores del CTI, quienes descartaron la participación de policías y empleados de la finca en la masacre. Así lo confirmó uno de ellos. El abogado Elmer Montaña, quien ha tenido acceso al proceso como defensor de la familia Caicedo, corroboró esta conclusión.
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Otro grupo de investigadores entrevistó a habitantes de Llano Verde. Una persona contó que semanas atrás, unos jóvenes que cruzaban el sector fueron interceptados por dos hombres. Los hicieron tender en el piso y les tomaron fotos. Uno de ellos envió las imágenes por su celular. Cuando recibió respuesta, los dejó ir. Al parecer buscaban a alguien. Los peritos realizaron un retrato hablado de esos dos hombres.
Otro grupo recopilaba información de las fincas cañeras y de los trabajadores del jarillón. El lugar donde encontraron a las víctimas está junto a una carretera paralela que desemboca en el río Cauca. Allí AIRO Constructores, una empresa de Tunja, realiza obras. Esta empresa contrató a Control Interno y Transporte para servicios de seguridad y transporte.
Ese grupo de investigadores fue el que habló con Jhon Vera, y con ese testimonio allanaron en la madrugada del 28 de agosto tres viviendas en los barrios República de Israel y Marroquín II en busca de Loaiza, Angulo y Bejarano. Los dos primeros fueron detenidos, pero Bejarano no estaba en su habitación. A los detenidos les imputaron los delitos de homicidio agravado y porte de armas. Aunque no aceptaron los cargos, en una entrevista con la Fiscalía reconocieron que presenciaron el crimen.
En sus testimonios señalaron a Bejarano como la persona que disparó contra los jóvenes. Angulo dijo que a las 11:00 de la mañana estaba a menos de un kilómetro del cañaduzal. Allí Bejarano lo invitó a fumar marihuana. Llegaron al cañaduzal y encontraron a unas personas. “‘Él (Bejarano) coge un radio y llama a un compañero y le dice venga que acá unos manes van a robar. El muchacho llega”.
Según Angulo, Bejarano hizo arrodillar a los jóvenes, con el rostro hacia abajo y las manos hacia arriba. “Les decía que no lo miraran, que los iba a matar. Yo llegué y voté los cuchillos para el monte como un lado y escuché cinco detonaciones”.
El testimonio de Loaiza es similar, aunque con algunas contradicciones. Los investigadores creen que la participación de estas dos personas en el caso no es del todo inocente. Los disparos salieron de una sola arma, pero uno de ellos tenía golpes en el abdomen y otro dos heridas en el cuello.
Además, los expertos en morfología del CTI encontraron coincidencias entre un retrato hablado mencionado anteriormente y el rostro de Loaiza. Al parecer fue él quien detuvo semanas atrás a otros jóvenes en esa misma zona.
Los Mercado
Los interrogatorios de Angulo y Loaiza arrojaron otra pista. Ambos aseguraron que Bejarano, luego del crimen, los visitó para amenazarlos. “Cuando llegué a mi casa como a las cinco de la tarde de laborar, llegó Alejandro en una camioneta azul oscura. Me hace subir en la parte de atrás, (...) me empieza amenazar y me muestra el revólver”, contó Loaiza. La persona que conducía fue identificada por las autoridades como Daniel Jiménez. Esta no es la única relación de Jiménez con Bejarano.
