La decisión no cierra el caso con Industria y Comercio, pero sigue abierta contra los implicados: la Dimayor y cinco clubes de la Liga y el Torneo BetPlay.
La Corte Constitucional dejó sin efecto la millonaria sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra varios clubes del FPC y la Dimayor, en un caso que gira alrededor de presuntas prácticas que habrían limitado la libre competencia en el mercado de jugadores.
El fallo no exonera de fondo a los implicados, pero sí cambia el rumbo inmediato del proceso, la investigación deberá retroceder y, por ahora, no habrá lugar al pago de multas.
En términos prácticos, el expediente vuelve a una etapa previa, lo que abre la puerta a nuevas valoraciones jurídicas sobre las conductas señaladas.
¿Cuáles eran los equipos señalados del fútbol colombiano?
En su momento, la SIC concluyó que cinco clubes —Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Deportivo Pasto, Envigado y Atlético FC— junto con la Dimayor, habrían estructurado un sistema para frenar la movilidad de futbolistas en el país.
Según la autoridad, este mecanismo se sustentaba en tres prácticas concretas que, en conjunto, afectaban el normal desarrollo del mercado laboral deportivo.
La primera consistía en el intercambio de comunicaciones entre clubes, con conocimiento del ente rector del fútbol profesional, donde se compartía información sensible sobre jugadores, estado contractual, antecedentes disciplinarios e incluso solicitudes de terminación de vínculo.
Para la SIC, este tipo de circulación de datos entre competidores rompe las reglas básicas de la libre competencia.
El segundo punto apuntaba a la existencia de un denominado “pacto de caballeros”, presentado como un acuerdo ético o de solidaridad entre clubes.
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En la práctica, este código informal habría servido para desincentivar la contratación de futbolistas en determinadas condiciones, generando barreras que, aunque no necesariamente ilegales en apariencia, sí restringían la dinámica del mercado.
Finalmente, la participación de la Dimayor fue considerada clave dentro del esquema. La entidad, al actuar como intermediaria o difusora de ciertas comunicaciones, habría otorgado legitimidad a estas prácticas, reforzando su impacto dentro del ecosistema del fútbol colombiano.
Para la Superintendencia, el conjunto de estas conductas constituía una estrategia que limitaba la negociación y contratación de jugadores, afectando no solo la competencia entre clubes, sino también los derechos laborales de los futbolistas.
El organismo defendió que el respeto a la libre competencia es esencial para garantizar mejores condiciones salariales, crecimiento profesional y libertad de elección para los deportistas.
Ahora, con la intervención de la Corte Constitucional, el caso entra en una nueva fase.
Aunque el caso de fondo sigue abierto, la decisión representa un giro significativo que obliga a replantear el proceso y sus fundamentos.
El futuro de la investigación, y eventualmente de posibles sanciones, dependerá de cómo se reevalúen las pruebas y los argumentos en este nuevo escenario.
