Petro revive por decreto los ‘megasindicatos’ que hundió el Congreso: ¿afectará a empresas en Santander?

El Gobierno Petro expidió un decreto para la creación de sindicatos por sectores, un punto que había sido hundido en la reforma laboral. La norma podría ser demandada ante el Consejo de Estado.

Publicado por: Redacción Economía

Con la expedición del decreto número 234 de 2026, el Ministerio de Trabajo abrió la puerta a la consolidación de sindicatos por sectores, un punto que ya se había negado en el Congreso de la República en el trámite de la reforma laboral.

Una de las principales alertas para los empresarios del país es la posibilidad de que se creen “megasindicatos” por sectores con la capacidad de negociar condiciones laborales para segmentos económicos completos.

En ese sentido, gremios como Fenalco advierten que esta situación pondría contra las cuerdas a las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Por su parte, el Gobierno defiende el decreto señalando que la decisión tiene condiciones especiales para este tipo de empresas. Puede interesarle: Así crecería el hueco del FEPC con incremento del petróleo: Gobierno no descarta aumentos en la gasolina

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“Esta medida podría representar nuevas cargas salariales significativas para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que tendrían que asumir obligaciones derivadas de negociaciones en las que no tuvieron representación directa”, explicó el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal.

El punto álgido en el debate sobre este decreto tiene que ver con la legalidad de esta medida.

Aunque el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha defendido la determinación y ha reiterado que el decreto tiene sustento, algunos abogados ponen en tela de juicio dicha determinación.

Por ejemplo, el abogado Camilo Cuervo, socio de Holland & Knight, es una de las voces que advierte este escenario.

“El decreto es abiertamente ilegal porque todo el tema regulatorio relacionado con el ejercicio del derecho de huelga se tiene que hacer por ley. Inclusive, se discute si esa ley debe tener carácter estatutario porque el derecho de huelga es un derecho humano fundamental”, dijo el abogado.

El experto recordó que este mismo punto se intentó tramitar en el Congreso de la República en la discusión de la reforma laboral. “El mismo Gobierno reconoció, desde un primer momento, que esto tenía reserva legal y que lo tenía que tramitar el Congreso”, agregó Cuervo.

Adicionalmente, el abogado explicó que este decreto termina perjudicando a las pequeñas organizaciones sindicales. En el papel, los grandes beneficiados son los sindicatos más robustos.

Frente a las acciones legales que se pueden emprender contra este decreto, Fabrizio Gasca, abogado líder en Derecho Laboral, Seguridad Social y Colectivo de Scola Abogados, explicó cuál sería el camino para una eventual demanda.

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“El decreto puede ser demandado por inconstitucionalidad ante el Consejo de Estado, que ejerce control de legalidad. El camino es precisamente interponer una demanda, y se presume legal hasta que exista un pronunciamiento por parte de la entidad”, indicó Gasca.

Otra de las polémicas de este decreto emitido por el Ministerio de Trabajo tiene que ver con que los trabajadores que no estén afiliados al sindicato que negoció en el sector también tendrían que pagar la cuota a dicha organización.

Sin embargo, el ministro de Trabajo ha negado esa posibilidad.

“Esta disposición desconoce abiertamente el derecho a no asociarse, principio que hace parte de la libertad sindical y está protegido por la Constitución”, dijo el presidente de Fenalco.

Una de las principales críticas a este decreto tiene que ver con los impactos que generaría a las micro, pequeñas y medianas empresas en el país (Mipymes), las cuales quedarían bajo estas negociaciones colectivas.

En el caso de Santander, 9 de cada 10 empresas hacen parte de este grupo, por lo que la preocupación está latente.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, defendió la medida y señaló que el decreto garantiza la sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes.

“Decir que el decreto asfixia a las MiPymes es faltar a la verdad. El decreto es claro: las MiPymes entran en la negociación sectorial. Sin embargo, podrán negociar la aplicación de medidas diferenciales y sostenibles, entendiendo sus limitaciones y capacidades económicas”, dijo Sanguino en sus redes sociales.

De hecho, el decreto tiene un artículo sobre la adaptabilidad para las Mipymes.

“La convención colectiva no podrá imponer obligaciones económicas que, por su desproporción manifiesta, comprometan la sostenibilidad financiera de las Mipymes o desconozcan la libertad de empresa”, reza la norma.

Asimismo, el decreto señala que las partes deberán dejar constancia en la convención sobre las medidas adoptadas para evitar este impacto desproporcionado.

Para el abogado Cuervo, este punto no tendría mayor relevancia, pues en el decreto se exigiría la aplicación de las decisiones tomadas en la mesa sectorial.

“En la parte final del decreto exige que cualquier decisión que se tome en una mesa de industria regional o sectorial se extienda a todos los empleadores sin distinguir exactamente su tamaño, y que todos los trabajadores sindicalizados o no, que eventualmente se lleguen a beneficiar de esa convención regional o gremial, terminen aportándole a un sindicato al que ni siquiera pertenecen o al que no están afiliados”, indicó Cuervo.

Frente a ese punto, el abogado Gasca señaló que el decreto plantea que los acuerdos logrados en instancias multinivel deben tener cláusulas de adaptabilidad para Mipymes.

“En principio, sería obligatorio salvo en aquellos márgenes en los que expresamente se excluya a las Mipymes, o cláusulas que puedan renegociar según sus condiciones particulares”, dijo el jurista.

Frente a este tipo de debates, el presidente de Fenalco reiteró que ese tipo de proyectos deberían tramitarse en el Legislativo.

“Este tipo de cambios en el modelo de negociación laboral deberían debatirse en el Congreso, y no implementarse mediante regulación administrativa, dada la magnitud de sus efectos sobre trabajadores, empresas y el mercado laboral en general”, dijo Cabal.

Aunque algunas organizaciones sindicales celebraron la determinación del Gobierno, hay otros sindicatos que mostraron su descontento.

En el caso de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, celebraron esta determinación del Gobierno y advirtieron que trae ventajas para el sector. “Ahora podrá realizarse por rama de actividad, grupo empresarial y, en algunos casos, a nivel nacional, fortaleciendo a los sindicatos y los derechos laborales”, señaló esa organización sindical.

En contraste, Alejandro Ospina Angarita, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia (Utipec), fue una de las voces que sentó su voz de protesta ante este nuevo decreto. De hecho, advirtió que esta estrategia llevaría al “unicato”.

“Lo advertimos desde el primer día: se está perfeccionando una jugada ideológica para imponer vocerías únicas y obligar a todos los trabajadores a financiar estructuras sindicales específicas mediante cuotas obligatorias, vulnerando el derecho constitucional a elegir libremente quién los representa”, señaló Ospina.

Para este sindicato, se trataría de una “política para asfixiar la libertad de asociación y la competitividad del sector productivo”.