Tras conocerse la decisión de la Corte Constitucional en el sentido de que las consultas populares no podrán limitar los proyectos extractivos en los territorios, mandatarios locales, ambientalistas y mineros dieron a conocer a Vanguardia.com su posición de rechazo.
Publicado por: Claudia Isabel Delgado
Habitantes del municipio de El Peñón, provincia de Vélez, buscaban realizar una consulta popular minera para preguntarle a la población si estaba de acuerdo o no con las actividades de explotación. Esta consulta fue frenada una vez por la Registraduría y ahora por la Corte Constitucional.
El alto tribunal aprobó la ponencia de la magistrada Cristina Pardo quien aseguró que se debe tener en cuenta que el Estado es el propietario de los recursos del suelo y el subsuelo de la nación, lo cual trasciende los intereses regionales y municipales. Con la decisión, el mecanismo de participación ciudadana quedó en veremos.
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“Hoy en día no podemos hablar de que las decisiones de la Corte son permanentes. Hoy dijeron que no, no sabemos qué va a pasar mañana. Sin embargo, si existe incertidumbre jurídica para los municipios y las empresas”, señaló Francisco Cruz, Alcalde de El Peñón.
A pesar del pronunciamiento del alto tribunal, en El Peñón sigue tomando fuerza convocar al pueblo a la consulta.
“Nosotros vamos a pedir la consulta. Vamos a seguir concientizando la gente. Hoy más que nunca hay que pedirle a la comunidad que permanezca unida en defender sus territorios, en defender el agua, los ecosistemas estratégicos”, señaló el mandatario local.
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En días pasados cerca de 150 personas realizaron una protesta pacífica en California, Santander, a través de la cual, entre otras cosas, solicitaban la realización de una consulta popular para impedir la minería a gran escala en su municipio. Hoy, la decisión de la Corte no es para ellos un impedimento.
“Las consultas populares son un derecho adquirido desde la constitución de 1991 y creo plenamente que se debe hacer realidad, nada ni nadie lo debe impedir. Vamos a seguir en la lucha, vamos a exigir nuestros derechos”, afirmó Wendy Salamanca, minera artesanal de California.
Una mala noticia para la democracia
La votación, que dejó en vilo este mecanismo de participación ciudadana, consideró que si el Gobierno Nacional tiene competencias sobre el suelo y el subsuelo, entonces las autoridades territoriales no pueden vetar la explotación de los recursos naturales no renovables.
Ante esto, Óscar Sampayo, ambientalista santandereano, indicó que “hay otras instancias para seguir luchando por el ecosistema. Contamos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una decisión que da tristeza pero no nos podemos quedar ahí, vamos a generar otros mecanismos para contrarrestar esta imposición que se presenta en el país”.
Un concepto similar tiene Gonzalo Peña, docente de la UIS y ambientalista. “No se ha perdido nada, hay otra cantidad de acciones que se van a desarrollar. Cuando una causa es justa y existen las herramientas para probarlo, esto no es más que un tropiezo”, aseguró.
Hasta la fecha, en el país se han desarrollado nueve consultas populares en las que las comunidades han manifestado su deseo de que en sus territorios no haya minería.
