La Constitución Política de Colombia cumple 35 años. Expertos explican los hitos más importantes de la Carta de 1991, desde el reconocimiento de la diversidad étnica hasta las tareas pendientes en descentralización y debilidad institucional.
Publicado por: John Arias
La Constitución Política de Colombia cumple 35 años. Expertos explican los hitos más importantes de la Carta de 1991, desde el reconocimiento de la diversidad étnica hasta las tareas pendientes en descentralización y debilidad institucional.
Hace 35 años, Colombia dejó atrás una Constitución que había regido durante más de un siglo para adoptar un nuevo pacto político y social que redefinió la relación entre el Estado y los ciudadanos. Le puede interesar: Cuando la opinión política se convierte en un ataque personal: ¿Qué hacer?
La Constitución de 1991 no solo modernizó las instituciones. También convirtió al ciudadano en el centro del ordenamiento jurídico, fortaleció la democracia participativa, reconoció la diversidad cultural del país y creó mecanismos para hacer efectivos los derechos fundamentales.
Para Ángela María Andrade Perdomo, abogada y magíster en Derechos Fundamentales, el cambio más profundo fue la transición hacia un Estado Social de Derecho. “Eso le impone obligaciones al Estado para garantizar materialmente los derechos fundamentales y la igualdad de las personas”, explica.
La diferencia no es menor. Mientras el antiguo Estado de Derecho privilegiaba el cumplimiento de las leyes, el nuevo modelo exige que las instituciones trabajen para hacer efectivos derechos como la salud, la educación y la igualdad.
Del ciudadano espectador al ciudadano protagonista
La Constitución de 1991 también cambió la manera como los colombianos participan en las decisiones públicas. Además del voto, la Carta introdujo mecanismos como el referendo, el plebiscito, la consulta popular, el cabildo abierto y las iniciativas legislativas ciudadanas, para que la población pudiera intervenir directamente en los asuntos públicos.
El abogado Camilo Cuervo, socio de la firma Holland & Knight, considera que estas herramientas sí han tenido un impacto en la democracia colombiana. “Prácticamente todos los mecanismos de participación previstos en la Constitución se han utilizado”, afirma. Como ejemplo, menciona el plebiscito por el Acuerdo de Paz y las iniciativas legislativas impulsadas por los ciudadanos.
La tutela: la innovación que acercó la justicia
Si hay un mecanismo que simboliza el espíritu de la Constitución del 91 es la acción de tutela. Creada para proteger de manera inmediata los derechos fundamentales cuando estos son vulnerados, la tutela revolucionó el acceso a la justicia en Colombia.
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“Sin formalidades, sin costos y en muy poco tiempo, cualquier persona puede acudir ante un juez cuando exista una vulneración de un derecho fundamental”, explica Andrade.
Para la experta, esta herramienta no solo permitió resolver miles de casos relacionados con salud, educación, libertad de expresión o debido proceso, sino que también fortaleció la conciencia ciudadana sobre la existencia de derechos exigibles.
Cuervo coincide en que la tutela “generó un cambio rotundo en el esquema jurídico colombiano” y convirtió la defensa de los derechos humanos en un proceso mucho más eficaz y accesible.
Una Constitución que reconoció la diversidad
De acuerdo con la abogada, otro de los avances más significativos fue la ampliación de la carta de derechos. La Constitución reconoció la diversidad étnica y cultural del país, fortaleció la protección de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes, reforzó los derechos de la niñez y avanzó en garantías para poblaciones históricamente discriminadas.
También consolidó principios como la igualdad entre hombres y mujeres, la libertad religiosa y la protección especial para personas mayores, personas con discapacidad y otros grupos en condición de vulnerabilidad.
Con el paso de los años, la interpretación de la Corte Constitucional ha ampliado aún más ese catálogo de derechos, incorporando nuevas garantías relacionadas con la dignidad humana, la identidad de género, la muerte digna y la protección de diversos grupos poblacionales.
La descentralización: una tarea todavía inconclusa
Uno de los objetivos de la Constitución fue otorgar mayor autonomía a las regiones. Aunque ambos expertos consideran que ha habido avances importantes, coinciden en que el proceso aún está lejos de completarse.
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Cuervo destaca que departamentos con mayor capacidad administrativa han logrado ejercer esa autonomía mediante proyectos financiados con recursos propios, pero advierte que todavía hace falta definir claramente qué competencias y recursos deben asumir las entidades territoriales.
Para Andrade, el problema no es únicamente administrativo. “La territorialización del acceso a los derechos sigue siendo una deuda”, señala.
Explica que aún existen profundas desigualdades entre las regiones y que el acceso a servicios públicos, salud, educación y justicia depende, en muchos casos, de la cercanía con los grandes centros urbanos.
El reto ya no es cambiar la Constitución
A pesar de los avances, los especialistas coinciden en que el principal desafío no pasa por redactar una nueva Constitución ni por ampliar el listado de derechos.
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“Más allá de hacer una nueva Constitución, lo primero que debemos hacer es cumplir la que ya existe”, sostiene Andrade.
La jurista considera que los mayores obstáculos siguen siendo la debilidad institucional, la corrupción, la violencia, las dificultades para implementar políticas públicas y las barreras que enfrentan muchas comunidades para ejercer plenamente sus derechos.
Entre las tareas pendientes menciona la consolidación de una paz estable y duradera, el fortalecimiento de la participación ciudadana, la protección de los líderes sociales y la reducción de las profundas brechas territoriales que aún persisten.
En ese sentido, el balance de estos 35 años resulta, para los expertos, ampliamente positivo. La Constitución transformó la manera de entender el Estado, fortaleció el control constitucional, acercó la justicia a los ciudadanos y consolidó una cultura de derechos que antes era inexistente.
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Sin embargo, coinciden en que el verdadero desafío continúa siendo convertir esas garantías escritas en una realidad para todos los colombianos, sin importar el lugar donde vivan o su condición social.
Treinta y cinco años después de su promulgación, la mayor fortaleza de la Constitución de 1991 sigue siendo la misma que inspiró a sus constituyentes: recordar que el centro del Estado no son las instituciones, sino las personas y la protección efectiva de su dignidad.
Derechos que transforman la vida cotidiana
Más que un conjunto de normas, la Constitución Política de 1991 es la base que define la forma en que convive la sociedad colombiana. Expertos recuerdan que muchos de los derechos que hoy parecen cotidianos, como presentar un derecho de petición, defender el buen nombre o acceder a la tutela para reclamar atención en salud, tienen su origen en la Carta Política.
La Constitución Política de Colombia es el principal instrumento para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y establecer las reglas que sostienen la democracia. Aunque suele asociarse con un documento jurídico, constitucionalistas coinciden en que su impacto va mucho más allá de los tribunales: está presente en decisiones y situaciones cotidianas.
“Desde 1991, Colombia tiene una Constitución que es una norma jurídica. Esto le ha permitido a toda la ciudadanía ser consciente de tener derechos: derecho a escoger, derecho a ser libres y derecho a ser tratados de manera igual”, explica Floralba Padrón Pardo, docente de Derecho Constitucional de la Universidad Externado.
La académica señala que la Carta Política también protege la democracia al establecer las reglas para acceder al poder, limitar sus abusos y garantizar tanto las decisiones de las mayorías como la protección de las minorías. “Eso nos convierte en un Estado constitucional democrático”, afirma.
Uno de los principios que más ha transformado la vida de miles de personas es el libre desarrollo de la personalidad, consagrado en el artículo 16. Chloe Luxanna Pinilla relata que el cambio de nombre fue uno de los pasos más importantes durante su proceso de transición de género. Antes se llamaba Mateo, pero, al reconocer su identidad como mujer, inició el trámite recomendado por su médico antes del tratamiento hormonal. “Para mí esas palabras significan poder vivir siendo quien soy sin esconderme”, afirma sobre el artículo constitucional que garantiza a todas las personas el derecho a desarrollar libremente su personalidad.
Aunque el trámite administrativo implica actualizar documentos y registros oficiales, considera que ese reconocimiento legal representa mucho más que un cambio en la cédula: valida su identidad y facilita su integración social.
La Constitución también creó herramientas para que los ciudadanos puedan relacionarse con las autoridades sin necesidad de intermediarios. Alejandro Franco recuerda que, junto con sus vecinos, necesitaban un puente peatonal para cruzar una avenida de manera segura. En lugar de resignarse, acudió al derecho de petición, contemplado en el artículo 23. “Escribí qué estaba pasando, qué necesitábamos y dejé mi correo para recibir la respuesta. No necesité abogados, contactos ni pagar nada”, cuenta.
Este mecanismo permite que cualquier persona presente solicitudes respetuosas a las autoridades, por motivos de interés general o particular, y obtenga una respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley.
En la era de las redes sociales, los derechos constitucionales también tienen aplicación en el entorno digital. El director del programa de Derecho de la Universidad Icesi, Juan Fernando Arenas, plantea el caso de una emprendedora hotelera cuya reputación fue afectada luego de que una creadora de contenido la acusara públicamente de robo sin aportar pruebas.
Según el jurista, la Constitución protege el buen nombre y el honor, consagrados en los artículos 15 y 21. Cuando una publicación falsa causa un daño grave a la reputación de una persona, es posible acudir a la acción de tutela para solicitar que el contenido sea retirado y que se ordene una rectificación con el mismo alcance de la información difundida. “Las redes sociales no son una zona sin reglas”, enfatiza.
Otra de las herramientas más utilizadas por los colombianos es la acción de tutela para reclamar la protección del derecho a la salud. La profesora Lina Fernanda Buchely, de la Universidad Icesi, explica el caso de una persona mayor con una enfermedad crónica que lleva meses esperando que su EPS le entregue un medicamento indispensable para su tratamiento.
En situaciones como esa, señala, el artículo 49 de la Constitución reconoce la salud como un derecho de todas las personas y permite acudir a la tutela cuando la atención médica se retrasa injustificadamente. “Es una acción rápida y expedita para combatir ese tipo de problemas”, explica.
La Constitución también protege la libertad de conciencia y de cultos. Mauricio Rangel recuerda que, al comenzar a trabajar en una empresa, decidió no participar en las novenas navideñas porque practica el budismo. Su negativa generó un trato desfavorable por parte de su superior. Le puede interesar: De La Espriella responde a llamados de desobediencia civil: “Todo lo que esté fuera de la ley será enfrentado”
Tras conocer que el artículo 19 garantiza la libertad religiosa y prohíbe la discriminación por motivos de fe, presentó una queja ante el área de recursos humanos. “Tenía miedo de perder mi trabajo, pero conocer mis derechos me dio herramientas para poder exigirlos”, relata.
Aunque la Constitución no menciona expresamente el derecho a morir dignamente, la Corte Constitucional ha reconocido este derecho a través de su jurisprudencia. Con base en principios como la dignidad humana (artículo 1), el derecho a la vida en condiciones dignas (artículo 11) y el libre desarrollo de la personalidad (artículo 16), desde 2021 una persona que padezca una enfermedad grave e incurable puede solicitar la eutanasia, siempre que exista consentimiento libre e informado y el procedimiento sea realizado por un médico.
Para los expertos en derecho constitucional, este es uno de los ejemplos de cómo la Carta Política mantiene vigencia a través de las interpretaciones que realiza la Corte frente a los nuevos desafíos sociales.
Treinta y cinco años después de su entrada en vigor, la Constitución de 1991 sigue siendo el marco que define los derechos, los deberes y las garantías de los colombianos. Más allá de ser un texto jurídico, es una herramienta que permite a los ciudadanos participar en la democracia y exigir el cumplimiento de sus derechos.
