jueves 29 de agosto de 2019 - 12:18 PM

Anla reconoce intervinientes para proceso de licencia ambiental de Minesa en Santander

Con esto, los ciudadanos reconocidos como terceros intervinientes podrán impugnar o aportar un recurso frente a la decisión de negar o permitir la licencia ambiental al proyecto de minería de Minesa.
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La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, reconoció como interviniente a 9.184 ciudadanos que habían iniciado un trámite administrativo dentro del proceso de licencia ambiental al proyecto de minería de Minesa.

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Esto significa que la Anla le reconoce el derecho a participar en dicho trámite y en consecuencia deberá notificarlos de las actuaciones que hagan. Además, este grupo de personas podrán aportar los documentos de discusión y en caso de que sea otorgado el permiso a Minesa para realizar la actividad minera en Soto Norte podrá interponer los recursos pertinente para solicitar la revocatoria de la decisión.

“Lo más importante de los terceros intervinientes es que podrán aportar dentro del expediente ambiental elementos de discusión, interponer los recursos ante la decisión de negar o visibilizar la licencia ambiental, y, por su parte, la autoridad ambiental tendrá que notificarlo de las actuaciones”, explicó Hernán Morantes, abogado del Comité para la defensa del agua y el Páramo de Santurbán.

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La Anla comunicó, en relación con los terceros intervinientes dentro de los procedimientos administrativos ambientales, el artículo 69 de la Ley 99 de 1993 señala, que: “cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales”.

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No obstante, dicha norma precisa que la intervención de los 9.184 ciudadanos en los trámites ambientales se restringe a actuaciones administrativas iniciadas para la expedición de instrumentos administrativos de manejo ambiental de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, para la cancelación (o revocatoria) de instrumentos administrativos de manejo ambiental de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, para la imposición de sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales, y para la revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales.

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