miércoles 01 de mayo de 2019 - 12:00 AM

Con la flexibilización laboral propuesta en el Plan de Desarrollo, se podría cotizar por menos del mínimo

Para la Ministra de Trabajo, Alicia Arango Olmos, si se reduce la carga regulatoria a las Mypimes se posibilita la formalización laboral y el aumento de la cobertura en seguridad social a empleadores, empresarios y trabajadores del sector urbano y rural.
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Con el fin de reducir la informalidad laboral en Colombia, que afecta al 63% del total de los ocupados en zona urbana que representa 13.7 millones de ocupados y al 85,5% en los territorios rurales que son 4.1 millones de ocupados, el Plan Nacional de Desarrollo contempla varias acciones. Entre ellas, flexibilizar la contratación laboral. Es decir, que los contratados por horas, días o jornadas incompletas puedan cotizar salud y pensión de acuerdo al salario que devengan no por el mínimo legal vigente como se hace actualmente.

No obstante, esto implicaría aceptar que en Colombia el salario mínimo legal vigente no sería de $828.116.

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Porque aquellas personas que ganan menos del mínimo estarían cotizando seguridad social de acuerdo a las horas trabajadas y no por mes. Actualmente, los trabajadores independientes no cuentan con la posibilidad de una pensión para su vejez, porque el dinero que ganan no les alcanza para aportar al sistema, y muy pocos realizan aportes voluntarios con los Beneficios Económicos Periódicos, Beps, por lo que no cuentan con seguro para su vejez.

Es decir, si un trabajador que solo labora tres horas al día porque no lo necesitan más, sus aportes se liquidarían por el tiempo trabajado y no por el salario mínimo como se hace hoy.

Para Diana Cuervo Díaz, experta en asuntos laborales, la idea es buena pero debe ser analizada junto con los gremios, sindicatos, empresarios y entidades del Gobierno, para trazar la ruta que genere más oportunidades laborales legales y formales, y no arriesgarse a que se quede en el papel.

“La carga prestacional que tienen las empresas colombianas está muy desfasada con respecto a otros países y América Latina, por lo que cada vez es más difícil crear empresas y generar empleos. La propuesta es innovadora pero se debe estudiar bien y no aprobar o desaprobar a pupitrazo”, comentó la experta laboral.

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Y es que de acuerdo con la ministra de Trabajo, Alicia Arango Olmos, el plan de acción para aumentar la formalización empresarial y reducir la informalidad laboral planteadas en el PND está encaminada a reducir la carga regulatoria, que permita la formalidad a través de la Ventanilla Única Empresarial.

“Así mismo, ya se han desarrollado iniciativas como la revisión de los requisitos para seguridad y salud en el trabajo para las empresas pequeñas. Hay que ayudar a los que quieren ser formales y retirar las barreras que se lo dificultan”, dijo la Ministra.

Con respecto a cómo reducir la brecha de empleo que existe entre las zonas rurales y urbanas, así como entre hombres y mujeres, la Ministra afirmó que uno de los principales problemas en la ruralidad son los mínimos niveles de protección social, debido a los bajos ingresos.

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“La apuesta principal es establecer el Piso de Protección Social que reconozca la dinámica de sectores como el rural, caracterizada por ocupaciones estacionales y de tiempo parcial. En cuanto al tema de brechas de género, estamos impulsando el Sello Equipares para un ambiente laboral más igualitario, así como reducir las barreras de inserción laboral para las mujeres que les reconozca la trayectoria ocupacional y aumente la probabilidad de su enganche laboral”, afirmó.

Primer empleo

De acuerdo con Cuervo Díaz, es importante fortalecer la política del primer empleo, para la población juvenil recién egresada que tiene pocas posibilidades de adquirir experiencia

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“El desempleo de los jóvenes está por encima del 40% y no se ven opciones laborales reales. Es preciso revisar junto con el Ministerio de Educación si las empresas no están ofreciendo oportunidades para dicha población, o el problema radica en que las universidades no están capacitando de acuerdo a las demandas del mercado laboral del país. Es urgente actualizar el Código Sustantivo del Trabajo que es de 1951, cuando no existían alternativas de empleo como Uber, Rappi y muchas otras que se están generando con las nuevas tecnologías ”, explicó.

Las apuestas laborales en el PND
De acuerdo con Rafael Puyana, subdirector general sectorial del DNP, la apuesta del Gobierno Nacional en materia de promoción de la formalización empresarial planteada en el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, tiene las siguientes metas a 2022, aumentar la tasa de formalidad laboral del 36,8% en 2018 al 41,2%.
“Así mismo, se planea vincular 1.000 empresas al Programa de Crecimiento Empresarial para la Formalización, así como acercarnos a las mejores prácticas en facilidad para abrir empresas, esto es incrementar el indicador de distancia a la mejor práctica mundial en apertura de negocios del informe Doing Business del Banco Mundial, de 85,3 a 88 puntos, entre el 2018 y 2022, con esto igualar las mejores prácticas en Latinoamérica. El PND también contempla incrementar el porcentaje de creación de nuevas empresas registradas del 2,9% en 2018 al 3,5% en 2022”, informó el funcionario.
Sin embargo, debido a la importancia que tiene la promoción de la formalización en el país, anotó el subdirector general sectorial del DNP, “desde el Gobierno se aprobó la Política de Formalización Empresarial con un horizonte de tiempo de 10 años (2018 – 2028), con lo cual se asegura el desarrollo de acciones que mejoren la formalización, no solo durante el Gobierno en curso, sino que se convierta en una política nacional”.
El vocero del DNP afirmó que la informalidad no se puede seguir viendo como un estado binario de cumplimiento o incumplimiento, sino abordada desde sus diversas dimensiones.
“De acuerdo con los diagnósticos realizados por el DNP para la elaboración de la Política Nacional de Formalización Empresarial (Documento Conpes 3956), se encontró que un emprendimiento formal típico asume un costo adicional de entre el 34% y el 46% de la utilidad bruta respecto a uno informal, en donde los costos tributarios y laborales representan la mayor proporción del total de costos”, anotó.
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