En el documento se lee que en vista de la necesidad que tienen las empresas del país por generar más oportunidades de empleo, quitar este pago podría ser un respiro para las compañías, que según ese gremio equivalen al 1% del valor de la nómina.Para Iván Daniel Jaramillo, profesor de Derecho y Seguridad Social de la facultad de Jurisprudencia e Investigador del Observatorio Laboral de la U. del Rosario, esta propuesta no es viable, puede generar un efecto colateral en el consumo de los trabajadores y no representaría en la generación de empleo en el país.“El interés a la cesantías es una prestación accesoria al auxilio de las cesantías, creada en el año 75, equivalente al 12% anual sobre el valor de esta prestación social para reconocer ese tiempo que tiene el empleador este dinero antes de consignarlas”, aseguró Jaramillo.Lea también: Eco Oro pide US$736 millones a ColombiaEl experto aseveró que el poder adquisitivo de los trabajadores colombianos es muy bajo, dada la diferencia entre el salario mínimo y el valor de la canasta familiar, lo que deterioraría la capacidad de consumo y adquisitiva con la propuesta de Anif, afectando directamente la economía nacional en la comercialización de bienes y servicios. La propuesta de Anif sale “dado que sus inversiones (las de las cesantías) en AFPs (fondos privados) ya reconocen intereses reales que han venido promediando un 3% anual en 2005-2018”.Jaramillo considera que disminuir en forma peyorativa el reconocimiento de las prestaciones sociales de los trabajadores para generar empleabilidad es una formula ineficiente desde el punto económico y calificada como formalización no admisible por la OIT porque el trabajo no es una mercancía sino humano que tiene contenidos de vitalidad y decencia que defiende el organismo, y de justicia y dignidad que defiende la justicia colombiana. Este pago es equivalente al 12% anual del pago de las cesantías. Se consigna a más tardar el 31 de enero. Una posible nueva reforma laboral, según Anif, debería tener otra serie de iniciativas además de esta. La institución propone “continuar reduciendo los costos no salariales, en línea con lo logrado en la Ley 1607 de 2012, (eliminando el 4 % de sobrecosto empresarial que representan las Cajas de Compensación Familiar).