La Ley de Utilidad Pública continúa mostrando resultados en Colombia. De acuerdo con cifras del Ministerio de Justicia y del Derecho, 270 mujeres cabeza de hogar han accedido a este mecanismo que sustituye la prisión por servicios comunitarios. A tres años de su implementación, la medida no registra casos de reincidencia y se consolida como una alternativa orientada a la resocialización, la reparación social y la protección de los entornos familiares, comprendiendo que la prisión tiene causas y efectos distintos en razón al género.
Publicado por: Nuevos Proyectos
A tres años de su entrada en vigencia, la Ley de Utilidad Pública se ha consolidado como una de las principales apuestas del país en materia de justicia con enfoque de género. La norma, sancionada el 8 de marzo de 2023, surgió como una respuesta a las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan numerosas mujeres cabeza de hogar que incurrieron en delitos no violentos, en contextos marcados por la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades.
Según el balance presentado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, 270 mujeres han accedido a este mecanismo alternativo para cumplir sus condenas. De ellas, 187 se encuentran prestando servicios comunitarios en entidades públicas y organizaciones sociales, mientras que 39 ya culminaron la totalidad de la sanción impuesta por las autoridades judiciales.
Los resultados también evidencian un impacto que trasciende a las beneficiarias. De acuerdo con la cartera de Justicia, más de 700 personas de sus núcleos familiares han evitado situaciones asociadas a la desintegración familiar, la pérdida de redes de apoyo y otras consecuencias derivadas de la privación de la libertad, gracias a que estas mujeres han podido continuar ejerciendo sus responsabilidades de cuidado mientras cumplen la condena.
Una forma distinta de reparar el daño
La Ley de Utilidad Pública se basa en un principio de justicia restaurativa que busca generar reparación social sin romper los vínculos familiares y sociales. En lugar de cumplir la pena en prisión, las beneficiarias realizan actividades comunitarias no remuneradas que contribuyen al bienestar colectivo, bajo seguimiento permanente de las autoridades judiciales.
El modelo establece que cada cinco horas de servicio comunitario equivalen a una semana de la pena impuesta. Las jornadas pueden desarrollarse entre cinco y veinte horas semanales, lo que permite compatibilizar el cumplimiento de la sanción con las labores de cuidado y otras responsabilidades cotidianas como el acceso a empleo.
Cada mujer receptora de este sustituto cuenta con un plan de actividades previamente aprobado y supervisado por un juez. Las entidades donde las mujeres cumplen sanciones prestando servicios comunitarios, reportan periódicamente los avances a los despachos judiciales encargados del seguimiento. En caso de incumplimiento injustificado, el beneficio puede ser revocado y la persona deberá retornar a prisión intramural o domiciliaria.
Hasta la fecha, el Ministerio de Justicia no registra casos de reincidencia entre las mujeres que han accedido a este sustituto penal, un resultado que respalda la efectividad de la medida en términos de reintegración social y prevención de nuevas conductas delictivas.
Requisitos para acceder al beneficio
La ley establece una serie de condiciones que deben ser acreditadas ante las autoridades judiciales para acceder a este mecanismo:
- Haber sido condenada por un delito no violento. No aplica para personas sindicadas ni para condenadas por violencia intrafamiliar o por utilización de menores de edad en la comisión de delitos.
- Demostrar la condición de mujer cabeza de hogar, acreditando que al momento de los hechos era la principal responsable económica, afectiva del cuidado de menores de edad, personas mayores o personas con discapacidad o enfermedades graves.
- Evidenciar que la conducta delictiva ocurrió en un contexto de marginalidad o exclusión social, asociado a factores como la falta de acceso a educación, vivienda, salud o empleo formal.
Recientemente la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia emitieron sentencias (Sentencia de la Corte Constitucional es la T-147 de 2026 del 22 de mayo de 2026 y Sentencia de la Corte Suprema de Justicia es la SP456-2026 del 20 de mayo de 2026), que precisan los conceptos de “marginalidad” y “jefatura de hogar”, respaldando un marco de interpretación más amplio que orienta a los jueces para dar una mayor aplicación de este sustituto.
El desafío de ampliar el alcance
Aunque los resultados son positivos, el principal reto sigue siendo ampliar la cobertura de la medida. Según estimaciones del Ministerio de Justicia, cerca de 5.900 mujeres privadas de la libertad en Colombia podrían cumplir con los requisitos establecidos para acceder a este sustituto.
Con ese objetivo, el Gobierno Nacional ha impulsado la creación de nuevas plazas para la prestación de servicios comunitarios, el fortalecimiento del acompañamiento psicosocial y la capacitación de operadores judiciales en enfoques de justicia restaurativa. Actualmente, la red de entidades aliadas dispone de 2.557 espacios habilitados para el desarrollo de estas actividades.
Los resultados obtenidos hasta ahora muestran que es posible avanzar hacia modelos de justicia que combinen sanción, reparación y oportunidades de reintegración social. Además de contribuir a la resocialización, esta alternativa busca reducir los efectos de la separación familiar y aportar a la disminución del hacinamiento en los centros penitenciarios del país.
