El Estado hizo entrega oficial del monumento construido en 2011 en homenaje a los comerciantes masacrados en 1987 por paramilitares y militares en Puerto Boyacá.
Publicado por: CLARA LUCÍA URBINA
La entrega se hizo este viernes en presencia de los familiares de las víctimas y representantes del Gobierno Nacional, departamental y local.
El monumento que es de bronce y consta de once figuras masculinas, una femenina y una de un niño, es producto de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, efectuado el 5 de julio de 2004, en el que declaró responsable al Estado colombiano por la masacre de 19 comerciantes, que se dirigían hacia Medellín a comerciar mercancía cuando fueron asesinados.
El fallo de la Corte Interamericana ordenaba también al Estado a erigir un monumento en memoria de las víctimas, el cual fue elaborado por el artista Juan Areaza en 2011, pero no se instaló sino hasta este viernes 20 de septiembre, 26 años después del asesinato de los comerciantes.
¿Qué dicen los familiares de las víctimas?
Al respecto, Lubin Lobo Pacheco, hermano del comerciante asesinado Álvaro Lobo Pacheco, quien se desplazó desde otro país para presenciar este acto de reparación simbólica, explicó que desde que se cometió la masacre, lo único que se ha logrado es que el Estado reconozca formalmente su culpabilidad.
“El sentido que el acto tiene para nosotros es ese, esperar que el Gobierno reconozca que por acción o por omisión ha sido responsable de estos hechos y seguir, porque aún no sabemos qué pasó con los cuerpos, no hay un juicio de los militares que han sido vinculados al proceso, unos han muerto u otros todavía están vivos, pero no he visto el intento de la justicia colombiana para esclarecer si son o no son partícipes de lo que sucedió en este caso”, expresó Lobo Pacheco.
Lubin Lobo recuerda que su hermano salió de Ocaña, el 4 de octubre de 1987 con cinco personas más, para encontrarse con comerciantes de Bucaramanga y Medellín. Desde ese día, no tuvo ninguna noticia más sobre su hermano.
“En esa época no existía la troncal de la paz y las carreteras que hay ahora, por lo tanto era muy fácil irse por trochas para llevar mercancía traída de Venezuela a Medellín. Ellos habían estado ahí anteriormente y habían visto civiles armados y movimientos extraños de los paramilitares, que dominaban esa zona junto a los militares. Esa es la razón por la que se convierten en un peligro, porque de alguna manera conocían algo que pasaba en Colombia en ese momento y que nadie sabía. Creo que por eso los masacraron, para callar a la sociedad colombiana que se empieza a dar cuenta de los hechos o de la impunidad, de la guerra sucia que se vive en ese país”, agregó Lubin Lobo.
Por su parte, el abogado de la Comisión Colombiana de Juristas, Leonid Ávila, manifestó que “desafortunadamente aquí han condenado a unos pocos paramilitares, pero ningún agente del Estado en este momento ha sido ni juzgado ni sancionado, la responsabilidad del Estado permanece en la impunidad y en la injusticia”.
En cuanto a los militares vinculados a la masacre, Ávila aseguró que los militares Farid Yanine Díaz, fallecido en 2009, el general Hernando Navas Rubio, fallecido en 2002, el mayor Oscar de Jesús Echandía y el sargento Otoniel Hernández, fueron declarados implicados en el crimen en 1994.
“Fue remitido el expediente de la justicia penal militar a la ordinaria. Después la Corte Suprema de Justicia ordenó reabrir el caso en el 2008. Sin embargo, al día de hoy, la Fiscalía no se ha dignado a juzgar ni investigar, ni acusar a estos militares. De manera que esto continúa en la impunidad y la responsabilidad del Estado se diluye porque la justicia no actúa en este caso”, puntualizó Leonid Ávila.
Respecto a los paramilitares implicados en la masacre, Ávila declaró que Alonso de Jesús Baquero, alias ‘el negro Vladimir’, comandante paramilitar en Puerto Berrío, fue el principal autor material.
El vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, presenció la entrega del monumento a las víctimas y concluyó que “esto es un acto de reconocimiento, afortunadamente un organismo internacional tomó la decisión de condenar al Estado frente a este caso. Esa masacre nunca debió hacerse en Colombia, se pudo haber evitado, lo que pasa es que dejamos que en Puerto Boyacá hubiera una impunidad, una convivencia complaciente del Estado con integrantes de los grupos paramilitares”.
El vicepresidente Garzón puntualizó que sueña “con que algún día podamos hacer en Puerto Boyacá un acto de pedir perdón a toda la población colombiana por esta convivencia con los paramilitares”.
