El agresor, quien era el arrendador de la vivienda donde residían la pequeña y su madre, se encuentra en la Cárcel de Cómbita, en Boyacá.
A las 10:00 de la mañana de este viernes 25 de julio de 2025, sentado en una reducida oficina de la prisión donde permanece recluido, en Cómbita, Boyacá, Alirio Gualdrón Rojas observó y escuchó —aparentemente con tranquilidad— la argumentación con la que la Fiscalía sustentó su solicitud de una condena ejemplar en su contra. Y así lo fue, lo condenaron a 56 años y 3 meses de prisión.
“¡Pena máxima por feminicidio agravado y desaparición forzada!”, exigió con firmeza la fiscal séptima especializada, Marisol Ramírez Rodríguez.
El robusto expediente que respalda la acusación recopila, entre otras pruebas, las declaraciones de los agentes de la estación de Policía que reportaron la desaparición de la menor K.A.C.M. en el barrio El Rincón de Girón, parte baja, el pasado 1 de mayo de 2024, alrededor de las 2:30 p. m. Le puede interesar: Tragedia en Santander: mujer murió tras ser arrollada por un carro
También se encuentran los testimonios de Kelly Johana Materán, madre de la niña, visiblemente descompuesta, con el rostro marcado por la angustia y el dolor, así como las afirmaciones de Linda Rosa Torres Fuentes, quien cuidaba a la menor mientras su madre trabajaba.
Desde ese día, el nombre de Alirio Gualdrón Rojas estuvo vinculado a cada detalle del abominable hecho.
Para ese entonces, la fiscal seccional de Santander era, precisamente, Marisol Ramírez Rodríguez. Fue ella quien ordenó una búsqueda inmediata, sin tregua ni dilación, agotando todas las posibilidades para hallar a la niña con vida.
Hubo una sincronía total entre los expertos investigadores de la Fiscalía, la Policía y los sistemas de videovigilancia. Incluso lograron trazar la posible ruta de escape del principal sospechoso: Gualdrón Rojas.
No fue una tarea sencilla. Pero más dolorosa aún fue la escena que enfrentaron al encontrarla: el cuerpo maltrecho de la niña, la prueba irrefutable de la brutalidad del crimen, y la confirmación de la responsabilidad de aquel siniestro personaje.
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Las dudas se disiparon por completo cuando un niño —el mejor amigo de la menor— relató que la vio por última vez despidiéndose desde un callejón, acompañada de aquel hombre. Su testimonio fue crucial, especialmente al ser corroborado por una cámara de seguridad ubicada en la calle 34 No. 18-57: en la grabación se observaba a una niña, vestida como lo había descrito su madre (blusa de Stitch, short rosado y chancletas rosadas), caminando junto a un hombre.
Era Alirio Gualdrón Rojas, alias “Yiyo”, el mismo arrendador de la vivienda donde residían la pequeña y su madre.
“Estos actos no serán tolerados jamás”: Fiscal
Después, a pesar de todo, Alirio Gualdrón tuvo la desfachatez de negar que hubiera visto a la menor; después cambió su versión, dio explicaciones contradictorias sobre un supuesto encuentro con personas armadas que se habrían llevado a la niña. Dos horas después fue capturado.
El mismo Gualdrón habría de indicar -señalando a otros del rapto- el lugar donde la mató: el Portal de Metrolínea, cerca de una zona boscosa.
Esa fue la ruta y allí hallarían el cuerpecito con heridas en la frente, hinchazón en un ojo, sustancia espumosa en la boca, rasguños y laceraciones. Fue una muerte violenta.
La misma Fiscal tuvo la posibilidad de estructurar su argumento un año después, exigiendo fuerza de ley: “el feminicidio agravado y la desaparición forzada de K.A.C.M. no son solo crímenes individuales; son un ataque directo a la dignidad de las mujeres y a la integridad de la sociedad. Lea aquí: ¿Quién la citó? Familiares de Leidy Carolina Monsalve exigen justicia por su asesinato en Santander
“Imponer la pena máxima es un acto de justicia para ella, para su familia y para todas las mujeres que sufren la amenaza constante de la violencia de género. Es un mensaje claro e inequívoco de que este tipo de actos no serán tolerados y que el sistema judicial responderá con la mayor severidad que la ley permita”.
