Camilo Andrés Pinzón y Óscar Isidro Jaimes fueron procesados en Cimitarra. Los dos viven en el norte de Bucaramanga. Solo ellos saben quién encomendó el viaje, quién debía recibir las 600 barras de Indugel.
La luz opaca, amarillenta, de las farolas del vetusto automóvil Hyundai modelo 2005, de color rojo, placas BSM-157, parecía extraviarse devoradas por la penumbra de la transitada Troncal del Magdalena Medio, mientras en la cabina del que otrora fuera orgullo de la industria automotriz de Corea del Sur, Camilo Andrés Pinzón Sandoval y Óscar Isidro Jaimes Gómez avanzaban silentes con el baúl del diminuto ‘zapatico’ repleto de terror. No hablaban de eso, solo devoraban carretera desde que salieron de Segovia, Antioquia, con destino al Parque Centenario de Bucaramanga. Lo que transportaban allí habría podido generar un apocalipsis en la capital de Santander.
Pero el silencio mustio que guardaban pareció ahondarse cuando a las 9:55 de la noche del miércoles un control rutinario de verificación de antecedentes de la Policía Cimitarra los indujo a una hiperproducción de adrenalina para controlar los nervios. Los destellos de las linternas de una patrulla apostada sobre el kilómetro 61+800 de esa carretera fue el evento premonitorio que les interceptó el viaje de horror que traían ocultos, acomodados en cuatro costales dentro del baúl.
Desde afuera, aquel Hyundai rojo con 21 años de asfalto recorrido parecía un automóvil más recorriendo la vía Río Ermitaño-La Lizama. A diferencia de los cientos de miles que han pasado por allí, este traía, debajo de aquella tapa metálica, 600 barras de Indugel.
Habría de ser un positivo enorme para los agentes y un acto certero de que ambos terminarían ese viaje esposados, bajo la luz de las patrullas y con un expediente abierto por uno de los delitos más graves relacionados con explosivos, sobre todo, por las condiciones de alerta de seguridad en la región.
Los uniformados hicieron la señal de pare. Al volante iba Camilo Andrés Pinzón Sandoval, de 33 años, natural de Lebrija y residente en Bucaramanga. En el asiento del copiloto viajaba Óscar Isidro Jaimes Gómez, de 25 años, oriundo de Rionegro.
Los hombres entregaron sus documentos de identificación mientras los policías inspeccionaban el vehículo. Todo cambió cuando abrieron el maletero.
En su interior encontraron cuatro costales blancos de fibra plástica. Al revisarlos descubrieron un cargamento compuesto por 600 barras de Indugel, explosivo de uso industrial fabricado por Indumil (Industria Militar) de ingrata recordación en la historia de terrorismo en Colombia; claro, también de la industria minera.
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La pregunta simple, determinante: ¿Tienen la documentación para transportar este material?
Ninguno de los ocupantes presentó los permisos o soportes que acreditaran la tenencia y el transporte de los explosivos.
A las 10:00 de la noche, apenas cinco minutos después de la inspección, los uniformados les informaron sus derechos como personas capturadas por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, contemplado en el artículo 366 del Código Penal.
Mientras la carretera recuperaba lentamente su marcha, comenzaron las diligencias judiciales.
El vehículo fue inmovilizado. Las 600 barras de Indugel quedaron bajo cadena de custodia y los dos capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Cimitarra, entidad encargada de establecer el origen del material explosivo, el destino al que sería transportado y las circunstancias que rodeaban su movilización.
Durante dos días, Camilo Andrés y Óscar Isidro debieron someterse a un extenso interrogatorio y luego, al proceso de audiencia que presidió la Juez Primera Promiscua de Cimitarra, quien atenta escuchó los detalles que llevaba en su escrito de acusación la Fiscal 2 seccional de Cimitarra.
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El jueves hacia las 8:00 de la noche se iniciaron las audiencias concentradas de legalización de captura, imputación de cargos y ayer viernes la medida de aseguramiento. El procedimiento también fue informado a la defensa pública de turno, mientras investigadores de la Sijin asumía la investigación.
Pasadas las 2:00 de la tarde del viernes, ambos fueron cobijados con medida de aseguramiento privativa de la libertad.
Como parte del proceso, la Fiscalía solicitó además al juez imponer medida cautelar con fines de comiso sobre el automóvil de placas BSM-157, al considerar que habría sido utilizado para el transporte del cargamento incautado.
Algunas preguntas dentro del interrogatorio permitieron establecer que la pareja de transportadores habría recibido $2 millones por hacer el viaje cuyo valor en el mercado negro rebasa los $200 millones, sin contar con las consecuencias devastadoras que tendría el uso de aquellos elementos en el área urbana de una ciudad. Pero, de igual manera se estableció que ese viaje era una prueba del comprador del Indugel para determinar si en adelante podían enviar más hacia la capital de Santander, siendo esta un punto de referencia, tránsito y/o distribución.
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Esa es sólo una presunción, como igual fue la que tuvieron algunos en pensar que aquellos elementos estén más ligados a procesos de minería que al terrorismo, partiendo del origen: Segovia, Antioquia, municipio dedicado a la minería. No obstante, las autoridades habrán de investigar en detalle por qué coincidió la aprehensión de esos dos ciudadanos, con una carga equivalente a 100 kilos de explosivos capaz de destruir una edificación y causar estragos en 1 kilómetro a la redonda, con la captura de un presunto guerrilero del Eln en Tona, también con explosivos.
La investigación judicial debe establecer hacia dónde se dirigían las 600 barras de Indugel, cuál era su destino final y si detrás de aquel recorrido nocturno existía una estructura criminal o una finalidad ilícita que explique por qué ese cargamento terminó descubierto en un control de carretera que, hasta ese momento, parecía uno más de la rutina.
Para el caso que tenía como destino final Bucaramanga, los dos ocupantes del vehículo no tienen antecedentes.
El propietario del vehículo, según la tarjeta de propiedad, sería Elkin Arturo Daza Calderón, pero era conducido por Camilo Andrés Pinzón Sandoval, natural de Lebrija, Santander. El otro ocupante es Óscar Isidro Jaimes Gómez, de 25 años, natural de Rionegro. Ambos residen en Los Colorados, de Bucaramanga.
Solo ellos dos saben quién los contrató, qué uso tendrían los 600 tacos de explosivos, a quién le entregarían la terrorífica encomienda en Bucaramanga.
