Siete personas fueron capturadas durante un operativo contra la minería ilegal en la escarpa occidental de Bucaramanga.
Publicado por: Redacción Judicial
La muerte de Henry Hernández volvió a poner la mirada sobre la escarpa occidental de Bucaramanga, un territorio que durante años ha sido escenario de minería ilegal, lo que ha causado fenómenos de remoción de tierra, afectaciones a fuentes hídricas y otras actividades que han generado preocupación entre habitantes y autoridades.
Hernández murió el pasado 29 de agosto, luego de quedar sepultado por un deslizamiento de tierra mientras, presuntamente, realizaba labores de minería en esta zona de la ciudad.
El caso encendió nuevamente las alarmas. A las denuncias de líderes comunales se sumaron los informes y publicaciones de Vanguardia sobre las condiciones de la escarpa y las actividades que se desarrollan en sectores de especial protección ambiental.
En medio de este panorama, las autoridades reforzaron las intervenciones y este lunes, 14 de septiembre, la Policía Metropolitana de Bucaramanga reportó la captura de siete personas señaladas de estar involucradas en la explotación ilícita de yacimientos mineros.
El operativo se realizó en la quebrada Chapinero, en el predio Forjas, donde uniformados de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental encontraron a varias personas realizando labores de extracción de material aurífero.
Según la Policía, durante el procedimiento fueron observadas actividades de remoción de la capa vegetal, socavación, erosión y debilitamiento del talud, sin contar con los permisos ambientales correspondientes de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).
“Se genera un daño irreparable en los recursos naturales existentes”, explicó el capitán Guillermo Cárdenas Riaño, jefe de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
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Una actividad que vuelve a aparecer en la escarpa
La intervención permitió incautar varios elementos que, según las autoridades, eran utilizados para adelantar las labores de extracción.
Entre ellos se encuentran una motobomba, un azadón, seis picas, dos bateas plásticas, 40 metros de manguera, dos canalones y un radio de comunicación.
Los siete capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Será un juez de la República el encargado de definir su situación judicial.
Uno de los detenidos, de acuerdo con las verificaciones realizadas por los investigadores, sería reincidente en este tipo de conductas.
“Ha sido capturado en más de siete ocasiones por el mismo delito”, aseguró el capitán Cárdenas.
La cifra también evidencia que no se trata de una situación nueva. De acuerdo con la estadística entregada por las autoridades, durante 2026 ya son 57 las personas capturadas en Bucaramanga por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.
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Y aunque el número de capturas muestra una actividad permanente de las autoridades, desde las comunidades advierten que el problema no puede reducirse únicamente a operativos y detenciones.
“No se trata solamente de capturas”: falta más control
Para Larry Sánchez, edil de la comuna 5 de Bucaramanga, las intervenciones suelen intensificarse cuando ocurre una tragedia o cuando el tema adquiere visibilidad pública.
“Esta problemática solo baja cuando hay un boom, cuando publican los medios o se da a conocer el tema”, cuestionó Sánchez.
El líder comunal considera que, aunque las capturas son importantes, se necesita una estrategia permanente que permita conocer con precisión el estado de la escarpa y actuar sobre los puntos donde se presentan mayores afectaciones.
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“Más allá de capturas, es como si capturan a personas de oficios varios, pero eso no. Entonces, más que eso, es que pongan las cosas en cintura como son”, señaló.
Sánchez insiste en que la escarpa requiere una intervención que vaya más allá de los operativos ocasionales.
“Se debe hacer un proyecto, con recursos, un comité de profesionales para identificar cómo está la escarpa, los graves daños y que se cree una protección permanente, no solo alertas y capturas esporádicas de personas que luego quedan libres”, agregó.
¿Qué puede pasar con los capturados?
Para el abogado penalista Jhon Quintero, la explotación ilícita de yacimiento minero es una conducta que debe ser abordada con especial atención por las afectaciones que puede generar sobre el medioambiente y los recursos naturales.
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Explicó que los capturados deben ser puestos a disposición de la Fiscalía y que, si existen elementos materiales probatorios suficientes, la investigación debe avanzar ante la justicia. Lo invitamos a leer: Minería ilegal en Bucaramanga: la bomba de tiempo bajo los barrios de la escarpa
“No estamos hablando simplemente de una actividad informal; cuando se realiza una explotación minera sin autorización y se cumplen los elementos que establece el Código Penal, estamos frente a una conducta delictiva que puede tener consecuencias importantes”, señaló.
Quintero indicó que el delito contempla penas que pueden llegar hasta los 12 años de prisión, además de multas, dependiendo de las circunstancias y de la responsabilidad que se determine en cada caso. Aclaró, además, que una captura no significa automáticamente una condena ni que la persona deba permanecer privada de la libertad.
“Lo importante es que estos procedimientos no se queden únicamente en la captura. Si existen elementos materiales probatorios suficientes, la Fiscalía debe adelantar la investigación y llevar el caso ante la justicia para que se determine la responsabilidad penal de los involucrados”, indicó.
Frente a la posibilidad de que algunos de los capturados recuperen su libertad, el abogado precisó que esto no significa que el delito sea leve ni que el proceso haya terminado.
“Una cosa es la captura y otra la condena. El juez debe determinar si se cumplen los requisitos para imponer una medida de aseguramiento, pero aun cuando una persona enfrente el proceso en libertad, la investigación debe continuar. Lo fundamental es que, si se demuestra la responsabilidad, exista una sanción efectiva”, concluyó.
Una problemática que va más allá de la minería
Los registros de la CDMB muestran que la situación de la escarpa occidental no está relacionada exclusivamente con la extracción ilegal de minerales.
Entre 2020 y 2026, la autoridad ambiental reportó 270 operativos de seguimiento, vigilancia y control ambiental en predios públicos, institucionales y privados de la escarpa occidental, en el área comprendida entre Bucaramanga y Girón.
De ese total, 237 estuvieron relacionados específicamente con minería ilegal. Durante ese mismo periodo se reportaron 750 capturas.
Las cifras muestran que la actividad de las autoridades ha sido constante. En 2020 se realizaron 11 operativos relacionados con minería ilegal y se registraron 48 capturas.
Para 2021 fueron 25 operativos y 62 capturas; en 2022, 23 operativos y 128 capturas; en 2023, 45 operativos y 152 capturas; en 2024, 60 operativos y 111 capturas; y en 2025, 43 operativos y 133 capturas.
En lo corrido de 2026, con corte al reporte entregado por la CDMB, se habían realizado 30 operativos y contabilizado 116 capturas.
Pero las inspecciones también han permitido identificar otras actividades que generan presión sobre este territorio.
Entre ellas aparecen la extracción ilegal de material de arrastre, la tala y el aprovechamiento forestal no autorizado de especies arbóreas nativas, ocupaciones irregulares de predios institucionales y privados, cultivos de pancoger establecidos dentro de áreas de preservación ambiental, apertura de vías y senderos sin autorización, movimientos de tierra, disposición inadecuada de residuos sólidos y quemas a cielo abierto.
Detrás de cada operativo aparece, así, un problema más amplio: el deterioro progresivo de una zona ambientalmente sensible que durante años ha sido intervenida de diferentes maneras.
La Policía aseguró que estas acciones buscan detener las actividades que afectan las fuentes hídricas y los recursos naturales.
“La protección de nuestras fuentes hídricas y de los recursos naturales es una responsabilidad que asumimos con firmeza. Este resultado demuestra el compromiso de nuestros Carabineros y de las autoridades ambientales para intervenir oportunamente actividades que generan afectaciones a nuestro ecosistema”, señaló el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
