El Tribunal había condenado en diciembre de 2022 a Cristina Fernández a 6 años de prisión y a la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos.
Publicado por: K.M.
Un fiscal ha pedido este lunes agravar la condena por su presunta participación en una asociación ilícita durante su mandato. Este es el caso de corrupción que involucra a la expresidenta argentina Cristina Fernández.
El fiscal Mario Villar, ante la Cámara de Casación Penal, solicitó que se agregue una pena adicional como jefa de la asociación ilícita en el juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante los gobiernos de su difunto esposo, Néstor Kirchner, y los suyos.
La condena original de seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos fue dictada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal 2, aunque en ese momento Fernández fue absuelta de los cargos por asociación ilícita. Sin embargo, el fiscal Villar considera que esta pena no refleja la gravedad de los hechos y busca elevarla hasta 12 años de prisión.
La justicia revisa la condena contra Cristina Fernández de Kirchner
— DW Español (@dw_espanol) February 26, 2024
La Fiscalía solicita sumar 12 años de prisión a los seis ya impuestos a la expresidenta argentina por el delito de administración fraudulenta, en relación con obras públicas de la provincia de Santa Cruz . lis pic.twitter.com/HbEGxntQ0I
El caso, conocido como 'Vialidad', se centra en presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas a empresas del empresario Lázaro Báez durante los mandatos de los Kirchner en la provincia de Santa Cruz, un bastión político del kirchnerismo. Además de Fernández, el fiscal pidió condenas para varios exfuncionarios y empresarios involucrados en el caso.
Cristina Fernández, de 70 años, perdió sus fueros el pasado diciembre y ahora enfrenta la posibilidad de detención si la Cámara de Casación Penal y la Corte Suprema ratifican las condenas en su contra. Aunque debido a su edad podría optar por detención domiciliaria, ella ha denunciado ser víctima de un hostigamiento judicial y político, alegando ser blanco de lo que denomina 'lawfare'./EFE.
