La colombiana Kelly Ospina González, quien estuvo en el incendio donde murieron 40 migrantes el 27 de marzo de 2023 en Ciudad Juárez, inició un proceso contra el INM.
Publicado por: Resumen Agencias
La noche del 23 de marzo de 2023 en el Centro Migratorio de Ciudad Juárez, en el norte de México, quedó marcada como una de las peores tragedias que involucran a migrantes en los últimos tiempos.
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Durante una protesta por sus derechos, varios detenidos en este centro, adscrito al Instituto Nacional de Migración (INM), en señal de protesta prendieron fuego a los colchones que los guardias habían dispuesto para ellos, según denunció la revista Vice, por no haber recibido comida ni agua en los últimos 10 días.
Entonces, las celdas, en las que estaban hacinadas casi 70 personas de diferentes partes del continente, comenzaron a llenarse de humo. Entre la desesperación y la incertidumbre, los gritos y los pedidos de auxilio para que los dejaran salir de un lugar que evidentemente se estaba incendiando, comenzaron a inundar el lugar.
🇲🇽 El pasado 28 de marzo murieron calcinados 40 migrantes (varios venezolanos) en un centro de detención en México. López Obrador culpó a los migrantes por iniciar el incendio, sin embargo después se determinó que las autoridades formaron parte de esto.
— Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) September 23, 2023
Ayer un juez mexicano… pic.twitter.com/ib4j3MkRja
“¡Que se quemen!”, “¡Que se chicharroneen!”
Kelly Ospina González, de nacionalidad colombiana, que presenció la tragedia, aún no puede sacar de su mente los gritos de las decenas de hombres que se encontraban retenidos en el centro de detención ni de las respuestas que funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) daban a las súplicas.
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“¡Que se quemen!”, “¡Que se chicharroneen!”, “¡Es culpa de ellos!”, “¡Ellos se lo buscaron!”, eran las frases a las demandas de ayuda que hacían tanto los internos como las 15 mujeres migrantes que estuvieron a punto de correr la misma suerte que los varones, cuenta Kelly en entrevista vía remota a Proceso.
“Nunca hubo la más mínima intención de salvarlos. Aunque les pedíamos que los ayudaran, nos decían que ellos se lo buscaron, y nosotras suplicando que llamaran a los bomberos. Simplemente nos llevaban hacia a un lado que había como una jaula, y nos ingresaron ahí toda la madrugada. Nos dejaron ahí a la intemperie, llorando, mirando el humo, gritando para que hicieran algo”, recuerda la joven colombiana que, desde el 27 de marzo de 2023, tiene problemas para dormir. Cuando llega a conciliar el sueño, lo que vienen a su mente son pesadillas de las escenas dantescas que atestiguó.
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Daños sicológicos
Kelly Ospina González habla con Proceso desde una ciudad de Estados Unidos, donde ella y dos de sus primas, Carolina y Jenny, que la acompañan desde su natal Medellín, solicitaron asilo días después de la tragedia en Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes y 27 más sufrieron lesiones de por vida.
Desde la noche fatídica, Kelly y sus primas viven con depresión crónica, con problemas de sueño, incapacidad para socializar y deterioro en su salud, porque respiraron el humo del incendio que les provocó sangrados nasales y accesos de tos durante semanas, sin que tuvieran asistencia médica.
“Yo todos los días lloro. No puedo entender por qué perdieron mucho tiempo, pudieron haberlos sacado con vida. Nunca había visto en mi vida tanta crueldad. Ese dolor se pudo evitar y no hicieron absolutamente nada”, dijo la colombiana.
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“De un momento a otro empezaron a llegar los bomberos, la policía, el Ejército. No sé si los llamaron, no sé cómo llegaron ahí, pero créeme que si hubiera sido por esa gente que nos estaba custodiando, no hubiera sido así. No había ya nada que hacer. Empezaron a sacar los cuerpos sin vida y los pusieron enfrente de nosotras. Hasta ahora hemos tenido cargar con todo ese dolor, esa angustia, esas imágenes”, narra Kelly.
Los responsables
Por los hechos, 11 personas están vinculadas a proceso, siete en prisión preventiva, dos de ellas migrantes señalados de iniciar el incendio; dos personas están fugadas, uno el responsable de la Estancia Migratoria, Antonio Molina, y un agente de seguridad privada; en tanto que dos más llevan su proceso en libertad, entre ellas el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez.
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Después de meses de reflexión, las ciudadanas colombianas decidieron buscar asistencia legal cuando empezaron a recibir mensajes de la Fiscalía General de la República (FGR) para presentarse a audiencias, de las cinco causas penales que se abrieron.
Sin embargo, las audiencias fueron suspendidas debido a que organizaciones que representan a víctimas sobrevivientes y familiares de fallecidos, interpusieron siete amparos, toda vez que no habían sido representados de forma adecuada y estaban inconformes con que el titular del INM propusiera como reparación de daño sólo la rehabilitación del inmueble afectado, a pesar de que él era responsable de garantizar la seguridad de los migrantes retenidos.
