Hay indignación en California, EE. UU, luego de la violenta detención de jardinero mexicano: el caso de Narciso Barranco revive tensiones sobre el uso de la fuerza y las contradicciones migratorias en EE. UU.
Publicado por: Redacción Mundo
La mañana del pasado sábado parecía una jornada común para Narciso Barranco, un jardinero mexicano de 48 años, padre de tres hijos que sirven actualmente en la Marina de los Estados Unidos. Mientras podaba unos arbustos frente a un restaurante IHOP en Santa Ana, una patrulla sin identificación oficial lo abordó. En segundos, la escena se transformó en una intervención violenta, grabada en video por transeúntes y que ha encendido la indignación pública a nivel nacional e internacional.
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Agentes de la Patrulla Fronteriza, vestidos de civil y enmascarados, lo derribaron, le aplicaron gas pimienta en el rostro y lo golpearon reiteradamente con una porra mientras yacía en el suelo. Posteriormente, fue subido a una camioneta sin distintivos oficiales. La escena provocó desconcierto entre los testigos, varios de los cuales afirman que Barranco no opuso resistencia significativa y que portaba únicamente herramientas de trabajo.
El caso ha detonado una ola de cuestionamientos a la política migratoria del gobierno estadounidense, en medio de un tenso año electoral en el que los discursos antiinmigrantes resurgen con fuerza, a menudo acompañados por prácticas represivas.
Barranco reside en Estados Unidos desde hace más de tres décadas. Nunca ha tenido antecedentes penales y ha trabajado en jardinería de manera constante. Su hijo Alejandro, veterano de guerra, fue quien denunció públicamente la detención de su padre. “Ver cómo trataban a mi papá fue repugnante y desgarrador. Sirvió a este país criando hijos que se pusieron el uniforme, y así lo tratan”, declaró visiblemente afectado.
Actualmente, Narciso se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sin que se haya confirmado si ha recibido atención médica adecuada tras la golpiza. El consulado de México en Los Ángeles solicitó que se le brindara atención por las lesiones en su hombro y otras contusiones visibles.
En paralelo al escándalo, el expresidente Donald Trump, quien busca regresar a la Casa Blanca, sorprendió al declarar que los agricultores “de buena reputación” deberían poder conservar a sus trabajadores indocumentados sin miedo a redadas. Aseguró que prepara una orden ejecutiva que protegería a ciertos sectores clave como la agricultura y la hotelería.
“Necesitamos a esa gente”, dijo Trump en un mitin reciente. “Los agricultores me llaman y me dicen: ‘No puedo cultivar si no tengo trabajadores’. Así que vamos a permitirlo, pero con responsabilidad”.
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Sin embargo, altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desmintieron que exista un cambio normativo vigente. Las redadas continúan, incluso en granjas, y hasta el momento no se ha expedido ninguna directiva formal que limite este tipo de operativos. Las organizaciones de derechos humanos denuncian que la ambigüedad de estas políticas solo incrementa el temor, la violencia y la arbitrariedad.
In a graphic video that has since gone viral on social media, about 7 or more masked men wearing U.S. Border Patrol vests are seen violently detaining a Santa Ana father before forcing him into the back of an unmarked car. Details: https://t.co/BgpTgNbNEW pic.twitter.com/UVn8lM2cf0
— KTLA (@KTLA) June 22, 2025
Los violentos casos de maltrato a migrantes en EE.UU.
La detención de Barranco recuerda a otros casos de brutalidad cometida por agentes migratorios en las últimas décadas. El más emblemático: el de Anastasio Hernández Rojas, un mexicano asesinado en 2010 por agentes de la Patrulla Fronteriza en San Diego. Quince años después, en mayo de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que ese caso constituyó un acto de tortura y discriminación racial por parte del Estado estadounidense.
El caso de Narciso, aunque no ha derivado, por ahora, en una tragedia similar, vuelve a poner sobre la mesa las profundas fisuras en la política migratoria de EE. UU., donde los trabajadores esenciales siguen siendo vulnerables a operativos excesivos, incluso si forman parte de familias que han servido al país.
Mientras la familia de Barranco prepara una solicitud para el programa “Parole in Place”, un mecanismo que permite a ciertos familiares de militares regularizar su situación migratoria, organizaciones comunitarias y activistas han lanzado una campaña de recaudación de fondos para su defensa legal. En pocas horas, ya habían superado los 145 mil dólares.
La alcaldesa de Santa Ana, Valerie Amezcua, también se pronunció. “Las imágenes son horrendas. Exigimos una investigación exhaustiva y una revisión de los protocolos federales en nuestra ciudad”, afirmó.
A medida que el año electoral avanza y las promesas de mano dura se multiplican, el rostro golpeado de un jardinero mexicano podría convertirse en un símbolo incómodo para una nación que, una vez más, debate entre el discurso de los derechos humanos y las prácticas de represión selectiva.
