A un año del dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU en el caso “Norma vs. Ecuador”, el movimiento Son Niñas, No Madres denuncia que el Estado no ha reparado a la víctima ni aplicado las medidas para evitar maternidades forzadas por violencia sexual.
Publicado por: Redacción Mundo
A un año del dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el caso “Norma vs. Ecuador”, organizaciones del movimiento regional Son Niñas, No Madres denunciaron que el Estado ecuatoriano mantiene un “grave e injustificable incumplimiento” de las medidas ordenadas para reparar a la víctima y evitar nuevas maternidades forzadas producto de violencia sexual.
En una declaración conjunta, el movimiento, integrado, entre otras, por Libera, Centro de Derechos Reproductivos, Amnistía Internacional, CLACAI, GIRE, Surkuna, Mujeres Transformando el Mundo, OSAR y Promsex, advirtió que, pese a tratarse de una decisión “histórica”, no se habría ejecutado ninguna de las disposiciones exigidas por el Comité.
El caso se refiere a “Norma” (nombre usado para proteger su identidad), una niña que fue forzada a continuar un embarazo producto de violencia sexual intrafamiliar. La decisión del Comité, emitida en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estableció responsabilidad internacional del Estado y ordenó reparaciones individuales y cambios estructurales para garantizar que ninguna otra niña atraviese vulneraciones similares.
Según la declaración, Norma no habría recibido ni siquiera la indemnización considerada de carácter inmediato, lo que, a juicio del movimiento, prolonga el daño y configura “revictimización institucional”. Además, señalan la ausencia de un mecanismo interinstitucional que coordine el cumplimiento de medidas estructurales, como eliminar barreras de acceso a servicios integrales de salud, incluida la interrupción del embarazo, capacitación obligatoria a personal sanitario y operadores de justicia, y acciones educativas de prevención y atención.
El movimiento también alertó sobre un debilitamiento institucional en políticas de igualdad de género, tras la eliminación del Ministerio de la Mujer y su fusión o reducción a una instancia sin autonomía, un giro que ha sido cuestionado por expertas y organismos internacionales.
Un contexto de alta vulnerabilidad para niñas
La declaración se apoya en cifras recientes que reflejan la magnitud del problema: en 2024 se registraron 1.621 nacidos vivos de madres de 10 a 14 años en Ecuador, de acuerdo con los registros estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
En paralelo, medios locales han reportado, citando estadísticas oficiales, que miles de niñas de ese rango de edad habrían quedado embarazadas ese mismo año. Aunque Ecuador despenalizó la interrupción del embarazo en casos de violación por decisión de su Corte Constitucional en 2021, organizaciones y reportes han insistido en que persisten trabas, desinformación, estigma y obstáculos institucionales para acceder efectivamente a ese derecho, especialmente en casos de niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual.
En el pronunciamiento, Son Niñas, No Madres pidió al Estado ecuatoriano cumplir de manera inmediata las reparaciones ordenadas, restablecer una institucionalidad robusta para los derechos de las mujeres y adoptar medidas urgentes de no repetición. También llamó a la comunidad internacional a mantener vigilancia activa y a la ciudadanía a informarse y exigir que las decisiones que protegen a las niñas “no queden en el papel”.
