La economista Celina Santellán pidió fortalecer la medición estadística para diseñar políticas públicas más efectivas.
El costo de ignorar la violencia contra las mujeres no es solo humano ni moral, es también económico, y los números empiezan a hablar con una contundencia que los gobiernos de la región ya no pueden seguir pasando por alto.
Así lo planteó este miércoles la economista argentina experta en género Celina Santellán, en el marco de la presentación en Madrid del informe de la Secretaría General Iberoamericana (Segib) titulado “Medir para transformar: el coste de la violencia contra las mujeres en Iberoamérica”, un documento que busca convertir una crisis humanitaria en un argumento económico inapelable para la acción política.
Santellán concedió una entrevista previa al lanzamiento del informe, en la que explicó con detalle de qué manera la violencia machista afecta no solo a las víctimas directas, sino también a los hogares, las empresas y los Estados.
Según la especialista, los efectos sobre la salud física y mental de las mujeres violentadas, así como sobre su capacidad productiva y la de sus familias, se traducen en una pérdida que, en algunos países iberoamericanos, oscila entre el 1 % y el 6 % del Producto Interno Bruto. Paraguay, Ecuador, México y España son algunos de los países que han desarrollado estudios más amplios sobre el tema. Además: Movilizaciones del 8M están programadas para hoy, así serán en Bucaramanga
El impacto llega a las empresas, los hogares y el Estado
La experta fue precisa al describir los distintos canales a través de los cuales la violencia de género golpea la economía. En primer lugar, están los costos directos que asumen los Estados para brindar atención a las víctimas, incluyendo servicios sociales, psicológicos y de atención médica por agresiones físicas.
A eso se suman las repercusiones en los hijos de las sobrevivientes, cuyas trayectorias escolares se ven afectadas por ausencias y retrasos, con consecuencias negativas de largo plazo sobre la economía. Lea también: A María Rivera la asesinaron en pleno Día de la Mujer: su pareja la apuñaló
En el ámbito laboral, las empresas también pagan un precio silencioso. Las víctimas llegan tarde, faltan, producen menos debido al impacto psicológico de la violencia y trabajan desconcentradas.
Pero Santellán también señaló un factor que con frecuencia se pasa por alto, los propios agresores generan costos en sus lugares de trabajo, ya sea porque utilizan recursos de la empresa para ejercer la violencia o porque también registran ausencias.
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Las víctimas, según los análisis más completos disponibles, absorben entre el 40 % y el 50 % del impacto económico total de la violencia, una carga que recae sobre las personas que ya han sido dañadas y que refuerza su situación de vulnerabilidad. Le puede interesar: Guterres aboga por un “mundo sin miedo” para las mujeres en conmemoración del 8m
El subregistro, el obstáculo más difícil de vencer
A pesar de la relevancia de estos hallazgos, la economista advirtió que la medición del problema sigue siendo profundamente insuficiente. En la mayoría de los países iberoamericanos, entre el 3 % y el 15 % de los casos de violencia contra la mujer son efectivamente denunciados, lo que significa que la magnitud real del fenómeno permanece oculta en las estadísticas oficiales.
Para superar esa limitación, algunos estudios han optado por contabilizar los “casos atendidos”, es decir, aquellos que llegan a hospitales o centros de salud aunque no hayan sido formalmente denunciados.
Santellán también defendió el uso de encuestas de prevalencia desarrolladas por institutos nacionales de estadística, que preguntan directamente a las mujeres si han sufrido algún tipo de violencia, sin depender únicamente de los registros administrativos. Además: Día de la Mujer: el origen del color morado en la lucha feminista
La experta subrayó que medir estos costos no es un ejercicio burocrático, sino una herramienta política fundamental. “Si no se hacen ejercicios de conteo, ni siquiera sabemos que estamos perdiendo valor económico”, afirmó, insistiendo en que conocer lo que se pierde permite entender también lo que se podría ganar con políticas de prevención eficaces.
Uno de los aspectos más preocupantes que señaló Santellán tiene que ver con las mujeres pertenecientes a minorías racializadas, con discapacidad o indígenas.
En muchos casos, ni siquiera existen datos suficientes para medir el impacto de la violencia sobre ellas, algo que atribuyó tanto a limitaciones estadísticas como a la falta de muestras suficientemente amplias.
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Perú y España son, por ahora, los países con más mediciones al respecto, aunque sus avances solo permiten empezar a identificar la dimensión del problema.
La conclusión de la especialista fue directa: sin una voluntad política clara para impulsar la recopilación de datos, la medición no se hará realidad y, sin medición, la violencia seguirá teniendo un costo invisible que la sociedad continúa pagando sin saberlo.
