Mientras miles de personas reclaman medidas frente al costo de la vivienda, sindicatos y organizaciones sociales preparan una huelga general para noviembre.
Hay crisis que se desbordan tan rápido que terminan arrastrando consigo mucho más de lo que sus protagonistas imaginaron en un principio. Eso es justamente lo que ha ocurrido en España en apenas un par de semanas, un periodo en el que una anciana desahuciada, miles de manifestantes y un Parlamento bloqueado terminaron precipitando algo que pocos esperaban tan pronto: un adelanto electoral.
Miles de personas marcharon este lunes por las calles de Barcelona para reclamar una huelga general como medida de presión frente a la clase política ante la crisis de la vivienda, un paro que los sindicatos y las organizaciones sociales quieren que se celebre este otoño, previsiblemente en noviembre, antes de las elecciones generales.
La protesta estaba inicialmente convocada para el sábado, cuando decenas de miles de personas ya habían salido a las calles en otras ciudades españolas, pero una alerta roja por fuertes lluvias obligó a desplazarla hasta esta jornada, que amaneció lluviosa en Barcelona, aunque solo durante la mañana. Lea también: Maricarmen, la mujer de 87 años que puso en jaque al Gobierno español
Una marcha que coincidió con el adelanto electoral
La movilización catalana se produjo apenas horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, tras el rechazo en el Congreso de los dos decretos-leyes de vivienda la semana anterior.
Entre el ruido de las llaves agitadas al aire y consignas como “No se entiende, gente sin casa y casa sin gente” o “Maricarmen, no estás sola”, en referencia a la mujer de 87 años cuyo desahucio dio origen a este movimiento, los manifestantes también corearon frases como “Rentistas culpables, gobiernos responsables”, mientras exhibían pancartas que pedían contratos indefinidos y el fin de lo que calificaron como la codicia de los caseros.
La portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, aseguró que el movimiento ha encendido una chispa imparable en defensa de la vivienda y fue clara al afirmar que la legislatura de la vivienda no se dejará marcar por el calendario electoral, sino por un calendario propio que apunta directamente hacia la huelga general de noviembre.
Arcarazo celebró, además, que los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, hayan acordado convocar un paro general de 24 horas para este otoño, aunque la fecha exacta aún está por definirse. Además: Miles de migrantes de Marruecos cruzan la frontera hacia España: nueva crisis en Ceuta
Publicidad
Sindicatos y plataformas unidos en la protesta
Esa lectura fue compartida por otras organizaciones presentes en la marcha. La portavoz del Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya, Gisela Bermúdez, sostuvo que ningún partido político quiere acabar realmente con la crisis de la vivienda, no por incompetencia, sino porque ninguno está dispuesto a romper con lo que describió como el negocio de la vivienda para ponerse del lado de la clase trabajadora.
Por su parte, el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Juanjo Ramón, celebró que las calles hayan despertado después de años en los que ningún gobierno logró revertir la situación.
El acuerdo entre CCOO y UGT para convocar esta huelga general busca reivindicar salarios suficientes que permitan acceder a una vivienda digna, y la fecha definitiva se definirá junto con las organizaciones sociales y el propio Sindicato de Inquilinas, responsable de las últimas protestas multitudinarias.
Según explicaron ambos sindicatos en un comunicado conjunto, la movilización interpela tanto a las administraciones públicas con competencias en vivienda como a las organizaciones empresariales, que, según remarcan, deben garantizar salarios capaces de cubrir el acceso a un bien tan básico. Lea también: Europa endurece su política migratoria y abre la puerta a centros de retorno en África
La propuesta sindical se suma a las reivindicaciones que CCOO y UGT vienen planteando en materia de salarios y vivienda, con el objetivo de garantizar ingresos suficientes para afrontar el coste de una vivienda digna.
La movilización se acompaña, además, de un decálogo por el derecho a la vivienda que reclama un parque público de vivienda protegida, la limitación del precio de los alquileres y la aplicación efectiva de la Ley por el Derecho a la Vivienda en todo el territorio español.
Publicidad
En paralelo, la justicia también ha tenido que intervenir en este conflicto social. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó este lunes forzar al Gobierno a desalojar de forma inmediata la acampada instalada en el centro de Madrid, una medida cautelar solicitada por las autoridades regionales. Siga informado: Pedro Sánchez enfrenta una de las sesiones más duras de su mandato en medio del escándalo del PSOE
El tribunal argumentó que esa decisión no podía adoptarse sin escuchar previamente a la Administración General del Estado y, además, consideró la eventual afectación del derecho de reunión de quienes permanecen acampados, así como el riesgo de consecuencias irreversibles en caso de un desalojo forzado por parte de las autoridades de seguridad.
Mientras tanto, el Gobierno prevé volver a aprobar este martes los dos decretos-leyes sobre vivienda que el Congreso rechazó días atrás, esta vez a través de la Diputación Permanente de la Cámara, el órgano que sustituye al pleno mientras el Parlamento permanece disuelto por el adelanto electoral.
En ese escenario, el Ejecutivo podría contar con una mayoría suficiente para sacar adelante al menos uno de los dos decretos, el que concentra las principales medidas sobre vivienda, sin necesitar ya el respaldo de los independentistas catalanes de Junts.
