El Gobierno aprobó dos decretos sobre vivienda mientras crecía la presión en las calles y las organizaciones de inquilinos reclamaban cambios más profundos.
Hay historias que empiezan con una sola persona y terminan moviendo a todo un país. Esa es la que se vivió en España durante los últimos días, un relato que arrancó con el desalojo de una vivienda humilde en Madrid y terminó convertido en un pulso político de alcance nacional, con decenas de miles de personas en las calles, una acampada de cientos de tiendas de campaña o carpas improvisadas en pleno centro de la capital y un Gobierno obligado a reaccionar contra reloj.
La protagonista involuntaria de todo este movimiento es Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que llevaba setenta viviendo bajo un contrato de renta antigua en una vivienda del barrio madrileño de El Retiro.
Su desahucio, ejecutado en medio de una crisis habitacional que golpea con especial dureza a los sectores más vulnerables, se convirtió en el símbolo que faltaba para que el malestar acumulado saliera a la luz. Siga informado: España alerta por aumento de víctimas de trata: colombianas y venezolanas son mayoría
Una marcha que desbordó las calles de Madrid
El sábado, bajo el lema “Ni una Maricarmen más”, una multitud recorrió el centro de Madrid en una manifestación cuyas cifras varían según quien las cuente. Los organizadores hablaron de más de 300.000 asistentes, mientras que la Delegación del Gobierno redujo esa cifra a 25.000.
Entre los cánticos que se escucharon aquella tarde figuraron consignas dirigidas tanto al presidente de España Pedro Sánchez Pérez-Castejón, al que calificaron de “progresista, hipócrita y rentista”, como a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de la ciudad, ambos del Partido Popular.
Al término de la protesta, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid convocó a acampar en la Puerta del Sol, la misma plaza que en mayo de 2011 fue escenario de una ocupación masiva que se prolongó durante semanas. Además: España refuerza controles para viajeros: requisitos para colombianos en 2026
La convocatoria no se hizo esperar y, en cuestión de horas, más de 300 carpas ocuparon el corazón simbólico de la ciudad, pese a la bajada de las temperaturas y al pronóstico de lluvias.
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Los acampados organizaron durante el fin de semana actividades como sesiones de yoga y actuaciones musicales, además de instalar una cocina popular y un centro logístico para repartir agua y comida.
Desde el hospital donde permanece ingresada, la propia Maricarmen hizo llegar un mensaje de apoyo a quienes la representan en la plaza, animándolos a luchar y a defender lo que consideran suyo.
El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, expresó su sorpresa e indignación ante la acampada y exigió a la Delegación del Gobierno restablecer cuanto antes la normalidad en el lugar, mientras que la Comunidad de Madrid dio a los manifestantes un plazo de 48 horas para levantar la protesta o enfrentar consecuencias judiciales. Lea también: Milei arremete contra Pedro Sánchez y reaviva la tensión entre Argentina y España
Dos decretos para enfriar una crisis que no cede
Bajo esa presión en la calle, el Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar llegó este martes a un acuerdo tras negociaciones que se extendieron durante toda la noche.
El Consejo de Ministros aprobó finalmente dos decretos ley en materia de vivienda, con el objetivo declarado de defender los intereses y los derechos de la ciudadanía.
El primero de ellos contempla la protección frente a los desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta el año 2030, así como la regulación del alquiler de temporada, de habitaciones y de pisos turísticos, con medidas como una duración máxima de doce meses para los contratos temporales y la obligación de justificar esa temporalidad.
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También prohíbe durante dos años que los fondos de inversión compren viviendas con fines especulativos, prorroga por dos años los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 y contempla reducciones fiscales para propietarios que bajen las rentas, además de bonificaciones para inquilinos con bajos ingresos y ayudas para la compra de primera vivienda. Además: Sentencia histórica: los insultos racistas no son ofensas, son delitos
El segundo decreto, considerado más polémico dentro del propio Gobierno, plantea la renovación automática de los alquileres que venzan hasta 2029, lo que obligaría a los arrendadores a acreditar una causa justificada para no renovar un contrato y a indemnizar al inquilino si no lo hacen, además de la congelación de las rentas en las actualizaciones anuales.
Fuentes socialistas reconocen que este segundo texto podría no contar con el respaldo de algunos socios parlamentarios más conservadores, por lo que su aprobación definitiva en el Congreso no está garantizada.
El Ejecutivo ya ha solicitado un plenaria extraordinaria para este mismo viernes con el fin de convalidar ambos decretos de manera inmediata.
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Sin embargo, ni siquiera este paquete de medidas satisface por completo las demandas que motivaron las protestas. Los decretos no incluyen la recuperación de los contratos indefinidos de alquiler, una de las peticiones centrales del Sindicato de Inquilinas para frenar las subidas desmedidas de precio al término de cada contrato.
La medida más cercana a esa exigencia, la renovación automática, queda relegada al segundo decreto, precisamente el que corre mayor riesgo de no prosperar en el Parlamento. Además: Desmantelan red de trata en España: rescatan a 15 mujeres colombianas y venezolanas
Ahora, la atención se traslada al Congreso de los Diputados, donde ambos textos necesitarán el respaldo de formaciones como el independentista catalán Junts, que ha mantenido la puerta abierta a negociar, aunque defendiendo beneficios fiscales para los propietarios.
Mientras tanto, en la Puerta del Sol, los acampados deberán decidir si mantienen su protesta ante la ausencia de sus principales reclamos o si finalmente la levantan.
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Las portavoces del sindicato, Valeria Racu y Alicia del Río, insistieron en que todos los ojos están puestos en el texto final, para que no se cuele nada por las grietas en las que, según denunciaron, siempre los han engañado las estafas de los rentistas. Además: España: crece el discurso de odio y la violencia contra inmigrantes en Torre Pacheco
Una crisis con cifras que explican la indignación
Detrás de la protesta hay un problema estructural que los números confirman. El precio de la vivienda subió un 12,5 por ciento en el segundo trimestre del año, hasta alcanzar los 2.355 euros por metro cuadrado, un nuevo récord histórico que supera incluso los valores de la burbuja inmobiliaria previa a 2008.
El Instituto Nacional de Estadística contabiliza ya 45 trimestres consecutivos de subidas, los últimos seis con incrementos superiores al 12 por ciento.
El Banco de España calcula un déficit de 750.000 viviendas entre 2021 y 2025, una cifra que casi duplica el faltante que registran otros países europeos como Italia. Mientras tanto, en España se construyen apenas 91.000 viviendas al año, frente a los 250.000 hogares que se forman anualmente.
El alquiler tampoco da tregua. Los datos del portal Idealista sitúan la subida de agosto en un 5,8 por ciento, con Madrid como la capital más cara, seguida de Barcelona y Palma de Mallorca.
Cerca del 98 por ciento de los propietarios son pequeños inmuebles, aunque los grandes tenedores privados acumulan más de 110.000 viviendas en alquiler, en torno al 5 por ciento del mercado total.
Según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, casi dos millones de personas caen en situación de pobreza oculta después de pagar su vivienda, un fenómeno que golpea de forma especialmente intensa a los inquilinos.
A esto se suma que solo una de cada 65 viviendas en España es de carácter público, apenas el 1,5 por ciento del parque total, muy lejos de países como Países Bajos, Austria, Dinamarca o Reino Unido.
En ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga, un hogar que vive de alquiler necesitaría diez años de su renta neta para poder comprar una vivienda.
Con la crisis desbordando las calles y un Gobierno dividido internamente sobre hasta dónde llegar, el desenlace de esta historia sigue en manos del Congreso y de los propios manifestantes, que ya han demostrado que están dispuestos a resistir en la Puerta del Sol el tiempo que haga falta.
