El Gobierno llevó al Congreso la Ley de Rescate Económico, con la que busca ajustar las cuentas en cerca de 45 billones de pesos. Según el vicepresidente, siete de cada diez pesos vendrán de recortar gastos del Estado y el resto, de nuevos impuestos.
Apretarse el cinturón era necesario. Es positivo que el Gobierno empiece por revisar sus gastos antes de meterle la mano al bolsillo de los ciudadanos. Sin embargo, el proyecto también propone aumentar el IVA a varios productos y reducir el umbral para declarar renta. Una vez más, deben pagar quienes ya cumplen con sus obligaciones.
El problema no es solamente cuánto pagamos, sino cuánto deja de recaudar el Estado. El exdirector de la Dian Jairo Villabona calcula que la evasión ronda los 100 billones de pesos al año. Más del doble del ajuste que hoy se discute.
También están las exenciones y deducciones tributarias, que representan más de 130 billones de pesos anuales. Algunas tienen buenas razones; otras merecen una revisión seria. No todo beneficio tributario es evasión, pero tampoco debería ser intocable.
Y está el contrabando. No solo el que cruza por una trocha, sino el que entra por los puertos con documentos aparentemente en regla. Según cálculos de la Dian para 2018-2022, el 10 % del valor de lo que ingresó al país fue contrabando y nueve de cada diez dólares correspondían a contrabando técnico: mercancías declaradas por debajo de su valor o con datos falsos. Así llegan prendas, zapatos y repuestos que compiten injustamente con el comerciante que sí paga impuestos.
Entonces, ¿por qué no empezamos por cobrar lo que ya se debe?
La respuesta no está en más funcionarios. El Observatorio Fiscal de la Javeriana encontró que la Dian creó 10.000 puestos en el gobierno anterior y el recaudo se estancó. Está en la tecnología. La factura y la nómina electrónicas y los reportes bancarios ya le entregan al Estado la información; lo que falta es cruzarla. Con inteligencia artificial se puede comparar en segundos lo que una empresa factura con lo que declara, o el precio que reporta un importador con el que aparece en la exportación del país de origen.
El proyecto contempla medidas en esa dirección, pero deberían ocupar un lugar central, no secundario.
El Congreso tiene la oportunidad de cambiar la discusión: antes de aprobar nuevos impuestos, exigir metas claras para reducir la evasión y el contrabando, con fechas, responsables y resultados verificables.
Colombia necesita cuidar cada peso del presupuesto. Y eso empieza por una regla sencilla: antes de cobrarles más a los mismos, hay que mejorar el recaudo, concentrando los esfuerzos en combatir la evasión, la elusión y el contrabando. Las herramientas existen, lo que falta es utilizarlas mejor.
