Con la decisión del tribunal de apelaciones, se cierra la trayectoria de la demanda en los circuitos inferiores, y el caso se trasladará con probabilidad de nuevo al Supremo, que deberá pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.
Publicado por: Agencia Efe
Un tribunal de apelaciones de EE.UU. falló ayer en contra del Gobierno y le prohibió desviar 2.500 millones de dólares originalmente asignados al Departamento de Defensa a la construcción del muro fronterizo con México promovido por el presidente, Donald Trump.
El fallo de ayer de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito es el último episodio de los múltiples frentes judiciales que mantiene abierta la Administración estadounidense por la construcción del polémico muro (una de las principales promesas de campaña de Trump en 2016) y el caso se trasladará ahora al Tribunal Supremo, que deberá emitir una decisión definitiva.
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De los tres jueces que forman el panel del Noveno Circuito que llevó el caso, dos se mostraron contrarios al Gobierno y defendieron la tesis de los demandantes, la organización ecologista Sierra Club, según la cual el Ejecutivo no tiene autoridad para desviar unos fondos cuya asignación recae exclusivamente en manos del Congreso.
Por su parte, el abogado de los demandantes, Dror Ladin, calificó la sentencia de “victoria del imperio de la ley, del medioambiente y de las comunidades fronterizas” y aseguró que, aunque “no se puede deshacer el daño ya causado” por los avances en la construcción del muro con estos fondos, acudirán al Tribunal Supremo “para poner fin de forma definitiva a este muro destructivo”.
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El caso se remonta a junio de 2019, cuando un juez federal de Oakland (California, EE.UU.) bloqueó por primera vez esta partida presupuestaria para la construcción del muro, una decisión que la Administración Trump recurrió y pidió amparo al Supremo para poder seguir usando ese dinero mientras se decidía el caso judicialmente.
Un mes después, en julio, y en una ajustada decisión por cinco votos a cuatro, el máximo tribunal de EE.UU. accedió a la petición del Gobierno y dio el visto bueno temporal a que utilizasen los 2.500 millones, pero no entró a valorar la legalidad de la desviación del dinero.
