domingo 14 de abril de 2019 - 12:00 AM

El muro de la vergüenza

En Perú, el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht ha enlodado a sus expresidentes en línea. El arresto de Pedro Pablo Kuczynski cierra el círculo de exmandatarios con líos judiciales.
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Pedro Pablo Kuczynski, PPK, se convirtió en el primer presidente en América Latina en caer por el escándalo de Odebrecht cuando aún ocupaba su cargo.

Su renuncia, en marzo de 2018, se convirtió en el primer hito en esa coyuntura de inestabilidad que vive el Perú, en el marco del entramado de corrupción de la constructora brasileña, el cual ha trascendido en toda América Latina.

Decir que el escándalo de Odebrecht ha sacudido la clase política de Perú sería poco, ya que ha salpicado además a los cuatro expresidentes que sucedieron a Alberto Fujimori: Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016), todos bajo investigación de la Fiscalía. Keiko Fujimori, excandidata presidencial, permanece tras las rejas, también tras estar involucrada en el caso Odebrecht.

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En efecto, la empresa brasileña admitió en 2016 ante autoridades estadounidenses que pagó sobornos por 29 millones de dólares en Perú entre 2005 y 2014.

Un nuevo capítulo de la trama corrupta de Odebrecht en el Perú se dio esta semana, cuando el exmandatario Kuczynski fue detenido por las autoridades judiciales. Ya de antemano se le había prohibido salir del país por un lapso de 18 meses e incluso se le negó un permiso para un chequeo médico en Estados Unidos, y sus cuentas bancarias están congeladas.

Jerónimo Ríos, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, considera que en Perú evidentemente existe una corrupción en las altas esferas que ha salpicado a diferentes exgobernantes.

Excesos de expresidentes

Según él, “no es un secreto que la implicación en escándalos de corrupción, todo tipo de excesos por parte de los últimos expresidentes, es más notoria, es más manifiesta”.

En el caso de la implicación de Kuczynski, destaca que “se sabía que sus manos estaban manchadas por el escándalo de Odebrecht”.

Citando a Alan García, presidente en 1985 y en la década anterior, Ríos subraya que es uno de los máximos ejemplos en términos de establecer un sistema de redes clientelares y desdibujar en su máxima expresión el sentido de transparencia y rendición de cuentas.

Como se recordará, García solicitó asilo político a Uruguay, desde la Embajada en Lima, luego de que se le prohibiera salir del país, mientras se le investiga por presunto lavado de activos y colusión agravada, acusado de recibir dineros por dictar una conferencia en 2011.

Renzo Mazzei, periodista analista político peruano, aclara que PPK está detenido de manera preliminar por 10 días, y según la ley, se toma a pedido del fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial de la investigación “Lava Jato” (Lavado de Autos en portugués).

En ese orden de ideas, explica que se encontraron indicios y testimonios suficientes que implican al mandatario de 80 años de haber recibido dinero de Odebrecht por medio de una empresa de capitales, cuando se desempeñó como ministro de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo, por el proyecto de construcción de la Carretera Interoceánica.

Las reacciones a favor y en contra de la captura de PPK no se hicieron esperar en el país andino, donde “algunos parlamentarios que estuvieron con el gobierno, han considerado que la medida es injustificada y arbitraria, incluso sorprendió al mismo Kuczynski”, menciona Mazzei.

De hecho, reitera que los expresidentes, desde Fujimori hasta Kuczynski, han tenido medida restrictiva de alguna forma.

Y en ese sentido, agrega que a Humala, excarcelado en noviembre de 2018, la Fiscalía tendrá previsto en las próximas semanas acusarlo formalmente, lo mismo que a su esposa Nadine Heredia.

Humala y su esposa son acusados de recibir US$3 millones de Odebrecht para su campaña de 2011.

“Le espera un camino complicado y podría volver a prisión”, advierte el analista político.

En tanto, el expresidente Toledo tiene a su haber una orden de detención internacional y se encuentra en Estados Unidos hace poco más de un año, mientras el gobierno actual de Martín Vizcarra ha dicho que el proceso puede tomar dos años, y ya va un año. entonces aún habrá que esperar qué pasa con él.

Toda esta situación, a juicio de Mazzei, “confirma primero que los expresidentes de Perú que han pasado realmente momentos complejos en el período democrático más largo en la historia republicana, todo sin contar Alberto Fujimori, han tenido problemas con la justicia y los siguen teniendo”.

Dos situaciones

Para él, eso implica por un lado, que si bien es cierto “estamos en una etapa democráticamente hablando importante en el país, por otro lado las principales autoridades no han hecho la tarea como debe ser, lo que significa una decepción grande para el electorado”.

Sustenta lo anterior, afirmando que a partir del caso Odebrecht ha habido una serie de cuestionamientos porque al inicio, cuando se destapó el escándalo en Perú, hubo muchas críticas al Ministerio Público, o la Fiscalía, por la demora en los procesos.

Sin embargo, el periodista peruano reconoce que se han tomado su tiempo, recabando la información y los testimonios, y “poco a poco han venido surgiendo estas medidas judiciales cada vez con mayor rapidez”.

Es más, indica que esperan próximas novedades en cuanto a los casos de Alan García y Keiko Fujimori.

Ahora bien, Mazzei no desconoce que la imagen que se proyecta al extranjero es que la justicia está obrando en forma rápida en lo concerniente al caso Odebrecht en Perú, pero igualmente aclara que hay ciertas críticas a nivel interno con respecto a la oportunidad con la cual se dan estas medidas.

Es decir, ocurren “en momentos en que la coyuntura política está golpeando al gobierno o a cierto sector de la oposición”, recalca el experto, quien señala que muchos interpretan que estas medidas judiciales surgen como “cortina de humo”.

Lea también: La densa sombra de Odebrecht

No se compara con Colombia

Si se compara con los procesos e investigaciones que se siguen en Colombia en torno al caso Odebrecht, se plantea un inquietud: ¿Por qué Colombia no ha actuado en este caso con la misma severidad que Perú?

El experto Jerónimo Ríos responde que lo que pasa en Perú pone de manifiesto el “buen estado salud de la justicia” de ese país, “algo que no sucede en Colombia, que está a años luz de esta situación”.

Considera que “en Colombia encontramos uno de los niveles más elevados en la región en cuanto a la politización de la justicia y de compra de los votos de magistrados para avanzar en las labores de investigación, implicación, procesamiento y enjuiciamiento”.

A todas luces, indica que en este caso el mejor testimonio es “el manto de relativa impunidad” que ha recaído siempre en las figuras de los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

“En Colombia se sabe que, igual que sucedió en Perú, igual que sucedió en Brasil, igual que sucedió en Argentina, Odebrecht ha estado presente, pero las responsabilidades políticas no han llegado a buen puerto”, concluye Ríos.

Ver además: El efecto Odebrecht

$!El muro de la vergüenza
BRASIL ES EL FOCO
Para David Peña, docente de Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab, lo que está pasando en Perú con el caso Odebrecth muestra el avance de la justicia lo que ha dado lugar a capturas, incluso al más alto nivel, refiriéndose a exjefes de Estado.
Aunque enfatiza que si se revisa el contexto, el foco de atención ha sido Brasil, origen de este escándalo internacional. Mientras el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva cumple desde 2018 una condena de 12 años, otro exmandatario, Michel Temer, fue detenido, en marzo pasado, en el marco de la mayor operación contra la corrupción en ese país, “Lava Jato”.
De otro lado, opina que Perú ha mostrado una situación especial en todo sentido, donde es claro que la justicia ha operado, y “los expresidentes no la tienen fácil” y ninguno es “intocable”. A diferencia de Colombia, donde dice, el caso pareciera que quedó en el olvido, porque según él, a la justicia le falta actuar y es notorio un “blindaje” en cierto sentido para no implicar a políticos, empresarios e incluso exmandatarios.
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