jueves 14 de octubre de 2021 - 12:00 AM

Histórica acusación para destituir al presidente Piñera en Chile

La Fiscalía chilena abrió la semana pasada una investigación por cohecho y delitos tributarios contra el presidente.
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La oposición chilena presentó ayer en la Cámara de Diputados una acusación constitucional (juicio político) para destituir al presidente del país, Sebastián Piñera, tras las supuestas irregularidades en la venta de un proyecto minero desveladas en los “Papeles de Pandora”.

Además: Caso ‘Papeles de Pandora’: El abecé de los paraísos fiscales

“Las causales de esta acusación constitucional son dos: una, porque el presidente ha infringido abiertamente la Constitución en relación al principio de probidad, y en segundo lugar, por comprometer gravemente el honor de la Nación”, anunció el diputado socialista Jaime Naranjo, rodeado de representantes de todas las bancadas opositoras. Para Tomás Hirsch, del izquierdista Acción Humanista, la acusación constitucional “marca un hito histórico” en Chile y fue presentada por “la oposición completa, unida, con convicción, con certeza, con responsabilidad y con todos los antecedentes en la mano”.

La Fiscalía chilena abrió la semana pasada una investigación por cohecho y delitos tributarios contra el presidente.

“Tenemos que tomar decisiones pensando en Chile y no es soportable tener un presidente acusado de esta manera por delitos de corrupción”, agregó el democristiano Gabriel Ascencio.

La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley chilena que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado.

Para que el mecanismo prospere, se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados -el órgano encargado de establecer si la acusación es o no viable-, y el posterior respaldo de dos tercios en el Senado, institución que actúa como jurado y declara si el acusado es culpable o inocente de aquello que se le imputa.

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Cohecho y delitos tributarios

La Fiscalía chilena abrió la semana pasada una investigación por cohecho y delitos tributarios presuntamente cometidos por Piñera en la venta en 2010 en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas de una parte de sus acciones en el megaproyecto Minera Dominga.

Según reveló en los Papeles de Pandora el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en colaboración con los medios chilenos CIPER y LaBot, el pago de Minera Dominga debía producirse en tres cuotas, pero la última estaba condicionada a que la zona no fuera declarada de protección ambiental, pese a que la mina amenaza una reserva natural con pingüinos únicos.

Lea aquí: Oposición chilena impulsará acusación constitucional contra Piñera por ‘Pandora Papers’

La protección ambiental, que finalmente no se decretó, dependía de Piñera, una de las principales fortunas del país y quien había asumido el poder para su primer mandato (2010-2014) apenas unos meses antes de la venta del proyecto, que actualmente está pendiente de recursos en la Corte Suprema.

Segundo intento de enjuiciar al Presidente chileno

“Lo mínimo que esperamos es que se frene la tramitación de Dominga porque creemos que la obligación de este Congreso es garantizar el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación como no lo ha hecho este presidente”, señaló por su parte Catalina Pérez, del izquierdista Revolución Democrática (RD).

Se trata del segundo intento de juzgar políticamente al gobernante, tras el fallido conato de noviembre de 2019 por presuntas violaciones a los derechos humanos en medio de las masivas protestas contra la desigualdad, las más graves desde el fin de la dictadura militar.

Se recomienda: Fiscalía de Chile abre investigación contra Piñera por papeles de Pandora

Por su parte, el Gobierno de Chile dijo que la acusación constitucional presentada por la oposición para destituir al presidente Piñera, tras su inclusión en los Papeles de Pandora, “no tiene fundamento jurídico” y su objetivo es “puramente electoral”.

“No habíamos visto en la historia de Chile una premura, una falta de seriedad a la hora de estudiar antecedentes para una acusación constitucional”, afirmó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa.

“Lo importante era presentarla para que se vote antes de las elecciones” de noviembre, agregó Ossa, cuyo ministerio se dedica a las relaciones entre el Ejecutivo y el Parlamento.

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